Si trazáramos un círculo y ubicáramos en el centro a lxs más protegidxs, podríamos decir que los cuatro años de recetas neoliberales funcionaron como una fuerza centrífuga a la inversa: empujaron al abismo a quienes habitaban los bordes y al mismo tiempo ampliaron el espacio de confort del centro privilegiado.

La metáfora funciona también como antídoto al individualismo y la meritocracia: si en una pirámide cabe la idea de que lxs de arriba fueron más hábiles, más emprendedores como para subir solxs y disfrutar de la altura, el centro del círculo nos muestra que el privilegio es estar rodeado por más cuerpos, conectado con otrxs y lejos de cualquier forma de precipicio.

El nuevo gobierno prometió en sus primeros días de gestión, empezar por últimos para llegar, como auguraba el nombre del frente, a todxs. En la definición de esa escala se juega nuestra suerte, pero también nuestras demandas. ¿Quiénes son lxs últimos y quiénes lxs primeros?

Vidas precarias

Con el diario del lunes resulta más fácil explicar que la consigna pobreza cero fue siempre una trampa. Es posible incluso eliminar la pobreza medida por ingresos y tener vidas más precarias: sin acceso a una vivienda digna, a servicios de salud, a educación de calidad, a una niñez plena y una vejez disfrutable.

El documento que dejó el macrismo a modo de balance de gestión insistía en que había que tocar fondo para volver a empezar. “Hubo muchas dificultades” pero ahora sí estaríamos listxs para crecer. Tomado al pie de la letra, es casi un sinceramiento: para iniciar un ciclo de crecimiento bajo los términos ortodoxos de sus doctrinas económicas, se necesitaba una severa redistribución regresiva del ingreso, una reforma tributaria a medida de las grandes fortunas, el aumento del desempleo, la caída del salario y la desregulación financiera. Una sociedad piramidal con una base ancha y una punta pequeña. El futuro con el que soñaban lxs ex funcionarixs tampoco proponía ninguna forma de redistribución. Sólo el viejo y conocido derrame por el cual la superación, siempre individual, implica apenas subir un peldaño en el camino infinito contra las mil formas de la precariedad.

A medir las medidas

El debate en torno al primer proyecto de ley del oficialismo, la ley de emergencia, está lejos de haberse cerrado. La confusión fue generalizada y todavía persiste. ¿Es un ajuste?¿Hay congelamiento de jubilaciones?¿Ganan lxs últimxs?¿Quién pierde? La comunicación oficial no empezó muy afilada y si bien al tratamiento express lo justifica la urgencia, faltaron números que explicaran su impacto económico y social.

La ex ministra Bullrich quiso agitar una movilización con piedras incluidas pero no tuvo mucho éxito. Al fin y al cabo la ley suspendía la fórmula que cientos de miles rechazamos frente al Congreso hace ya dos años. Pero la falta de un reemplazo generó sospechas fundadas sobre la posibilidad de habilitar un ajuste.

En materia impositiva, se aprobaron modificaciones progresivas: cobrar más a lxs que más tienen. Se aumentaron las retenciones, el impuesto a los bienes personales y se estableció el impuesto al dólar.

Hay quienes destacaron que las retenciones a la minería no aumentaron lo suficiente. Pero no apoyar lo necesario por insuficiente es un lujo que pocxs pueden darse. El aumento de recaudación que habilitó la ley permitió al mismo tiempo entregar un bono a lxs jubiladxs de menores ingresos, a lxs beneficarixs de la Asignación Universal por Hijx, dio aire a la Anses para suspender el cobro de cuotas a lxs endeudadxs y para reducir también los intereses usurarios que había impuesto la gestión anterior.

La discusión continúa abierta porque no sabemos aún cómo se van a actualizar los haberes a partir de marzo. Es esperable que, dentro de la masa de jubilaciones, haya quienes no consigan empatarle a la inflación. Aun así, hay margen para que el nuevo reparto sea progresivo.

Entre quienes más cobran están quienes accedieron a derechos laborales a lo largo de su vida. En cambio, las jubilaciones mínimas son, en la mayor parte de los casos, para aquellxs que tampoco tuvieron derechos durante su actividad laboral. Como reflejo de las desigualdades en el mercado de trabajo, el grueso de las jubilaciones mínimas corresponde a mujeres que seguramente hayan cumplido roles fundamentales en el cuidado de lxs trabajadorxs que accedieron a mejores puestos, ya sea en la crianza de sus familias o como empleadas precarizadas sin aportes patronales. La fórmula derogada implicaba una estructura fija con la que el grueso de lxs jubiladxs apenas podía aspirar a empatarle a la inflación.

Dado que el bono se entregó a aquellxs que cobran por debajo de los 20.000 pesos, se sospecha que ése podría ser el límite de lxs consideradxs lxs últimxs. El 63 % cobra la mínima y otro 30 % cobra menos de 40.500 pesos. Sólo el 1 % (137 mil personas) son jubiladxs ricxs, que cobran entre 87.000 pesos y 400.000 pesos. El monto máximo lo cobran unas 700 personas, que reciben cada unx el equivalente a 28 jubilaciones mínimas.

Es necesaria una discusión profunda sobre cómo llegamos a la edad jubilatoria y cómo se reparten los aportes en un régimen solidario. No sólo los ingresos definen nuestra precariedad. Si habrá beneficiadxs por una fórmula que le gane a la inflación, el debate no puede ser sólo por definir la cifra que parta las aguas entre últimxs y primerxs. No es lo mismo tener un techo garantizado que pagar alquiler, tampoco da igual requerir cuidados intensivos que tener autonomía de movimiento, tener o no tener deudas. Un sistema progresivo debería incorporar la preocupación por garantizarnos la infraestructura para una vida digna. Una vez más, los feminismos tenemos que alzar la voz para poner la vida en el centro. Todavía no hay fórmula final y tampoco presupuesto 2020. El no pago de intereses y capital de la deuda durante los próximos años debería dar margen para priorizar la inversión en vidas más vivibles.

Para muchxs, no para pocxs

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, donde conviven el grueso de lxs más postergadxs de lxs últimos cuatro años con lxs dueñxs de las tierras más caras del país, una reforma impositiva que toca principalmente a lxs propietarixs e inmuebles fue inicialmente rechazada por la oposición y calificada como impuestazo incluso por sectores del progresismo.

Otra vez la comunicación tiene un rol fundamental. Así como durante el debate sobre el aborto pudimos identificar caras y posiciones políticas, apellidos antes desconocidxs cuyas exposiciones pasaron a ser auditadas por miles y miles de pibas en vivo y en directo, necesitamos conocer quiénes son lxs que se oponen a que lxs grandes propietarixs, multimillonarixs, sigan pagando cifras ridículas por sus propiedades siempre subvaluadas. Lo mismo para quienes hagan lobby en defensa de las jubilaciones de privilegio.

Quizás sea el 1 %, quizás sea el 5 %, quizás sea el 10 %. Pero hay sectores que sólo deberían ceder. Dónde trazamos el límite y cómo avanzamos hacia una sociedad que ya no sea piramidal es el trabajo que nos debemos quienes confiamos en que lo imposible sólo tarde un poco más.

Necesitamos que la movilidad social alguna vez deje de ser de arriba abajo o de abajo arriba y pase a ser lateral y con conciencia del que está al costado: que a veces toque sostener y otras, ser sostenido, que en el centro no quepan los privilegios y que los márgenes dejen de ser precipicios.