La lúgubre historia del triple crimen de General Rodríguez estuvo detrás de la condena, este lunes, de Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, los hombres que supuestamente ejecutaron a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. De manera sorprendente, los Lanatta y Schillaci aceptaron en forma mansa una condena de 13 años de prisión para los dos hermanos y siete años para Schillaci por haber herido gravemente a dos policías de la localidad de Ranchos en el marco de la célebre huida del penal de General Alvear que emprendieron a fines de diciembre de 2015. 

Según parece, no quieren guerra, no les importó semejante condena. Su objetivo ahora está en conseguir una reapertura de la investigación del triple crimen por el que están condenados a reclusión perpetua. 

Sucede que aquella masacre fue investigada por el fiscal Juan Ignacio Bidone, ahora desplazado y procesado por ser una especie de cómplice del falso abogado Marcelo D'Alessio. Con ese dato, los Lanatta y Schillaci tratan de probar que la investigación del triple crimen fue trucha, que el verdadero jefe de aquellos homicidios fue un traficante mexicano Rodrigo Pozas Iturbe y que ellos no fueron la mano ejecutora. 

En el camino, a mediados de 2015, Martín Lanatta participó de una burda maniobra: aceptó una entrevista en Canal 13 e involucró tácitamente a Aníbal Fernández en el triple crimen. Aquello fue una siniestra jugarreta que resultó decisiva en la campaña electoral de 2015. O sea, nuevamente el uso de la justicia en el campo de la política.

Lunes

La audiencia este lunes fue breve. Todo consistió en rubricar el acuerdo entre las defensas y la fiscalía. Los Lanatta aceptaron de manera pacífica los 13 años y Schillaci siete, éste último por ser sólo el conductor en la fuga, no el que disparó contra los dos policías.

El único interés estuvo puesto en el primer cara a cara de la oficial Lucrecia Yudati con quienes la hirieron. La mujer sufrió hasta ahora unas 60 operaciones, ya camina, pero transcurridos cinco años no puede volver a su actividad normal como policía. Su compañero de aquel entonces, Fernando Pensagwath, no se hizo presente y, además, ya dejó la Policía Bonaerense. Pese al drama que sobrevoló la audiencia, no hubo gritos ni incidente alguno, de manera que los jueces del Tribunal Oral Criminal 1 se limitaron a firmar las condenas acordadas por las defensas, los abogados querellantes y la fiscalía.

En cierto sentido, a los Lanatta y Schillaci no les cambia demasiado. Ya les dictaron una perpetua por el triple crimen; a eso se agregaron entre ocho y diez años por balear a efectivos de Gendarmería en Santa Fe; otra condena de siete años porque en territorio santafesino robaron y tuvieron secuestradas personas durante su fuga y finalmente la de este lunes de siete y 13 años.

Como al pasar, los imputados dijeron que ellos no estuvieron en Ranchos y que no había pruebas en su contra, lo cual no explicaría por qué aceptaron pacíficamente la condena.

2015

La espectacular fuga del 27 de diciembre de 2015 no tiene explicación hasta ahora, sobre todo teniendo en cuenta que el penal de General Alvear es considerado uno de los más modernos y seguros del país. Los Lanatta y Schillaci estaban alojados en la enfermería, lo cual suponía un notable privilegio. Y de allí se escaparon al comienzo del gobierno de Cambiemos y de María Eugenia Vidal.

Por supuesto que una sospecha es que les abrieron las puertas como pago al inmenso favor que le hizo Martín Lanatta a Macri y Vidal acusando a Aníbal Fernández de ser La Morsa, supuesto jefe del tráfico de efedrina y también supuesto instigador del asesinato de Forza, Ferrón y Bina.

El canje de fuga por declaración televisiva contra Aníbal nunca se investigó: Cambiemos no quiso saber nada. Lo concreto es que el director del penal fue destituido, expulsado del Servicio Penitenciario y también perdieron su puesto ocho guardiacárceles.

De los dichos de Lanatta tampoco quedó nada: la jueza a cargo de la causa, María Romilda Servini, nunca llamó a declarar a Aníbal Fernández porque no encontró prueba alguna en su contra.

2008

En agosto de ese año se produjo el triple crimen de General Rodríguez. La investigación --pese a que se trató de un caso de narcotráfico por efedrina-- quedó sorpresivamente en manos de la justicia provincial con un protagonista excluyente: el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone.

Como se sabe, se descubrió durante 2019 que Bidone fue parte de la máquina de armar causas truchas de D'Alessio. Lo que ahora quiere probar el abogado de los Lanatta, Roberto Cazorla Yalet, es que hubo una maniobra que consistió en involucrar falsamente a los Lanatta y Schillaci, los tres quilmeños, para de esa manera perjudicar al kirchnerismo y a Aníbal Fernández. Como es obvio, D'Alessio y Bidone trabajando por cuenta y orden de la Coalición Cívica de Elisa Carrió. La realidad es que los tiempos no encajan: el juicio por el triple crimen fue en 2012, bastante antes de la aparición de D'Alessio.

La realidad es que hay mensajes de Martín Lanatta a Forza convocándolo al shopping de Sarandí donde terminaron secuestrados y luego asesinados. Lo que alegan los Lanatta y Schillaci es que su tarea consistía sólo en hacer la cita y apretarlo a Forza por cuestiones de la efedrina, pero que ellos nunca salieron de esa zona. Y que por lo tanto no cometieron el crimen que --según ellos-- se concretó en General Rodríguez. Hurgarán en lo hecho por Bidone que, según ellos, podría haber incurrido en armados, como después se demostró en su sociedad con D'Alessio.

En todo caso, la aceptación mansa de la condena de este lunes tiene que ver con que el objetivo es este otro: empezar a pelear una revisión de la prisión perpetua por el triple crimen y las dudas que salen a la luz a raíz de la aparición en escena --¿cuándo no?-- de D'Alessio, Bidone y compañía.

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