En tierras desmontadas por un empresario ligado a Macri

Piden asistencia humanitaria para habitantes indígenas de Cuchuy

Se trata de tres poblaciones wichi que quedaron aisladas tras las lluvias y crecidas de ríos en la zona de General Ballivián, en el departamento San Martín.
Imagen: Gentileza Greenpeace

Familias de las comunidades Chorrito, Corralito y Laguna Cuchuy se encuentran aisladas desde hace unos diez días a causa de las lluvias y la crecida de ríos. Estas comunidades pertenecen a la jurisdicción de General Ballivián, en el departamento San Martín, y se encuentran a 48 kilómetros de esa localidad norteña. Tras la adquisición de las tierras por parte de Alejandro Braun Peña, algunas de estas familias fueron desalojadas de los lugares que ocupaban antiguamente y despojadas del monte que las rodeaba. El nombrado aparecía en la constitución de sociedad de las empresas de la familia Macri y es además el primo del ex jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.

“Nos queda sal y frangollo”, dijo Amancio Ángel, presidente de la comunidad de Chorrito, al hablar con Salta/12. El problema es que las aguas terminaron por cubrir una cañada que los separa del camino para salir de la comunidad. El manto de agua ocupa “unos doscientos metros de ancho y tres metros de profundidad por lo menos”. Ángel teme que en dos días se queden sin comida. Aunque sostuvo que ya están pasando hambre. Él pudo contar la realidad que atraviesan porque está del lado de Ballivián y a causa del aislamiento hasta ayer no había podido regresar a su comunidad.

“Ya vienen las clases pero la escuela está al otro lado de la cañada”, dijo Ángel. La lancha que serviría para cruzar está del otro lado de la cañada. Pero no hay quien la maneje. Para ello suele haber alguien que es designado por el municipio a cargo de Samuel Córdoba.

Los bolsones con mercadería son llevados una vez al mes. Pero nunca se sabe con certeza la fecha de llegada. Cada módulo cuenta con un kilogramo de harina, uno de arroz, uno de fideo y otro de frangollo. Medio kilo de lentejas y otro medio de yerba. Un botella de aceite. Sal, azúcar y leche. Pero hay familias numerosas a las que la mercadería se les acaba rápido. Es el mismo reclamo que se reitera en más de una comunidad originaria respecto de la asistencia alimentaria.

En Chorrito hay al menos 14 niñas y niños. Hace unos dos meses tuvieron una niña delicada a causa de la desnutrición, "pero menos mal que se pudo recuperar y ya está mejorcita”, contó Ángel.

Por el momento sí hay agua para consumo humano, pues cosecharon de la lluvia en un recipiente que junta hasta 11 mil litros. El referente wichi relató que les fue donado por una fundación. Pero si en las épocas de sequía el agua falta, “tomamos de las cañadas”.

Desmonte y despojo

La organización ambientalista Greenpeace dio a conocer el pedido de asistencia de Chorrito. En un comunicado la entidad recordó que la zona en donde viven las tres comunidades fue desmontada en el marco de las recategorizaciones que permitió el gobierno de Juan Manuel Urtubey. A través de un decreto, el ex gobernador permitió que zonas en las que no se podían desmontar fueran finalmente deforestadas.

La zona de la finca Cuchuy (donde se asientan las tres comunidades), se encontraba en categorías rojo y amarillo (o I y II respectivamente). Es por ello que las topadoras no podían pasar por esos lugares. Pero el área se puso en verde (o categoría III). No solo pasaron las topadoras, sino que las comunidades fueron obligadas a moverse con o sin acuerdos. El caso de Chorrito fue sin acuerdo. “Nos sacaron directamente”, recordó Ángel al mencionar lo acontecido en 2014.

A la quita de las tierras y el monte se le suma el despojo de cultura y alimento. Estas son comunidades cazadoras y recolectoras. Actualmente, para encontrar algo de monte “nos tenemos que ir a unos 30 kilómetros. Y además hay alambrados en las fincas y no se puede entrar porque si no te denuncian”, dijo Ángel.

Las causas de las muertes  

Greenpeace lamenta profundamente las recientes muertes de varios niños wichi en la provincia de Salta y advierte que la falta de reconocimiento y titularización de sus territorios, la deforestación, el agronegocio, la falta de acceso a agua potable, y la pobre asistencia alimentaria son las principales causas”, indicó la organización ambientalista.

En el comunicado se recordó que desde la entidad se “acompañó por largo tiempo la defensa de este bosque que la Ley de bosques protegía, resistiendo junto a los wichi, obstaculizando las maquinarias, con un campamento en el sitio, que finalmente fue desalojado. Alejandro Braun Peña (los) desmontó”.

Ante las reiteradas denuncias en 2018 salió la resolución 56 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial. En ella se respaldó el principio de no regresión ambiental garantizado por la Constitución Nacional; y se declararon ilegales 32 permisos otorgados por el gobierno de Salta para deforestar en áreas protegidas, a la vez que instó a la Provincia a suspender su ejecución y reforestar los lugares donde ya desmontados.

Tras ello el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer –a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el artículo 1°, el contenido de la resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.

Pero los instrumentos legales poco lograron, “el desmonte continuó y las topadoras siguieron arrasando ilegalmente los bosques nativos, hogar de los wichi”.

Salta es una de las provincias con más deforestación del país. Según datos oficiales, entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos.

En la nota dirigida al gobernador Gustavo Sáenz Greenpeace sostuvo que “dadas las críticas consecuencias que actualmente (estas personas) padecen, en gran parte por la deforestación, solicitamos que, como máxima autoridad, arbitre de forma urgente y efectiva los medios para que se cumpla la asistencia humanitaria en el marco de la Emergencia Sanitaria vigente, proveyéndoles de rápido auxilio, por cuanto son trece familias, en estado de refugiados climáticos, que se encuentran en situación crítica, deconociéndose estado de las otras cercanas, por falta de comunicación debido al aislamiento”.

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ