En solo 24 días de gestión, la nueva conducción municipal de Morón ya se topó con maniobras de corrupción gestadas durante la administración del derrotado macrista Ramiro Tagliaferro. La Oficina Anticorrupción (OA) municipal realizó una denuncia penal para que se investigue “la comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho e incompatibilidad con el ejercicio de la función pública”, ante la comprobación de la emisión de centenares de licencias de conducir truchas que el propio municipio otorgaba por fuera de los canales habituales, sin controles, y que los ex funcionarios políticos habrían utilizado como método de embolso de dinero. “Tagliaferro montó un sistema paralelo en la Secretaría de Seguridad para emitir licencias y recaudar coimas”, afirmó a PáginaI12 Hernán Sabbatella, jefe de Gabinete del intendente Lucas Ghi.

La maniobra detectada por las nuevas autoridades del municipio habría consistido en la falsificación del domicilio real de personas –-muchas de origen extranjero-- que obtuvieron su registro durante los últimos años en Morón, pese a estar legalmente radicadas en otros municipios. La denuncia penal realizada por la titular de OA municipal, María José Martínez, recayó en la fiscalía en lo Criminal y Correccional 4 de Morón, a cargo de Paula Salevsky, que ahora deberá investigar los delitos que la nueva administración de la comuna les adjudica a ex funcionarios de Cambiemos. Incluido Tagliaferro.

La investigación surgió por casualidad, cuando un ciudadano paraguayo con domicilio en La Matanza se presentó ante la Dirección de Tránsito de Morón para pedir que se le modifique el domicilio en el registro. Al ser indagado sobre cómo había obtenido el registro si “nunca” había vivido en Morón, el hombre –-de apellido Garay-- explicó que “en enero de 2018 un vecino le dijo que se podía tramitar la licencia en Morón, poniéndolo en contacto con una persona que le cobró 3 mil pesos y le dio un comprobante de solicitud de turno, luego de lo cual le emitieron la licencia con fecha 20 de enero de 2018”, según consta en la denuncia. Y por el cual "no pagó tasa municipal, provincial y nacional alguna, y sin rendir examen psicofísico, teórico ni práctico de manejo".

Una rápida auditoria interna de la OA municipal detectó que, entre las licencias emitidas en los últimos meses, se registraban domicilios repetidos donde viven otras personas o se trata de terrenos baldíos. Además de no existir la documentación que respaldara los trámites de las licencias, por lo que se presume que no hubo los debidos exámenes de manejo, teóricos y psicofísicos, exigidos para obtener el registro de conductor.

Según constataron las autoridades municipales en esa primera investigación administrativa, habría al menos un centenar de casos similares solo entre septiembre y diciembre de 2019. Por lo que desde el municipio estiman que se trató de “una maniobra muy extendida que podría significar una estafa de varios millones de pesos”.

Al profundizar la investigación, las nuevas autoridades municipales habrían confirmado que en la Secretaría de Seguridad, a cargo entonces de Bernardo Magistocchi, se montó un sistema de impresión ilegal de licencias, que no pasaba por los controles administrativos de la comuna y mucho menos por el sistema recaudatorio oficial.

“Las licencias ilegales que logramos detectar estaban impresas en el papel municipal para emitir las mismas y muchas llevan la firma de Magistocchi (que antes había director de Tránsito) --relató Hernán Sabbatella a este diario--. Tagliaferro montó un sistema paralelo en la Secretaría de Seguridad para emitir licencias y recaudar coimas, donde por cada licencia ilegal se pagaba, de acuerdo a lo que pudimos reconstruir, entre 5 y 8 mil pesos."