Desde Santa Fe 

Más de 60 municipios y comunas de Santa Fe ya se declararon en “emergencia económica” porque tienen problemas para cumplir con sus obligaciones, entre ellas el pago de salarios a los trabajadores. “Es una situación alarmante”, la calificó el secretario del área José Luis Freyre al explicar hasta dónde impacta en el territorio el desmadre de las finanzas públicas. Y dijo que el día que asumió su cargo encontró una deuda de la provincia con los municipios y comunas que supera los 4.000 millones de pesos. Un rojo que se suma a los que denunciaron Omar Perotti y su gabinete: un déficit fiscal en 2019 de 15.000 millones y otro de la Caja de Jubilaciones de 13.000 millones (según el ministro de Economía Walter Agosto), una deuda flotante que podría superar los 30.000 millones (según el ministro de Gestión Rubén Michlig), una deuda de 1.535 millones en el Ministerio de Salud: 1.200 millones en insumos y 300 en personal y otros gastos (según el ministro Carlos Parola), y más de 8.000 millones por obras y servicios impagos en el Ministerio de Infraestructura y en las empresas públicas, lo que equivale “a más de 100 millones de dólares” (según la ministra Silvina Frana).

La salida para recomponer las finanzas –dijo Freyre- es que la Legislatura apruebe la ley de Emergencia que propuso Perotti y el bloque de Miguel Lifchiz mandó al archivo. “Le pedimos a los legisladores que entiendan la gravedad de la situación y si no están de acuerdo” con el proyecto del Poder Ejecutivo “hagan una contrapropuesta, pero de ninguna manera mandarlo al archivo (como lo hicieron) porque es una forma de negar y desconocer la problemática de la provincia”, planteó.

Freyre enumeró problemas en Coronda y San José del Rincón (gobernadas por el Frente Progresista), Casilda (PJ), Maciel, Carcarañá y Funes

En el retruque de esta semana, después del informe de Frana en la Casa Gris, el bloque de Lifschitz admitió que las cifras del déficit y la deuda que denuncia el gobierno de Perotti “son ciertas”. “Son cifras oficiales que jamás ocultamos, las mismas que manejamos nosotros, pero la diferencia está en la interpretación”, explicó el jefe del bloque socialista y ex ministro de Gobierno Pablo Farías. 

Ayer, Freyre dijo que la situación en el interior es “alarmante”. “Tenemos más de 60 municipios y comunas que han declarado la emergencia económica”. Y conflictos laborales en cadena. “Paros de trabajadores municipales en las ciudades de Coronda y San José del Rincón (gobernadas por el Frente Progresista) y Casilda (por el PJ). Una situación muy compleja en Maciel. Y en Carcarañá y Funes, los intendentes arrancaron, igual que en Casilda y Coronda, con déficits y problemas”. “Esa esa la realidad”, agregó.

En Coronda, el ministro de Trabajo Roberto Sukerman declaró ayer la “conciliación obligatoria” por un conflicto que arrancó hace un mes por el despido de ocho trabajadores, “donde el gremio mantenía medidas de fuerzas prácticamente desde el 10 de diciembre”, dijo el secretario del área José Manuel Pusineri. La última audiencia fracasó por falta de acuerdo, así que Sukerman dictó la “conciliación” para que las partes negocien durante 15 días, un plazo prorrogable por otros 15 días, así que la próxima audiencia será el 21 de enero. El intendente radical de Coronda Ricardo “Bachi” Ramírez denuncia que heredó “una deuda cercana a los 50 millones de pesos (30 millones en salarios y aguinaldos y más de 20 millones en deuda flotante). No hemos podido pagar los salarios de diciembre, así que mandamos un proyecto de ordenanza de emergencia al Concejo”.

En San José del Rincón, gobernada por el socialista Silvio González, ayer los municipales estuvieron de paro y anunciaron otro de 48 horas para la semana próxima. González ofreció pagar la mitad del sueldo y el resto el 20 de enero, pero el gremio rechazó la propuesta.

Freyre insistió que la salida es una ley de emergencia. “Sería bueno que la Legislatura la apruebe en enero para poder revertir la situación”, se ilusionó.

--Es difícil porque el bloque de Lifschitz ya la mandó al archivo –le recordó la colega Gabriela Bruno.

-Lamento que privilegien sus intereses políticos en un momento tan sensible y delicado. Quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre deberían tener una actitud constructiva ante un gobernador electo por la mayoría y acompañar a los santafesinos. Porque una cosa es debatir medidas y no estar de acuerdo, y otra, mandarla al archivo. Eso niega el debate, nos dicen: “Nosotros no dialogamos”. Es la vieja práctica: ‘que al otro le vaya mal para que a mí me vaya bien –concluyó Freyre.