Por voluntad propia, pero más por una cuestión de jerarquía, la intendenta capitalina Bettina Romero no estuvo en la firma del convenio que dio punto final al conflicto generado por el desfinanciamiento de la Cooperadora Asistencial, que había puesto en riesgo la continuidad laboral de más de 200 empleados.

Lo que parecía una escalada sin salida, encontró una vía de solución cuyo principal valor reside en la certeza de que las políticas de asistencia van a continuar y los puestos de trabajo se van a mantener.

La ausencia de la jefa comunal de la Capital se explica porque del otro lado no estaba Gustavo Sáenz, sino uno de sus ministros y firmar con uno de ellos hubiese significado admitir un rango menor en la jerarquía política. Mandó a dos de sus funcionarios a poner la firma en un documento que era, al fin y al cabo, corolario feliz para tanta barahúnda y merecía algo más que una ausencia.

Además, con Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, persisten resquemores de tiempos no muy lejanos. En uno de los anteriores turnos electorales, el hoy ministro venía de un prolongado paso por la presidencia del Concejo Deliberante, cuyo rondín barrial de acumulación de poder lo depositaría en la disputa por la diputación por capital. Se negó entonces a ser el segundo de Bettina en la lista, salió solo y la cosecha fue tan magra que volvió a las funciones que en 2003 había tenido en la gestión de Alejandro San Millán como intendente.

Fue Villada, quien como parte del tire y afloje público por las responsabilidades en la Cooperadora, dijo cuando corría la segunda semana de febrero, que estaba sorprendido por la falta de responsabilidad de la Intendenta, que el futuro del organismo estaba en sus manos, por ley era su responsabilidad y que debía definir qué rumbo tomar.

Cinco días antes, el acto de asunción del nuevo secretario de Hacienda municipal derivó casi en escándalo. En medio de las formalidades, funcionarios y periodistas, una empleada de la Cooperadora increpó a la Intendenta, que reaccionó, respondió y dijo que mucho del tema dependía de que pueda hablar con el Gobernador.

A la semana, el ministro Villada ordenó iniciar el proceso de conciliación obligatoria. A los trabajadores ordenó que se abstengan de medidas de acción directa; y a la presidenta de la Cooperadora Asistencial, es decir a la Intendenta y su delegada, Adriana Portal, “que realicen las gestiones pertinentes a fin de atender el conflicto existente, y abstenerse de tomar represalias de ninguna naturaleza con los trabajadores y agentes de ese ente, en particular producir desvinculaciones.

De la conciliación surgió el acuerdo que se firmó el jueves pasado: la Municipalidad se queda con 32 empleados, (otro dato indica que son 55) transfiere el edificio y casi 30 vehículos a la Provincia. La Provincia asume el costo de 194 empleados y todo lo que implica el gasto operativo de esa estructura.

En términos prácticos, la Intendenta se sacó de encima un gasto que no podía afrontar; ganó porque no detraerá más recursos y alejó eventuales y renovados conflictos.

Gustavo Sáenz se lleva una carga que en el conjunto de gastos del Estado provincial tiene proporcionalmente menos incidencia, aunque en esta época de escasez de recursos todo pesa, tanto como puede pesar el gasto de dos nuevos ministros de Corte; ganó porque siempre dijo que los trabajadores no podían ser variable de ajuste y aunque la oportunidad esté lejos, habrá 200 agradecidos electorales y sus familias para contar en el futuro.

En términos políticos, la resolución del conflicto de la Cooperadora no resultó tan inocua como parece; por el contrario, dejó antecedentes nocivos porque azuzó de modo precoz y con voltaje inédito para tan poco tiempo de gestión, unas diferencias de métodos, modos y temperamentos entre los dos figuras más prominentes de la política actual, que quedaron en latencia y van a reaparecer más temprano que tarde.