El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala III, Marcelo Ramón Domínguez dio marcha al amparo colectivo presentado por la Fundación Tomar Acción. Allí pidieron la nulidad del concurso que eligió a la nueva directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en representación de las organizaciones sociales.

El concurso fue ganado el 3 de diciembre por la representante del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari. Pero recibió tres impugnaciones por parte de organizaciones sociales participantes que consideraron irregular el proceso de selección. Se sumó luego la presentación del amparo a mediados de diciembre.

Por su parte, Cari repudió mediante un comunicado dicha presentación y dijo que el planteo “carece de razonabilidad”. “La irregularidad que se alega jamás existió, de la misma manera, que también son inexistentes las denuncias hacia mi persona”, manifestó.

Según la ley 7863, el proceso para elegir a la nueva directora que representará a las organizacione sociales debe ser organizado y llevado a cabo por las propias organizaciones. El Observatorio llamó a concurso porque su entonces directora, Alfonsina Morales, quien estaba bajo la representación de la Multisectorial de Mujeres, finalizaba su mandato el 12 de diciembre de 2019. 

Adhirieron al llamado más de diez entidades con personería jurídica en donde finalmente hubo seis postulantes al cargo.

La presidenta de la Fundación Tomar Acción, María Antonieta Plaza Díaz dijo a este medio que el juez Domínguez dio “cumplimiento a los criterios de admisibilidad” de lo que se presentó en el amparo. La abogada contó que fueron más de doscientas fojas con una serie de hechos que impiden que Irene Cari asuma el cargo.

Domínguez admitió la presentación y por el tiempo de feria giró las acciones al Juzgado de lo Civil y Comercial 10 nominación a cargo de Guadalupe Villagran. 

Impugnaciones y denuncias penales 

Desde la Fundación señalan que la evidencia presentada afectó “el derecho de incidencia colectiva del colectivo de mujeres que atraviesan circunstancias de violencia en toda la Provincia”. 

La abogada, que se presentó como candidata al cargo, dijo que hubo hechos "irregulares". Relató que al momento del concurso, la Fundación presentó dos veedoras “para colaborar en la transparencia y la democratización del proceso” pero no pudieron ingresar al procedimiento que inició a las 15 del 3 de diciembre. 

Contó que “en el momento en que se presentan (las veedoras) no las dejan participar porque dijeron que ya habían cerrado el acta de inicio del concurso”. A raíz de esto, se decide redactar una nota pidiendo que se permita el ingreso a las veedoras presentes. Se tuvo la firma de ocho mujeres que aguardaban afuera y señalaron que fue presentada a las 15:30 horas.

La nota fue acercada por la directora saliente, Alfonsina Morales, quien aseguró a Salta/12 que dio lectura ante el tribunal presente, integrado Susana Fernández, Cristina Romano y Alejandra Paredes. "Si ella hizo lectura, yo no le presté atención en ese momento. Si me tenían que notificar lo tendrían que haber hecho por escrito", dijo Paredes.

El 9 de diciembre el Observatorio informó a las organizaciones que conforman el Movimiento de Mujeres que se recibieron tres impugnaciones sobre el concurso. Las mismas fueron presentadas por la Multisectorial de Mujeres de Salta, la Fundación Tomar Acción y la periodista Teresita Frías.

En las impugnaciones, además del impedimento del ingreso de veedoras, se cuestionó a una de las integrantes del Tribunal, Alejandra Paredes por considerar que había re victimizado a una víctima en violencia de género en una nota periodística. Aduciendo que no mantenía un compromiso por la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Paredes dijo que tales consideraciones afectan su honor. “Es muy grave de lo que se me acusó públicamente”, manifestó. Además, agregó que, “el Observatorio me traslada un problema grave. Vos aceptas de buena fe, y no solo son improlijas, hay un irrespeto hacia las personas”, indicó.

También, en los días posteriores al concurso, comenzó a circular en diversos grupos de whatsapp una denuncia penal del 2016 hacia Cari. Díaz Plaza expresó que piden que “el juez evalúe la razonabilidad de los criterios porque no se tuvo en cuenta las denuncias hacia Cari”.

La presidenta de la Fundación demandante sostuvo que “todas estas circunstancias llevaron a que se vaya a la Justicia y se proceda a evaluar la legalidad y razonabilidad del procedimiento que arribó el resultado”.

Por el contrario, Cari dijo que se presentará a la justicia para realizar las acciones pertinentes. Agregó en el comunicado que “es una paradoja que termine siendo un hombre quien resuelva esta cuestión, cuando el espíritu de la ley (que llama a concurso) habla de que solo las organizaciones de mujeres legalmente constituidas, contamos con la legitimidad para resolver quién ocupará el cargo vacante”.