Más de medio gabinete dando explicaciones

Tour ministerial por la Legislatura

Citados por senadores y diputados, cinco ministros y el secretario general fueron a brindar datos sobre la ampliación de la Corte de Justicia, la moratoria impositiva y la emergencia sociosanitaria en el norte.
Camacho, Villada, Marocco, Medrano y Figueroa en el SenadoCamacho, Villada, Marocco, Medrano y Figueroa en el SenadoCamacho, Villada, Marocco, Medrano y Figueroa en el SenadoCamacho, Villada, Marocco, Medrano y Figueroa en el SenadoCamacho, Villada, Marocco, Medrano y Figueroa en el Senado
Camacho, Villada, Marocco, Medrano y Figueroa en el Senado 

Fue una mañana atípica la del jueves en la Legislatura porque desde temprano más de medio gabinete provincial, fue a reunirse con senadores y diputados, entre otros temas por la ampliación de la Corte de Justicia, la emergencia en el Norte y la moratoria que se aprobará seguramente hoy en el Senado.

En los pasillo se improvisaron mini conferencias de prensa de los funcionarios que accedieron a dialogar con los medios, luego de que se anunciase que ninguna de las reuniones sería con la prensa adentro de las salas, aunque finalmente los senadores lo permitieron, mientras que en Diputados se mantuvo esa medida con el argumento de la falta de espacio en el Salón de los Presidentes.

El desfile comenzó con el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada y el de Economía, Roberto Dib Ashur.

Los tres fueron citados a la Cámara Alta para explicar los alcances de los proyectos de Ley que tratarán hoy, y que seguramente se convertirán en Ley.

Una Corte más grande y más cara

Con “Agilización, eficiencia y pluralidad de voces”, como conceptos repetidos casi como un mantra, los funcionarios del gabinete saencista tuvieron que explicar por qué es necesaria una ampliación de la Corte de Justicia de 7 a 9 miembros que costará unos 40 millones de pesos, cuando en este momento se atraviesa una crisis sociosanitaria de la que prácticamente se depende para revertirla de los recursos que llegan desde Nación.

Pero en los ya mencionados tres conceptos se asentaron los argumentos de Posadas y Villada, a los que se sumó el vicegobernador Antonio Marocco, que oficia de presidente del Senado.

El ministro de gobierno expresó que “creemos que es importante empezar una nueva etapa institucional con una corte que permita mayor amplitud de opiniones y trabajar de mejor manera. Mire a nuestros vecinos los jujeños que tienen 9 miembros, como la mayoría de las provincia”.

Pero hasta el momento son solo tres provincias con tribunales superiores de 9 jueces, Jujuy, Misiones y Entre Ríos, a la que se sumarán Salta y Mendoza.

Con respecto al costo que tendrá esta nueva composición, Marocco negó que fuera significar un dispendio de recursos: “no es ningún gasto, se va a trabajar y prever en el presupuesto que se va a aprobar durante el año, no va a haber una asignación superior de recursos”.

Posadas, al que se lo apuntó en la Cámara de Diputados por haber enviado el proyecto de Ley sin los habituales fundamentos que justifican su pedido de sanción, señaló que “así como se ha trabajado en otras oportunidades en el refuerzo de las cámaras civiles y comerciales o de nuevos juzgados en el interior, acá se entiende que en el marco de agilizar el trabajo de la justicia, sumar dos jueces de corte va a descomprimir el trabajo de la Justicia, sobre todo apuntando a la organización interna de la Corte”, añadió el secretario de la gobernación.

Consultado por la emergencia en el norte indicó que “hay temas urgentes y temas importantes y el gobierno tiene que abordarlos a todos, se está poniendo mucha energía en la crisis socio sanitaria del norte de la provincia pero eso no impide que se puedan abordar otros temas como el de la Justicia”.

En conclusión, de los dichos de los dos ministros y el vicegobernador puede inferirse que el Gobierno tiene controlada la emergencia y puede abocarse a otros temas, no habrá mayor gasto a pesar de los 40 millones que se deberán utilizar para la Corte y que no se especificó de donde saldrán y más jueces es automáticamente más calidad, como sucede en la mayoría de las provincias, que en realidad son solo tres.

En tanto Roberto Dib Ashur se limitó a explicar a los senadores el proyecto de Ley para simplificar el pago de los impuestos provinciales en un monotributo y la moratoria general que se implementará desde el primero de abril.

Allí precisó que cuando se trate de grandes evasores o sospechosos de maniobras fraudulentas se los excluirá de la moratoria y se recurrirá a vías judiciales, de esta manera se refirió a las dos fuertes críticas que se hicieron al proyecto en la sesión de Diputados, por la sospecha de que la moratoria termine validando maniobras fraudulentas o gravosas al Estado.

Además ratificó que se espera recaudar unos 300 millones de pesos con esta nueva promoción fiscal.

Cifras que asustan

La segunda tanda de los ministros que fueron ayer a la Legislatura,  pasó por ambas cámaras y con la emergencia como punto principal.

La Ministra de Salud, Josefina Medrano, fue convocada para informar a los senadores de la situación actual de la salud de niños y niñas en el norte salteño, en ese sentido reconoció que “la zona tiene mucha vulnerabilidad”, y que viven “aproximadamente 12 mil niños que están en un estado nutricional bueno, aunque eventualmente están identificados como un grupo con un potencial que en alguna situación pueden entrar en el grupo de desnutridos”.

Básicamente la funcionaria describió una bomba de tiempo que podría estallar ante la menor chispa con funestas consecuencias.

También desmintió el dato que dio el Ministro de Desarrollo de Nación, Daniel Arroyo, quien informó que hay al menos 32 niños wichi internados por desnutrición y otros 160 fueron registrados con muy bajo peso. “Yo no puedo hacerme cargo de un dato que dice alguien de Nación, yo le digo los datos que manejamos acá”, dijo la funcionaria provincial.

En cuanto a cómo se utilizaban los datos en la gestión anterior, la ministra negó que este gobierno hable de ocultamiento de la información, “es cierto que nosotros estamos trabajando en hacer un barrido territorial para tener un diagnóstico más certero. Cuando uno tiene buenos diagnósticos, puede plantear buenas estrategias”, aseguró.

La ministra de Salud y la de Desarrollo Social, Verónica Figueroa protagonizaron un particular momento al “pasarse la pelota” sobre los datos que supuestamente habría recopilado el desaparecido ministerio de la Primera Infancia.

Medrano aseguró que ese ministerio fue absorbido por Desarrollo Social y que esos datos no los manejan en su cartera.

Minutos más tarde, la ministra Figueroa se mostró sorprendida por la respuesta de Medrano, y reconoció que no cuentan con la base de datos del software del que tanto hablaba el ex ministro Carlos Abeleiras. “No tenemos esos datos, en principio están en una agencia y no se quién los va a administrar”, reconoció Figueroa.

La ministra comentó que se entregaron desde que comenzó la emergencia más de 25.000 módulos alimentarios, “entre los que dio la provincia y ahora los que nos envía Nación”. Aclaró que esa entrega es mensual y que “es un módulo por cada niño, en caso de que haya más de uno se dan dos bolsones”.

La funcionaria añadió que están recibiendo lo que los proveedores entregan para completar los 160.000 bolsones. Y añadió que los módulos constan de 21 alimentos, que están pensados por nutricionistas y consensuados con la comunidad.

“Tenemos cuatro meses para ver si podemos integrar a todas las personas que van a recibir módulos en el sistema de tarjeta, pero para eso tenemos que adecuar otras cuestiones como el acceso al agua, conectividad, paneles solares”, y aclaró que toda esos temas se está articulando con Nación.

Finalmente el ministro de infraestructura, Sergio Camacho, detalló todo lo proyectado para ir resolviendo el “gran problema de agua”.

Planteó que junto a la Secretaría de Obras Públicas de Nación se firmaron dos convenios para las primeras 100 cosechas de agua y agregó que se estima que se necesitan al menos 2.000 para “abastecer como corresponde”.

El funcionario insistió con un concepto que está manejando el gobierno provincial “realizar obras de bajo costo y alto impacto”, refiriéndose a la magnitud de lo que se debe invertir y a los escasos recursos con los que cuenta el Estado.

Por lo que aclaró que para los proyectos de mayor envergadura estudiarán la manera de financiarlos a través de organismos internacionales.

En ese sentido, comentó que habrá obras que solucionarán la falta de agua en San Martín y que se está estudiando cuáles se aplicarán, “pero pueden ser la draga del dique Itiyuro, o buscar captar más agua en el dique Limón, o la explotación de la cuenca del río Seco”, explicó.

En cuanto al convenio que firmó el ejecutivo con el Ejército dijo que contempla camiones perforadores para hacer 8 pozos en la zona de emergencia y de esa manera mitigar la falta de agua y que están planificando recuperar pozos caídos que eran muy caudalosos.

Por último indicó que el Ejército está trabajando en la zona con dos plantas potabilizadoras, una ubicada en la zona de Rosado, otra en Alto la Sierra y se instalará una tercera en los blancos. “Desde ahí con camiones cisternas se llegará a las comunidades”, aclaró Camacho.

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