La agenda feminista del 2020 empieza con el Pañuelazo Federal del 19F. Esta acción, que se repite por tercer año consecutivo, se hace de cara a la apertura de las sesiones legislativas del 1 de abril y en el marco del día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. En Salta, el pañuelazo se realizará en los departamentos de Capital, General Güemes, Orán y Cafayate.

Desde el movimiento feminista piden la inmediata adhesión al nuevo protocolo de Interrupción legal del embarazo y reclaman acciones claras y urgentes por la emergencia socio sanitaria que atraviesa el norte de la provincia. El encuentro en la ciudad de Salta es hoy a partir de las 18 en la plaza 9 de Julio para marchar hacia la Legislatura Provincial. Al igual que en los diferentes puntos, el pañuelazo se realizará a las 19. En la Capital habrá intervenciones artísticas y musicales. 

La referente de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Salta, Mónica Rodríguez manifestó a Salta/12 la necesidad de que la sociedad salteña sepa que “el proyecto está en las calles” y “que este año se volverá a tratar”.

El propio Alberto Fernández expresó su posición pública para que el aborto sea legal, con el condimento de que el propio Ejecutivo enviará un proyecto al Congreso. En este sentido, deberán consensuar el proyecto enviado por la Campaña y el de Fernández.

Durante ocho años consecutivos la Campaña logró que el proyecto entrase en la Cámara de Diputados, pero recién en 2018 se obtuvo su tratamiento y votación. De allí, la indomable marea verde que se replicó a nivel mundial.

En este aspecto, Rodríguez dijo que la pelea por el aborto “es una lucha que venimos haciendo en todo el país, desde las calles, por esta política pública de inclusión”. 

“Desde la Campaña sabemos que el presidente ha hecho pública su decisión política y en cierta manera, creo que podemos leer que es algo beneficioso”, pero consideró que “es nuestro proyecto el que queremos que llegue a la Cámara”.

En tanto, la referente de Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro en Salta, Abigail Velázquez, sostuvo que se trata “del reconocimiento del derecho a la soberanía de nuestros cuerpos y a las decisiones sobre nuestras vidas”. Sin dejar de lado el lema de la Campaña que pide educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Rodríguez contó que “el presidente ya convocó a la Campaña y a muchas compañeras feministas para trabajar esto”.

“Me parece que la decisión política está, ahora entendemos que desde las calles debemos ganar la batalla cultural y seguir peleando por los derechos”. Continuó, “sabemos que una ley no garantiza los derechos, por eso creo que también la marea verde tiene que salir empoderada a inundar toda Salta”.

La decisión política del desligue

En referencia al contexto provincial, la asamblea feminista exigió, entre sus principales consignas, la inmediata adhesión al nuevo Protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) presentado por Fernández.

En un primer momento, la ministra de Salud de la provincia, Josefina Medrano afirmó que Salta iba adherir de inmediato. Esto no solo no se cumplió, sino que llevó a que el gobernador Gustavo Sáenz se desligue de la decisión y lo eleve a las cámaras legislativas.

Para Rodríguez significó “un retroceso importante”. “Él se declaró pro vida y además, está impidiendo derechos a las personas gestantes con algo tan claro como la ILE”, cuestionó. “Que no se adhiera a un protocolo es solamente un capricho para contentar a una parte de la población que sabemos que es muy católica, conservadora y pro vida”, especificó.

En este sentido, la militante aseveró que, si el gobernador “no se sienta con las organizaciones sociales y con todas las mujeres que están dentro de los territorios, va a ser una pantalla más y va a estar lejos del pueblo, de la sociedad y de sus problemáticas”.

La provincia ya tuvo dos acontecimientos que marcaron la necesidad de profundizar el debate del aborto legal como un derecho. Primero, la no adhesión al protocolo. Segundo, a fines de enero trascendió el caso de una joven toba que se desangraba y a quien se le negó atención sanitaria. El profesional Patricio Parra Marin, negó la atención porque creía que se había practicado un aborto, según consta en la denuncia radicada por su madre, Clara Pistán.

Ante el caso de la joven toba, Rodríguez dijo que “una de las grandes barreras” que impidió la atención es “cultural”. Aseguró que ante la inacción de Parra Marin se “impidió (el ejercicio de) derechos”. La madre de la joven denunció al profesional por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la delegación en Salta del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), tomó la denuncia de la familia.

Por su parte, la dirigente feminista de la Unión Cívica Radical de Salta, Vanesa López, afirmó que “mientras el avance de las mujeres sigue siendo organizado y con el objetivo en común de lograr una mayor ampliación de derechos para nosotras”, “en Salta el gobernador continúa sin dar respuestas concretas sobre las políticas públicas en materia de género”.

López alertó sobre los nuevos femicidios y por la ausencia de compromiso para erradicar la violencia de género desde el ejecutivo provincial. Exigió que, “se informe en lo inmediato y públicamente el monto total del presupuesto destinando para la implementación de políticas públicas en materia de género y para la protección integral de las infancias”.

Salta desde hace siete años decretó la emergencia pública en materia social por violencia de género bajo la ley 7857. Por ello, la militante radical consideró “de vital importancia” conocer el enfoque de las políticas públicas vinculadas a la problemática.

Emergencia sociosanitaria y responsabilidad estatal

El movimiento feminista de Salta también se manifestó en relación a la declaración de emergencia sociosanitaria en el norte provincial. Bajo la consigna “el Estado es responsable de las muertes en las comunidades wichí” pidieron por acciones concretas y claras.

Velázquez dijo que “todo este movimiento también exige la responsabilidad del Estado”. En este sentido, pidieron “políticas y acciones claras e inmediatas con los pueblos originarios y los pueblos del norte de la provincia”.

Tras las muertes de los niños en lo que va en el año, Velázquez afirmó que “no podemos dejar de contextualizar la situación en la que está la provincia. Estamos en una emergencia sociosanitaria y el Estado debe actuar”.

Desde la agrupación Juntas y a la Izquierda, su referente Ana Bautista afirmó que, “hasta ahora no se ve que haya mejoras y avances en ese marco”. “La única respuesta del gobierno es que no tiene presupuesto, pero necesitamos medidas urgentes”, indicó.

“Necesitamos que el gobierno empiece a actuar y que se deje de estar polemizando por los medios. Requerimos medidas concretas con respecto a salud, a la educación y con todo lo relacionado a género”, especificó.

En la jornada también se pedirá por la absolución a Higui, a quien en 2016 intentaron violar entre varios hombres después de constantes acosos por ser lesbiana. Tras intentar defenderse, terminó matando a uno de los agresores y desde ayer enfrenta el juicio oral por homicidio simple.

Se suman a las consignas el pedido por la salida del Fondo Monetario Internacional de Latinoamérica y la separación de la Iglesia y el Estado.