La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expuso la preocupación del organismo por el "procesamiento" de ex funcionarios del gobierno y personas relacionadas con la administración del ex presidente de Bolivia Evo Morales.
"La crisis postelectoral del año pasado causó al menos 35 muertes y 800 heridos, la mayoría ocurridas durante operaciones del Ejército y la Policía", señaló Bachelet el jueves durante el 43º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que también se abordó la situación Colombia, Venezuela, Chile, Guatemala y Estados Unidos.
La ex presidenta chilena ya alertó de la situación en diciembre al hallar "graves violaciones de los derechos humanos" durante las protestas que se produjeron tras la anulación de los resultados electorales ante las denuncias de un supuesto fraude electoral que generó el derrocamiento de Morales por parte de las Fuerzas Armadas y la asunción de Jeanine Añez como mandataria interina.
Bachelet se refirió a los distintos altos cargos y personas de confianza de Morales "que actualmente están perseguidos por la Justicia, acusados de delitos de sedición y terrorismo".
Son los casos de los antiguos ministros de la Presidencia y de Cultura y Turismo, Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, respectivamente, quienes permanecen junto a otras autoridades en la Embajada de México en Bolivia sin poder salir del país, detalló el reporte.
También, según el mismo registro, hay otros antiguos altos funcionarios que han sido encarcelados, como el que fuera ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, detenido esta semana tras ser acusado de haber ejercido de manera "indebida" su cargo.
Cocarico también fue acusado de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y prolongación de funciones, al designar de "manera irregular" a Juan Carlos León como encargado del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Una situación similar es la de Carlos Romero, antiguo titular del Ministerio de Gobierno, actualmente en la cárcel tras ser hallado culpable por un caso de corrupción detectado en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).
Por último, la colaboradora y abogada de Morales, Patricia Hermosa, también fue encarcelada tras ser acusada de haber mantenido conversaciones telefónicas con Morales mientras se hallaba bajo asilo político en la Argentina.
Este viernes, el gobierno interino de Bolivia calificó como un "ataque" contra el país las declaraciones de Bachelet. "No aceptamos ese ataque contra Bolivia", aseveró en un comunicado la Cancillería del país. El Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez manifestó su "desacuerdo" con estas declaraciones, al entender que "se alejan de la realidad".
"Llama la atención la subjetividad del informe. Subjetividad que refleja apreciaciones erróneas sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia", destaca el comunicado.
La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia añade que el gobierno interino "está comprometido con la promoción y protección de los Derechos Humanos", lo que a su juicio "no fue destacado por la alta comisionada".
En este punto, anuncia una Comisión de la Verdad, para realizar "una investigación amplia y profunda sobre todas las violaciones a los Derechos Humanos que abarcará no solamente hechos recientes, sino los hechos ocurridos durante los últimos 14 años", en alusión a la etapa en el poder de Morales entre 2006 y 2019.
"En distintos tribunales y en distintas organizaciones de Derechos Humanos, tanto en Bolivia como fuera de Bolivia, hay registrados cientos de casos sobre atroces violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante los últimos 14 años, las que incluyen casos extremos como ejecuciones extrajudiciales", agrega.
La Comisión de la Verdad debe ser conformada por "bolivianos independientes", además de "observadores internacionales imparciales que respeten la soberanía de Bolivia y que no atenten contra la democracia y la libertad", subraya.
El Ejecutivo provisional de Áñez denuncia de forma reiterada que durante el obierno de Morales hubo supuestas violaciones de derechos humanos que no fueron juzgadas.
La semana pasada pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cambiar a dos miembros argentinos de la misión que enviará próximamente al país para indagar sobre la violencia durante la crisis de octubre y noviembre de 2019, al dudar de su imparcialidad.
