El centro clandestino de detención y exterminio conocido como “1 y 60” fue el primer eslabón del plan represivo montado por las fuerzas armadas y de seguridad en la ciudad de La Plata durante la última dictadura militar. Fue el primer “chupadero” que funcionó en la capital bonaerense, aquel que recibió a las y los primeros secuestrados en el minuto cero del 24 de marzo de 1976, cuando los milicos anunciaban su asalto al poder, y uno de los últimos en llegar a juicio en el marco del proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción platense. Después de cinco años de haber sido elevada la causa que lo investigó, el Tribunal Oral Federal número 1 definió que el debate oral y público comenzará el próximo 22 de abril.

“Es como si agarráramos el primer eslabón de la represión en la Provincia de Buenos Aires, como si empezáramos por el principio de la represión que se desplegó en La Plata”, indicó el fiscal Juan Martín Nogueira que junto con el fiscal general de esa jurisdicción serán los encargados de llevar adelante el juicio sobre los hechos que tuvieron como escenario a “1 y 60”.

Así se conoce al centro clandestino que el Ejército, la policía bonarense y la Policía Federal montaron en dos espacios lindantes dependientes de la fuerza local: la Dirección de Infantería, ubicada en las calles 1 entre 59 y 60; y el Regimiento de Caballería, localizado en la calle 60 entre 1 y 115. Son un grupo de galpones en donde los y las militantes, trabajadores y estudiantes en su mayoría, eran mantenidos esposados con los ojos vendados. Los fondos de esas dependencias dan al Bosque de La Plata. 

Por allí pasaron casi dos centenares de personas, en su mayoría trabajadores militantes del cordón fabril portuario de las afueras de la ciudad capital, entre marzo y diciembre de 1976, según sostienen los dos requerimientos de elevación a juicio presentados por Ministerio Público Fiscal al Juzgado de Instrucción federal número 1.

La importancia de que esta causa llegue finalmente a debate, destacó Nogueira, radica en que "Junto a los juicios que se avecinan por los crímenes del Pozo de banfield, el Pozo de Quilmes y la Brigada de Investigaciones de Lanús va cerrándose un ciclo que permite ver el mapa entero del plan sistemático de tortura y exterminio extendido en la Plata en sus diferentes etapas".  

El lunes pasado, fiscales, querellas y defensas participaron de la audiencia preliminar al juicio, encabezada por el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. En ese debate, los magistrados Ricardo Basílisco, Nelson Jarazo y Roberto Lemos Arias --subrogantes para esta causa-- definieron que el 22 de abril próximo comenzarán a juzgar a los acusados, entre militares, policías bonaerenses y federales, por 197 casos de secuestros y aplicación de tormentos; un caso de desaparición y varios de abuso sexual.

La lista de responsables que la Fiscalía había señalado en sus requerimientos de elevación a juicio, que data de 2015, contaba 30 nombres. Solo 19 quedaron vivos y en condiciones de ser juzgados. Raúl Muñoz, Enrique Welsh, Alberto Cribigan, Ismael Verón, Lucas Castro, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández y Emilio Herrero Anzorena son militares retirados y se desempeñaron en el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. La mayoría de ellos cuentan con condenas previas por delitos de lesa humanidad. Juan Rafael Pochelú, Carlos Alberto Leguizamón y José Luis Benítez integraron la Policía Federal de la Plata. Pochelú, de hecho, fue jefe de esa fuerza. José Forastiero, Claudio Mejías, Tomas D’Ottavio, Raúl Monzón, Adalberto Rincón, Juan Antonio Vidal y Alberto Pulvermacher integraron la Policía Bonaerense. Algunos, como Pulvermacher, Rincón, Forastiero y Mejías, llegan a juicio por primera vez. Carlos Castillo es el único civil: integró la CNU y está acusado de un solo caso.

“Este centro fue el primero que funcionó en La Plata. Las primeras personas detenidas, el mismo 24 de marzo, inclusive, fueron trasladadas a ahí, un lugar en donde la mayoría de los y las secuestradas eran trabajadores”, señaló Nogueira en diálogo con este diario. El fiscal, además, mencionó como otra característica particular de este centro que no funcionó como “destino final”, sino más bien como lugar de tránsito. “Algunas personas de allí eran trasladadas a la Unidad 9 o a la Unidad 8, blanqueadas; otras, liberadas. Solo algunas pocas permanecieron durante más de una semana”, sostuvo.

Se prevé que presten testimonio casi 200 testigos de los cuales unos 130 son víctimas sobrevivientes. De la lista original que presentó la Fiscalía años atrás, fallecieron 40. “Muchos de ellos declararán por primera vez y eso es algo a tener en cuenta ya que sus testimonios pueden ser puntas de ovillos para continuar desenredando el modus operandi, los partícipes y responsables del terrorismo de Estado en la ciudad”, apuntó el fiscal.