Para ejecutar acciones prioritarias básicas

Barrios populares piden una declaración de emergencia integral

El reclamo fue expuesto a la intendenta Bettina Romero y sus funcionarios en el inicio del novedoso sistema de visitas zonales barriales, denominado Mesas de Trabajo Vecinales.

La inauguración del sistema de vínculo directo con los vecinos se hizo en el barrio Ampliación 20 de Junio y allí la intendenta de la ciudad de Salta Bettina Romero anunció que llegarán “a cada uno de los barrios populares, la hora de los barrios ya es un hecho”.

Un rato después se llevó un impreso, titulado Manifiesto de los Barrios Populares de Salta, con un detalle muy preciso, mejor elaborado que el de cualquier funcionario, con todo lo que hay que hacer.

Los voceros de la demanda fueron los dirigentes barriales más activos durante los primeros tramos de la aplicación la Ley Nacional 27453, (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana).

Esa ley, sancionada en octubre de 2018 creó el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

De acuerdo al Registro, en la capital salteña existen 39 barrios populares, con unas 6.600 familias y en la provincia 154, lo que representa más de 20.100 familias.

La integración socio urbana que establece la ley implica acciones para mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, acceso a los servicios, tratamiento de los espacios libres y públicos, eliminación de barreras urbanas, mejora en la accesibilidad y conectividad, saneamiento y mitigación ambiental, fortalecimiento de las actividades económicas familiares, redimensionamiento parcelario, seguridad en la tenencia y regularización dominial.

También la ley declara de utilidad pública y sujeto a expropiación todos los inmuebles en los que se asientan barrios populares y que fueron relevados en el RENABAP.

Nada de esto se hizo y tampoco funcionaron los espacios de articulación con la Municipalidad durante la gestión de Gustavo Sáenz como intendente, y solo hubo alguna reunión con funcionarios del Instituto de la Vivienda, en el orden provincial.

Los dirigentes barriales entienden que “no se respetó la ley, que en los barrios populares la pobreza se manifiesta en todas sus facetas, con dificultades para acceder al mercado de trabajo, para el acceso a la salud pública, la educación, permanentes problemas estructurales (como, por ejemplo, inundaciones), situación que se agudiza ante la inexistencia de servicios públicos, con un cuadro generalizado de despojo, que se agrava aún más por las condiciones de degradación ambiental que vive la población en situación de pobreza”.

Por eso, ante la falta de respuesta a reiterados pedidos grupales e individuales, los barrios populares de Salta Capital, pidieron la declaración de emergencia integral con medidas prioritarias: reubicación inmediata de los barrios en situación de riesgo sanitario, inundaciones o imposibilidad de urbanización y la adecuación del protocolo de inscripción en el IPV para el acceso a la tierra, que se adapte a la situación de vida de las familias que habitan los barrios populares.

Un pedido puntual es que la Municipalidad modifique los requisitos para la aprobación de la conexión eléctrica en los barrios populares, para que se acepte el Certificado de Vivienda Familiar como instrumento suficiente para comprobar el domicilio y el número de catastro y además crear una ventanilla especial para la atención a las familias de esos barrios.

Requieren también la creación de una base de datos de catastro de barrios populares, para la conexión de servicios públicos y las siguientes acciones urgentes: apertura, nivelación, enripiado y mantenimiento de calles, alumbrado público, limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de canales y espacios verdes, asegurar el servicio de recolección de residuos sólidos y erradicación de micro basurales, fumigación, desagote de pozos ciegos y cámaras sépticas de forma periódica, plan para la extensión de la red cloacal en los barrios populares.

También soluciones alternativas para el acceso al servicio de agua potable en los lugares donde no existe la infraestructura, obras para la mitigación de riesgos físicos y ambientales como cercanía con torres de alta tensión, líneas de tren, contaminación de fábricas, inundaciones y cualquier otra situación que ponga en peligro la vida de los y las habitantes.

Pidieron además, como medida ejecutiva, la conformación del organismo de regularización dominial e integración socio-urbana previsto en la ley. 

Enfatizaron finalmente "estar convencidos de que es la Municipalidad quien debe asegurar la convocatoria y participación de todos los actores nacionales, provinciales, organizaciones y asociaciones públicas y privadas y principalmente de los vecinos y vecinas que vivimos día a día en los barrios populares, para llevar adelante todas las acciones planteadas”. 

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