Desde la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se lanzó la convocatoria para realizar actividades en el marco del Día de Acción Verde por el derecho al aborto a realizarse el 19 de febrero. La delegación salteña de la Campaña, llamó a una reunión organizativa para hoy a las 18 en la Plaza Güemes, frente a la Legislatura.

La articuladora de la Campaña en Salta, Mónica Rodríguez, contó que el llamado de hoy se centra “en organizarnos” para el 19 de febrero y lo que resta del año. Se llama a organizaciones sociales, políticas y diversas redes, como la Red de profesionales por el derecho a decidir, la red de docentes por el derecho a decidir, entre otras. 

Rodríguez manifestó que se busca “una respuesta política” por parte del gobierno provincial mientras se gesta la agenda de este año. “Queremos que el 2020 tenga una agenda clara hacia las mujeres, identidades no binarias y el colectivo LGBTIQ+. Para que la demanda que ya lleva 15 años sea una realidad”, expresó.

“Necesitamos que, tanto el gobierno nacional y provincial, atiendan la demanda de las personas ante una problemática muy grande como el aborto. Queremos leyes que no penalicen, sino que asistan para poder garantizar la calidad de vida de las personas”, afirmó Rodríguez.

La provincia ya tuvo dos acontecimientos que marcan la posición de la gestión local. Primero, no adhirió a la actualización del Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) decretado en diciembre de 2019. Segundo, a fines de enero trascendió el caso de una joven toba que se desangraba y a quien se le negó atención sanitaria. El profesional Patricio Parra Marin, negó la atención porque creía que se había practicado un aborto, según consta en la denuncia radicada por su madre, Clara Pistan. 

Ante el caso de la joven toba, Rodríguez dijo que “una de las grandes barreras” que impidió la atención es “cultural”. Aseguró que ante la inacción de Parra Marin se “impidió (el ejercicio de) derechos”. La madre la joven denunció al profesional por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la delegación en Salta del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), tomó la denuncia de la familia.

Por ello, la militante feminista cuestionó que, “si no hay medidas ante esos profesionales de la salud, ¿qué podemos esperar de la atención en un hospital público?”. Además, sostuvo que el profesional "debería quedar fuera" del sistema de salud público “porque realmente no está cumpliendo con su función”.

Para Rodríguez, el médico tomó “una decisión arbitraria poniendo en riesgo” la vida la chica “con tal de poner en tela de juicio” el motivo que la llevó al hospital. “Es una situación de violencia extrema”, declaró.

Consideró que lo que realizan algunos profesionales de la salud al no cumplir con las leyes es “una cuestión de justicia por mano propia”. “Realmente esperan que te vaya mal o te pase”, asintió. 

En este sentido, dijo que si desde la gestión del gobernador Gustavo Sáenz no se toma una decisión política con respecto al uso del nuevo protocolo, "no están entendiendo que se trata de una herramienta para los profesionales de salud. Es imprescindible que la ILE se garantice y que sea de igual manera para todes". 

Por estas situaciones, la articuladora expresó que la convocatoria de esta tarde, “es una oportunidad para que las bases podamos hablar de lo que pasa en el territorio”.