Las razones de Vicentin para justificar su multimillonario default

Hasta la sequía tuvo la culpa del pagadiós

El juez de Reconquista abrió el concurso de acreedores del gigante agroexportador, investigado por sus manejos con el macrismo
Las plantas de Vicentín están paralizadas desde diciembre. Las plantas de Vicentín están paralizadas desde diciembre. Las plantas de Vicentín están paralizadas desde diciembre. Las plantas de Vicentín están paralizadas desde diciembre. Las plantas de Vicentín están paralizadas desde diciembre. 
Las plantas de Vicentín están paralizadas desde diciembre.  

El grupo Vicentin y su gigantesca deuda ya son materia judicial. El juez civil y comercial n° 2, de Reconquista, Fabián Lorenzini, aceptó el pedido de la sociedad anónima y abrió el concurso preventivo de acreedores para organizar la devolución de deudas por 1300 millones de dólares. La situación financiera que llevó al fiscal federal Gerardo Pollicita a dirigir una acusación penal sobre la aceitera y el Banco Nación en tiempos del gobierno de Mauricio Macri es el default privado más estridente de la historia judicial santafesina. Y ayer se conocieron los argumentos planteados por la empresa para justificar su cesación de pagos: hasta la sequía tuvo la culpa.

El juez Lorenzini se declaró competente para dirigir el concurso preventivo, según una resolución emitida ayer, tal como el lunes 10 lo habían pedido Daniel Buyatti y Alberto Julian Macua, presidente y vicepresidente del directorio de la compañía con sede legal en Avellaneda, departamento General Obligado.

El magistrado accedió al pedido de la empresa y prohibió a los prestadores de servicios públicos cortarle el suministro de tal o cual prestación para no entorpecer la reactivación industrial del grupo. Eso, aunque la agroexportadora adeude las boletas del agua, la luz o el gas. 

Desde diciembre, cuando entró en cesación de pagos, Vicentin tiene paralizadas sus plantas de San Lorenzo y Ricardone. Y alrededor de dos mil trabajadores soportan esa incertidumbre.

El juez concedió una prórroga de diez días para que la empresa presente la documentación que exponga su situación financiera y explique las razones de la cesación de pagos que empezó a tornarse visible el año pasado, después de la derrota de Juntos por el Cambio en las primarias de agosto.

Ayer se conoció la justificación de Vicentin SAIC para pedir el concurso de acreedores. Una medida que el directorio no deseaba pero que debió afrontar ante el fracaso de sus intentos de arreglos extrajudiciales y sucesivas medidas cautelares que presentaron algunos acreedores en los tribunales de Rosario a fines de enero. Eso, y el pedido de quiebra que formuló también aquí la acreedora Gagliardo Agrícolo Ganadera SA, firma asociada a la constructora Obring SA.

La primera agroexportadora argentina argumentó ante el juez un abanico de razones, "...diversos acontecimientos negativos" que la llevaron "a la necesidad de reestructurar su pasivo", tal los eufemismos utilizados. Y de paso, culpó "el grave impacto de una serie de medidas cautelares", es decir, los acreedores que acudieron a la Justicia para cobrar. Por caso, los abogados pusieron como ejemplo el reclamo judicial del correacopio BLD (130 millones de pesos) como uno de los motivos que perjudicaron la posición de Vicentin.

La empresa sostiene que puede superar el default si logra "refinanciaciones o acuerdos precoconcursales" con sus acreedores. De estos, a los bancos les debe U$S1000 millones, y otros 350 millones a corredoras de cereales, acopios y proveedores.

Pese a todo, la visión del grupo comandado por los Vicentin, Padoan y Nardelli es menos drástica que la de sus acreedores. "Si bien se habían registrado incumplimientos anteriores, el directorio de la sociedad entendió que los montos de los mismos no representaban por sí solos un estado de insuficiencia patrimonial agudo que no pudiera resolverse mediante la concreción de nuevos negocios y/o alianzas estratégicas con diferentes interesados, motivo por el cual se sostenía que tales incumplimientos no fueron reveladores de un verdadero estado de cesación de pagos, en tanto un estado de cosas que afectara en forma integral del patrimonio de la sociedad", plantearon.

Vicentin culpó a "la crisis financiera de 2018", la inflación, "el encarecimiento del acceso al mercado financiero local e internacional impulsado por las tensiones entre Estados Unidos y China". También cayó en la volteada "el grave efecto de la sequía y su impacto en la generación de divisas y el aumento desmedido del dólar a partir de la entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera". Esto, según la argumentación de la compañía, "trajo aparejado un nuevo aumento de las tasas de interés en la Argentina, todo lo cual tuvo como resultado un abultado encarecimiento del costo de financiación de la compañía".

Vicentin expuso que la sequía de 2018 disminuyó la soja disponible –su materia prima– y por eso tuvo que importar poroto desde Estados Unidos, Paraguay y Brasil "con un gran esfuerzo financiero y logístico que impactó directamente en los costos". Incluso, no se privó de criticar la política económica de Cambiemos, a pesar de haber sido su principal sponsor de campaña. "Se dejó sin efecto una protección arancelaria que promovía la actividad industrial local, y a principios de 2019 la incertidumbre económica y cambiaria generó una devaluación y retiro masivo de depósito en dólares de los bancos locales, acotando la capacidad de préstamo de las entidades bancarias y agudizando un problema de exposición al riesgo, ya que al financiarse con proveedores se queda expuesto a la volatilidad de precios, necesidades financieras de los productores, entre otros", sorprendió la agroexportadora santafesina.

Al pedir la apertura del concurso, Vicentin nada explicó sobre el crédito de prefinanciación de exportaciones por 18000 millones de pesos que no le devolvió al Banco Nación, y que representó una transferencia de su matriz argentina a Vicentin Uruguay, firma registrada ante el Banco Central del país vecino el 25 de febrero de 2019, tal como reveló Página/12 en su edición dominical, y que será materia de investigación de una comisión especial de Diputados.

 

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