La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se convirtió en el primer avance trascendental que activó el gobierno nacional para hacerle frente a la crisis económica. Dentro del paquete de medidas que le otorga atribuciones extraordinarias al Poder Ejecutivo para intervenir en áreas clave de la economía, desde la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y la habilitación para otorgar aumentos trimestrales por decreto hasta la sanción de una nueva fórmula de movilidad, fueron las que generaron mayor controversia.
El hecho de que el 46 por ciento del presupuesto nacional vaya al sistema previsional, hace que sea uno de los ejes donde se pone en mayor medida el foco de la discusión de los equilibrios macroeconómicos. Sin embargo, debe recordarse que para muchas de estas personas las jubilaciones son el único ingreso.
A pesar de ciertas críticas falaces que auguran un ajuste sobre los jubilados, lo cierto es ellos recibieron el aumento correspondiente de diciembre del 8,7 por ciento. Además, por una decisión política para recomponer la pérdida del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, el Ejecutivo otorgó un bono de hasta 5000 pesos en diciembre y otro de igual monto en enero que recibirá el 65 por ciento de las personas que integran el sistema jubilatorio. Este bono va destinado a quienes perciben la mínima, por lo que la medida tiene un impacto redistributivo con una lógica de equidad que va en rescate de los destinatarios de menores recursos. El total de las personas que se verán beneficiadas son más de 4,7 millones.
No hay que olvidar que entre otras medidas de impulso a la demanda interna y recomposición de ingresos de los sectores más bajos se encuentran el congelamiento de tarifas por 180 días, la negociación de un bono para los asalariados del sector privado, el acuerdo social de precios y salarios entre el Poder Ejecutivo, empresarios y sindicatos, y la moratoria fiscal para deudas de micro, pequeñas y medianas empresas. Por supuesto que para evitar un costo fiscal alto estas medidas se compensarán con la suba de las retenciones y otros impuestos progresivos como Bienes Personales.
La pirámide de los ingresos previsionales se tornó más empinada durante los últimos cuatro años, subiendo las jubilaciones de los haberes más altos y rezagando la del universo de jubilados y pensionados que cobran la mínima, que corresponden a la mayoría. En este sentido también hubo una directa incidencia de la finalización de las moratorias previsionales y la implementación de la “Reparación Histórica” que generó las nuevas Pensiones Unicas para Adultos Mayores (PUAM). No obstante, los adultos mayores perdieron en promedio un 10 por ciento del poder de compra durante los últimos cuatro años, que alcanza al 20 por ciento en el caso de los que cobran el haber mínimo. En términos acumulados desde diciembre de 2017, momento donde cambia la fórmula de actualización de los haberes, un jubilado que percibe un haber mínimo perdió más de 43.000 pesos contra la inflación.
La política de recuperar el poder adquisitivo del haber mínimo se torna un eje fundamental para paliar las situaciones más acuciantes dentro del mundo de los adultos mayores. Pero también como forma de empezar a recuperar la demanda interna. La economía se encuentra en recesión y es necesario reimpulsar la demanda doméstica para recuperar el crecimiento y la generación de empleo.
En este sentido, apareció con fuerza la discusión en relación con los regímenes previsionales especiales, las llamadas “jubilaciones de privilegio”. En este segmento las principales son las del Poder Judicial (provinciales y federal) y las del servicio exterior (diplomáticos). Si bien un ajuste en dichos eslabones del sistema puede generar un efecto simbólico que permita legitimar el achatamiento de la pirámide jubilatoria, difícilmente logren mover el amperímetro para conseguir un ahorro fiscal considerable.
Las jubilaciones que están en los quintiles más altos de la distribución del ingreso coinciden mayoritariamente con los jubilados que accedieron a ese nivel de jubilación por haber realizado los aportes correspondientes a la seguridad social. El momento de la jubilación es aquel donde el Estado tiene mayor capacidad de acción para incidir sobre la distribución de ingresos. Vivimos en una sociedad fuertemente desigual y el sistema jubilatorio argentino refleja dicha desigualdad. La brecha entre el haber mínimo y el máximo es de 7 veces de diferencia, muy superior a otros países de la región y del mundo.
Hoy un jubilado que cobra la PUAM percibe un ingreso de 11.254 pesos. Dicho haber claramente no alcanza para cubrir las necesidades básicas de más de 150 mil personas. Es por este motivo que ahora el Estado debe estar presente para esos sectores más vulnerados que son los que hoy se ven más afectados por la crisis y el aumento de los precios.
En esta línea, las políticas que se fueron aplicando son de emergencia por un contexto de emergencia. Situación que es producto de políticas neoliberales que destrozaron el poder adquisitivo de la gran mayoría de los argentinos. No es cierto que para nuestro espacio político un jubilado que cobra 20.000, 30.000 o 40.000 pesos sea considerado un privilegiado, todo lo contrario. Somo conscientes de que ellos también sufrieron fuertemente estos cuatro años, y por ende necesitamos resguardar su poder de compra para que no continúen perdiendo contra la inflación. Es por esto, que, además de los aumentos que se vayan a dar por decreto en marzo y junio, se están tomando todas las medidas necesarias para que puedan recuperar su calidad de vida.
Estamos llevando adelante un proceso de reconstrucción del sistema previsional y del conjunto del entramado social. Buscamos alcanzar un modelo solidario y de reparto que logre garantizar la calidad de vida de los más vulnerables, persiguiendo como horizonte siempre la justicia social. Dicha batalla no se da solo en lo macroeconómico, sino también en lo cultural, donde se debe romper con la visión meritócrata e individualista para conseguir una mirada y un modelo colectivo y solidario.
* Secretario General de la Anses.
