“A esta casa la recuperamos tras un juicio larguísimo –le contó a Página/12 el abogado y sobreviviente Carlos Orzaocoa-. Después que la allanaron los militares en julio de 1976, y la usaron de campo de concentración; un juez (federal, Miguel Angel Puga) se la cedió a Héctor Varela, un empleado judicial de su confianza, quien la puso a nombre de su esposa, Ofelia Cejas. La pareja vivió en la casa e intentó quedarse con la propiedad alegando que los dueños desaparecidos se la habían vendido a una mujer en abril de 1976, y que esa supuesta propietaria vivía ahí cuando ellos llegaron. Pero se logró probar que esa persona había muerto en 1973. Los tiempos no cerraban. Este caso se tomó como una muestra más de la "generosidad con lo ajeno" de algunos de los miembros de la Sagrada Familia. El ex juez Puga fue juzgado y condenado en el llamado juicio a los magistrados en noviembre de 2017 por los fusilamientos en falsas fugas de 31 presos políticos a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, durante el invierno del '76 en la Cárcel de Barrio San Martín.