Ricardo Nissen, el nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), tiene un plan. Lo cuenta con pasión: su objetivo es dar vuelta como una media ese organismo de control que, está convencido, no sólo no fiscalizó nada en los últimos cuatro años sino que instrumentó todo lo posible para convertir al país en un anfitrión amigable para las off shore y transformarlo en reducto para el arraigo de sociedades ficticias y otros mecanismos para burlar al fisco. “Vamos a volver a prohibir la inscripción de sociedades que vienen de paraísos fiscales. El objetivo es que no puedan circular aquellas que alientan el fraude y el perjuicio a terceros”, anuncia en diálogo con PáginaI12. Experto en derecho societario, Nissen es una rara avis con perfil humanista en su especialidad. Dice que siempre tuvo tendencia defender a “la parte más débil” y que se hizo “peronista con Néstor Kirchner” pero que su relación con la política “es la de dar un aporte profesional”. Comenzó haciéndolo, cuenta, cuando en 2003 asumió por primera vez en la propia IGJ, donde estuvo hasta 2005. Ahora se prepara para poner la lupa en otros artilugios fomentados por el macrismo como el uso de fideicomisos. Apunta también a controlar actividades comerciales a menudo ligadas al sistema off shore como –ejemplifica— las de los boliches. “Con Cromañón aprendimos, son actividades de riesgo que buscan formas de eludir responsabilidades, ahora hay que prestar atención cuando aparecen nombres como Le Brique y nadie que dé la cara como dueño”, advierte.

A la hora de explicar qué es la IGJ, este organismo con nombre de vigilante, Nissen aclara que así como puede ocuparse de detectar si una fundación cumple con los objetivos de bien público que la inspiran o si es una pantalla de otras actividades (como la política) también puede ofrecer ayuda a ciertas entidades. “Queremos hacerlo con los clubes de barrio, que fueron tan golpeados por la crisis. Vamos a tratar de ayudar a su funcionamiento y abaratar costos. ¿Cómo? Podríamos hacer un convenio con el Colegio de Escribanos para que no les cobren las escrituras, entre otras cosas”. A la hora de dar una definición más formal sobre su función, Nissen resume: “El eje de la tarea de la IGJ es el control de la constitución y funcionamiento de las personas jurídicas. Excepto a las cooperativas y mutuales, controla a todas las sociedades comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y sociedades extranjeras. Puede recibir denuncias y también hacerlas”.

“Lo que voy a investigar --dice-- es una forma de sociedades que quedan habilitadas a hacer todo lo que no puede hacer una sociedad anónima y que son un signo del macrismo. Tienen un objeto tan amplio que no se las puede controlar. Son las sociedades por acciones simplificadas (SAS)”.

--¿Ese tipo de sociedades no era una buena opción para los emprendedores?

--Supuestamente se crearon para los emprendedores tuvieran una sociedad con poca plata y así alentar la actividad. Pero fue una mentira. Para constituirlas, curiosamente no es necesario ser emprendedor, entonces ni siquiera se confeccionó un registro de emprendedores. Se implementaron a través de una ley que habilita que tengan un objeto tan amplio que no se puede controlar si el capital es suficiente para cumplir su objetivo. No inscriben balances por resolución, no se sabe qué capital tienen, con qué patrimonio podrían responder. Esto implica la desprotección de terceros y minorías. Son estructuras ficticias. Se usan para no responder con el patrimonio. Es macrismo puro. Además pueden estar constituidas por argentinos y extranjeros para funcionar aquí o en el exterior. Son casi sociedades off shore.

--¿Se sabe cuántas se crearon?

--Hay que calcular que se inscriben entre 25 y 30 por día desde 2017. Pero no sabemos cuántas tienen actividad real. Lo vamos a investigar.

--¿Con qué se encontró al llegar al organismo?

--Con una IGJ paralizada y un profundo desánimo de los funcionarios. Cuando fui a las oficinas de las sociedades extranjeras, las provenientes de guaridas fiscales, me dijeron “estamos hartos de inscribir porquerías”. Desde que derogaron las resoluciones que nosotros habíamos dictado, se inscriben cualquier cantidad de porquerías del mundo.

--¿Va a reimplantar la resolución 7/2005, que limitó el arraigo de sociedades off shore en el país?

--Sí, está en los planes más inmediatos. Derogaremos la resolución 6/2018 que derogó la nuestra. Vamos a volver a prohibir la inscripción de sociedades que vienen de paraísos fiscales. Las sociedades que tienen prohibido actuar en su país no entraran acá. El objetivo es que no circulen sociedades que alientan el fraude y el perjuicio de terceros. Hasta ahora, con las normas que dejó Macri, si somos argentinos y venimos disfrazados de una sociedad de las Islas Vírgenes británicas, un paraíso fiscal, pagamos un porcentaje mínimo de impuestos. Es una forma de defraudar al fisco nacional. Para ilustrar esto, hay miles de casos donde una empresa que está por quebrar transfiere sus bienes a sociedades off shore. Hoy Argentina es off shore friendly, como dijo alguien en PáginaI12. El control sirve para que no se introduzcan estos instrumentos.

--¿Cómo evalúa las investigaciones judiciales que se hicieron por los Panamá Papers aquí?

--No existen, no llegaron a nada. Tuvimos el dudoso honor de que en una revista norteamericana se publicara la foto de Macri diciendo que no se habían tomado medidas cuando se conocieron las sociedades off shore ligadas a él. Cuando surgieron los Panamá Papers renunció el primer ministro de Finlandia y el ministro de Industria en el reino de España. En Argentina no pasó nada, decían que no eran ilegítimas. Son sociedades simuladas, constituyen un acto ilegítimo que prohíbe el Código Civil y Comercial. Acá se debió haber investigado cada sociedad, a quien intervenía en ellas y asignarlas al verdadero responsable. No se hizo.

--¿Pero es posible investigarlas tratándose de estructuras armadas para el ocultamiento?

--Hay juicios largos en el fuero comercial donde se ha logrado, y también el fuero laboral, pero es complejo. La off shore garantiza anonimato y opacidad y que los países que las permiten no informe nada. Con los Panamá Papers la Cancillería directamente no diligenciaba los exhortos. Pero supongamos que el oficio se envía, luego está el problema de que el paraíso fiscal no responde. Igual, si hay voluntad, es posible investigar algo ya que siempre hay un representante que se inscribe como punto de partida. En 2005 descubrimos que Cromañón estaba a nombre de una sociedad uruguaya, Nueva Zarelux, que había adquirido el establecimiento cinco años antes a una sociedad que se llama National Uranus, de las Islas Vírgenes, célebre guarida fiscal. Se pudo saber que había un empresario argentino detrás, Rafeael Levy. La actividad de los boliches es de mucho riesgo, y se buscan formatos para que no se sepa quiénes son los verdaderos dueños. Los riesgos son accidentes, peleas, entre otras cosas. Con Cromañón aprendimos, son actividades de riesgo que buscan formas de eludir responsabilidades, ahora hay que prestar atención cuando aparecen nombres como Le Brique y nadie que dé la cara como dueño. Esto lo tiene que hacer la autoridad de control de dónde se inscribió. Estamos averiguando, porque podría tener domicilio en Capital Federal. Lo cierto es que nadie dice quién es el verdadero titular, que podría ser una persona física o sociedad comercial. Hablan los “fundadores” o “representantes”. Hace falta una política de control sobre actividades que se sabe que cuenta con riesgo.

--¿Qué pasará con los llamados fideicomisos, más mencionados que nunca desde que Macri habló de su fideicomiso ciego? ¿Se usan para eludir controles e impuestos?

--Se están constituyendo muchos fideicomisos para evadir el pago de impuesto a los bienes personales, es todo instrumento de fraude, donde con una particular ingeniería jurídica el verdadero propietario de los bienes evita responder con los bienes que aportó al fideicomiso por sus obligaciones particulares. Es una trampa que, de todos modos, nació en la época del menemismo. Pero habrá controles. El fideicomiso ciego de Macri fue una farsa. Por empezar, no se puede aportar a un fideicomiso sin saber qué bienes tiene. Se estima que aportó el 2 por ciento de sus bienes. Tiene oficina pero en la práctica no existió. Decía que era para que se los administre un tercero, aunque fue algo falso y solo aportó el 2 por ciento de su patrimonio. Ahora, quienes investiguen negocios de Macri podrían pedir información sobre el fideicomiso ciego y quiénes participaron de él. También se podrían hacer acciones de nulidad si se descubre que alguna off shore actuó en el país.

--¿Qué hará si a usted le toca intervenir respecto de Hotesur, de la que actuó como apoderado?

--Hoy no soy apoderado de esa sociedad, ni tampoco de Máximo y Florencia Kirchner. Sólo en una ocasión fui autorizado a participar en una asamblea de Hotesur donde se le pidió al juez penal que designara a autoridades, porque no había quien lo hiciera. Representé a Máximo y Florencia con una autorización. Todo lo que se ha dicho son las felonías de Silvina Martínez (abogada que trabaja con Margarita Stolbizer en la Asociación Civil Bajo la Lupa). Cuando tenga algún tema con alguna sociedad con la que se pueda sospechar que tengo intereses me voy a abstener y el Ministerio de Justicia nombrará a otra persona que se haga cargo. No voy a intervenir. Quieren una gestión como la anterior, donde no hizo nada y se recibían órdenes directas del Ministerio de Modernización. Esto ahora no va a ser una entidad que va a dejar pasar cualquier cosa.

--Pero lo han impugnado.

--Se pueden hacer críticas pero mi designación no puede ser impugnada.

--¿Va a haber algún control específico de las fundaciones? Hay sospechas de su uso para financiamiento de la política.

--Hay que cotejar que las que se comprometen a hacer actividades de bien público cumplan ese objeto y a ello destinen las donaciones. Se va a constatar esto.

--¿Tiene militancia política?

--He ido a marchas, como la que cuestionó el 2x1 de la Corte (a favor de los genocidas), o a apoyarlo al juez Alejo Ramos Padilla, pero no es militancia formal. Me hice peronista a través de Néstor Kirchner. Siempre me dediqué a las causas en defensa de la parte débil. También participé en intentar recuperar Papel Prensa para el Estado argentino e YPF. Mi relación es dar un aporte profesional, pero todo el mundo conoce mi ideología.

--¿Por qué convocó a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó a trabajar con usted?

--Porque es extraordinaria y la conozco de cuando era fiscal de cámara. Una de las primeras luchadoras contra las off shore, que evitó fraudes al patrimonio nacional, pero viene con otros grandes profesionales, Hugo Rossi, que fue inspector general, un gran civilista como Manuel Cuiñas Rodríguez y también un societarista joven, Darío De León. Así como al llegar recibí cariño vi una gran desilusión porque, insisto, en estos años no se controló nada.