La posibilidad de que el edificio que fue sede de la Delegación de la Policía Federal en La Rioja y de secuestros y torturas durante la última dictadura sea convertido en espacio de promoción de la memoria parece estar cerca de concretarse. El proceso de expropiación del espacio, en manos privadas aún, a pesar de que la Legislatura local votó la ley que ordena su restitución al Estado hace cuatro años, obtuvo un nuevo impulso y se destrabaría pronto.

La iniciativa fue retomada por la Dirección de Bienes Fiscales del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social que “ha tenido la decisión de despertar el proceso que hasta ahora venía dormido”, apuntó el secretario de Derechos Humanos provincial, Délfor “Pocho” Brizuela.

El funcionario se reunió con María Cecilia Córdoba, la titular del área a cargo de completar el proceso de expropiación abierto con la ley votada en 2016, necesario para que se pueda tomar posesión del espacio y constituirlo como sitio de Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. El objetivo es, según medios locales atribuyeron a la funcionaria, “devolver al pueblo y a las instituciones lo que es patrimonio del Estado para ponerlo al servicio de la gente”.

“Es un paso que estamos esperando desde hace muchos años y que la gestión anterior tuvo la intención de dilatar, no sabemos por qué, ya que desde la gobernación tuvimos el visto bueno siempre”, reconoció Brizuela.

El lugar en donde funcionó la delegación riojana de la Policía Federal fue señalizado como sitio de memoria en 2014 a propósito de su condición de escenario para delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1976, pero aún es propiedad privada. Por allí, en ese edificio ubicado en Adolfo E. Dávila 171, en pleno centro de la capital riojana, las patotas del terrorismo de Estado torturaron y mantuvieron gente secuestrada.

Durante el juicio por los crímenes que fueron revisados en lo que en La Rioja se conoce como la Megacausa 1, los y las sobrevivientes protagonizaron una inspección del lugar al que reconocieron como el destino de su secuestros --muchos durante 1975 y aquellos que “perdieron” durante los primeros meses de 1976-- y vejaciones sufridas. En 2016, José Bernaus y Roberto Ganem, quienes fueran jefe y subjefe de la Delegación, fueron condenados a 16 años de cárcel por los delitos allí cometidos.

Sin embargo, meses después, organismos de derechos humanos locales advirtieron que el cartel de señalización había sido retirado. En 2016, sin haber notificado al Estado, el predio fue vendido y los nuevos dueños se aprestaban para demolerlo e instalar allí una playa de estacionamiento.

Organismos de derechos humanos se pusieron en alerta cuando comenzaron a observar las tareas de demolición. En una estrategia conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos, insistieron a la Legislatura provincial que trate la declaración del edificio “de utilidad pública y sujeto a expropiación” y apruebe, consecuentemente, la ley que habilitaba su traspaso al erario público. Entonces, también, la fiscal Virginia Miguel Carmona presentó un pedido en el expediente judicial que investiga los hechos ocurridos en la ex delegación para evitar que la demolición avanzara.

Finalmente, la ley fue aprobada a fines de 2016 y promulgada en marzo de 2017, pero la expropiación propiamente dicha sigue sin concretarse. “La funcionaria nos aseguró que el proceso está en la última etapa, falta que el Estado realice el depósito correspondiente y con eso ya se podría hacer uso del lugar”, insistió Brizuela, algo que espera ocurra finalizada la feria judicial de verano. Según lo expresa la ley de expropiación, el predio se convertirá en sede del Museo y Archivo de la Memoria, así como también de la Secretaría de Derechos Humanos y de los organismos vinculados a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en torno de los delitos de la última dictadura.