Si es caro, mejor 

Investigan daño patrimonial al municipio Capital por más de $460.000

El Tribunal de Cuentas Municipal inició un sumario. Es por adjudicación de trabajos del Programa de Recuperación de Plazas. En al menos tres casos se eligieron ofertas más onerosas. 
Sáenz, visitando plazas recuperadas Sáenz, visitando plazas recuperadas Sáenz, visitando plazas recuperadas Sáenz, visitando plazas recuperadas Sáenz, visitando plazas recuperadas 
Sáenz, visitando plazas recuperadas  

El área de Auditoría de Servicios Públicos del Tribunal de Cuentas Municipal de la ciudad de Salta detectó varias anomalías, algunas transgresiones formales y al menos tres expedientes de licitaciones en las que se optó por la oferta más cara.

La responsabilidad recayó sobre quien fuera director general de Contrataciones de Ambiente y Servicios Públicos durante la gestión del actual gobernador Gustavo Sáenz como intendente. Este funcionario, Francisco Randle, quedó designado en el área de Hacienda de la nueva gestión comunal, mediante un decreto del 11 de febrero de este año, pero fue excluido de esa designación, por otro decreto del 14 de febrero, apenas tres días después de su nombramiento.

De acuerdo a la promocionada recuperación de plazas barriales, la gestión de Gustavo Sáenz arregló, mejoró y puso en condiciones 235 espacios verdes en esta capital, tarea que encomendó al hoy secretario de Seguridad de la provincial, el coronel retirado Juan Manuel Pulleiro, aunque las licitaciones corrieron por cuenta del área de ambiente.

En todos los casos se licitaron trabajos de corte de césped, perfilado y limpieza de plazas municipales del macrocentro y las zonas norte, sur, sureste, este, y oeste de la Capital.

El Tribunal de Cuentas Municipal resolvió hacer un control de esos servicios y analizó 13 expedientes. Sobre uno de ellos, el área de Auditoría de Servicios Públicos reveló que no se respetó en forma estricta la forma de pago, recomendó cumplir con aspectos vinculados a la igualdad de posibilidades para los interesados y oferentes y con los plazos que establece el pliego de base y condiciones para evitar posibles reclamos de algún contratista.

En otro caso advirtió una falta formal por cuanto los informes técnicos de algunas contrataciones fueron emitidos por un funcionario no autorizado para ello, según el pliego de condiciones.

Luego indicó puntualmente que hay tres contrataciones en las que existiría daño patrimonial al municipio. En un caso, se recomendó adjudicar la licitación a la Constructora Argentina, cuya oferta fue un 21,86% por debajo del presupuesto oficial, cuando la menor de todas las ofertas de la empresa Álvaro Pérez Rodríguez era de un 35,27% por debajo del presupuesto oficial, es decir aproximadamente un 13,41% inferior al contratado.

El área de auditoría entendió que “no existe fundamento válido por el cual se decidió por otra oferta más onerosa para el municipio, por lo que existiría un posible daño patrimonial al municipio, que ascendería a $115.000,00”.

En otra licitación, la firma adjudicada fue “Ing. Guillermo Oscar Benítez” cuando la oferta más conveniente al municipio era un 34,92% por debajo del presupuesto oficial, correspondiente a la empresa Alvaro Pérez Rodríguez. La firma adjudicada ofertó solo un 2% por debajo del presupuesto oficial. Es decir que la diferencia representa un 32,92% aproximadamente, “sin que exista un fundamento válido por el cual se decidió contratar a otra oferta que resultó más onerosa para el municipio, con lo cual existiría un daño patrimonial que por $228.000”.

En otra licitación, la firma adjudicada fue María Francisca Albornoz y se rechazó la oferta más conveniente económicamente, que era un 35% inferior al presupuesto oficial, que otra vez correspondía a la firma Álvaro Pérez Rodríguez. La firma adjudicada ofertó un 22,50% por debajo del presupuesto, es decir una diferencia del 12,50%. “En este caso el rechazo de la oferta habría sido de tipo formal, por lo que no existiría un fundamento que sustente tal decisión. Por lo que existiría un posible daño patrimonial al municipio, que ascendería a $126.797,47”.

El área de Auditoría de Servicios Públicos del TCM indicó que ese posible daño al erario totaliza $469.797,47 e informó “que los presuntos responsables serían (en ese entonces) el director General de Contrataciones de Ambiente y Servicios Públicos, como firmante del acta de apertura de las propuestas y de las resoluciones de adjudicación y el entonces subsecretario de Ambiente y Servicios Públicos (Ignacio Martínez Sosa), como firmante del informe técnico.”

El plenario de vocales consideró que “de los hechos y conductas descriptas podría resultar daño a la hacienda del Estado Municipal" y el 20 de enero de 2020 ordenó la instrucción de un sumario administrativo, que está en curso.

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