El Ministerio de Seguridad elaboró un proyecto de ley para el “Control del Sistema Policial” de Santa Fe, que fue enviado ayer a la Legislatura, en el que plantea un abordaje integral con la creación de la Secretaría y Agencia de Control. En buen romance, se creará una policía para controlar e investigar a los integrantes de la misma fuerza. De acuerdo al proyecto, la primera Secretaría de Control estará en manos de funcionarios del gobierno y la segunda bajo los mismos hombres de azul.  En el primer  puesto fue nombrada el 9 de enero Mariana Olivieri. Es que el ministro Marcelo Sain cree que la reforma del sistema de control policial debe tener un nuevo y único esquema a partir de una norma integral, que se complementará luego con la reforma de la ley de la Policía, que dividirá la fuerza en tres áreas: prevención, investigación y control.

En rigor, en la gestión anterior existía una Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, que se creó cuando Raúl Lamberto era ministro, pero en los hechos ese área nunca tuvo un rol protagónico y la policía a través de Asuntos Internos siguió con el manejo casi absoluto de las investigaciones contra miembros de la propia fuerza que estaban sospechados de cometer una falta o un delito.

El modelo se aplicó en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y luego lo tomó la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires

Como si fuera poco, el 7 de enero pasado un grupo de efectivos de Asuntos Internos intentó llevarse en el baúl de un auto documentos de investigaciones sobre policías, pero fueron detectados en el momento justo, por azar, y denunciados ante la Fiscalía de Rosario. Entre el papelerío había documentos importantes sobre exjefes policiales que estaban siendo investigados. Entre ellas había causas donde se investigó el supuesto enriquecimiento ilícito de más de 30 comisarios.

A nivel general, el nuevo sistema de control policial que pretende establecer la gestión de Omar Perotti comprende la investigación y juzgamiento de las faltas graves que cometan los policías, como así también la detección preventiva de irregularidades, la identificación de actividades ilegales en que pudiera incurrir el policía. Con este objetivo se creará un “Tribunal de Disciplina Policial”, que va a estar integrado por dos abogados y un policía. Tendrá un presidente y dos vocales. Este órgano va a juzgar a nivel administrativo a los policías que sean acusados por la “Inspectoría General”, una especie de fiscalía interna, que va a realizar los sumarios ante faltas “graves o muy graves”. Este modelo se aplicó hasta hace unos cinco años en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y luego lo tomó como modelo la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Así el policía que sea acusado por la “Inspectoría General” se podrá defender con un abogado particular o con un letrado asesor de la “Defensoría Disciplinaria”, la tercera pata de este esquema en el que -según recalcan desde el gobierno- se asegura “el debido proceso”, que será oral. El tribunal de disciplina no ocupa ninguna postura en el litigio y se limita a juzgar de manera imparcial, acorde a los alegatos y las pruebas presentadas por las partes. El policía acusado podrá tener el ejercicio de la defensa en todo la etapa de la investigación. Esta área también deberá difundir entre los uniformados los derechos que asisten a los policías.