Las grandes decisiones

La apertura de sesiones ordinarias de Alberto Fernández, enmarca las líneas que siguen y, aún más, las refuerza.

El pronóstico vuelve a ser sencillo tras otra semana cargada de tiranteces y nerviosismo, esta vez en dos ámbitos principales que también eran muy previsibles como focos de conflicto.

Es la aproximación de grandes definiciones. Ejecutivas, ya no retóricas. Se terminaron las vacaciones. Y eso, como fue comentado aquí hace un par de columnas, alude no sólo al período estival, sino al abierto tras el impactante triunfo del Frente de Todos en las primarias de agosto. Ratificación en octubre, después la asunción y al cabo el verano. Lo que concluye es ese bloque temporal, en que rigieron mucho más las expectativas --generales y sectoriales-- que las tomas de posición frente a medidas o anuncios específicos.

Es el caso de lo que parece ser el inminente y nuevo choque con “el campo”, según la definición unívoca que los sectores de derecha lograron imponer como si el concepto, por arte de magia, sirviese para meter todo en la misma bolsa. Pequeños, medianos y gigantescos productores.

En su artículo publicado en PáginaI12 (“¿Lo que se va vuelve?”, miércoles pasado), Pedro Peretti, ex director de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria, refresca ciertos números impresionantes. Nos tomamos la licencia de síntesis y redondeo.

Alrededor del 7 por ciento de los productores o empresas tienen entre 1500 y 10 mil hectáreas. Eso es un 37 por ciento del total, no solamente soja, de la producción agrícola. Son unas 16 mil personas físicas o jurídicas.

Y son unos 2500 productores, el 1 por ciento, quienes tienen más de 10 mil hectáreas. Esos recogen un 36 por ciento.

Significa que, en la Argentina de unos 46 millones de habitantes, menos de 20 mil ciudadanos o personas jurídicas producen casi el 74 por ciento de lo que se siembra y cosecha.

Como señala Peretti, una concentración agropecuaria bestial y enmarcada en la pregunta que continúa a semejantes cifras. “Cómo puede ser que 20 mil tipos (o emporios de razón jurídica) tengan de rehén a todo un país (…) y que (parte) de ellos asuman como suyo el discurso de sus expoliadores. Es un contrasentido difícil de explicar que un pequeño chacarero del sur santafesino diga que todos los productores son iguales”.

Y la gran mentira de que no se puede segmentar es “un rotundo triunfo político de la derecha”, pero también una “falencia notoria del movimiento nacional y popular (otra vez los errores en la comunicación, cabe agregar, aunque no sea el único componente), que nos obliga a una profunda autocrítica porque no tuvimos una correcta política para desbloquear intereses tan disímiles”.

Parece mentira que nuevamente se pudiera estar a punto de volver a ver una película que no termina de gastarse porque, en verdad, lo que no se agota nunca es el vigor del Partido Antiperonista.

No es tanto la cuestión de quienes verdaderamente expresan intereses de clase y casta, que sí es determinante en su poder de fuego real, sino de aquellos que asumen el discurso del verdugo.

Ya se habló de esto durante el choque por la 125, al margen de los errores implementativos. En ese entonces se multiplicaron las figuras para describirlo. Fueron resumidas, quizá, en la de tanta gente cuya maceta del balcón contiene toda la tierra que vio en su vida y que, sin embargo, fue, es, capaz de adjudicarse la defensa del “campo” como un asunto patriótico. O, peor, como una afectación directa a sus bolsillos.

Nada diferente, en la analogía, a lo sucedido durante el debate por la ley de Medios.

¿Se acuerdan de “TN puede desaparecer”; y de que la prensa gráfica “independiente” corría serio peligro siendo que la ley jamás la alcanzaba, y de que inclusive -en el acabóse del delirio propagandístico- se pretendía regular a Internet?

¿Cuánta gente compró ese discurso? ¿Fue acaso un episodio coyuntural o escenifica, insistamos, a esa parte de la sociedad que tiene activo poder simbólico en la representación de arrogarse, como propios, formidables intereses ajenos?

En el segundo caso protagonista de esta semana, no parece que la dinástica familia judicial lleve las de ganar en el favor público. Al contrario. Más allá de que los contenidos técnicos sobre el régimen especial del sector puedan tener deficiencias, serias, perturbar las prerrogativas de jueces y entenados concita simpatía popular.

La reacción corporativa de los envueltos por el propósito oficial da una buena idea de las dificultades, para ejecutar cada proyecto que toque --siquiera en grado de tibieza-- a los que podrán no ser “privilegiados” en su situación per se. Pero que sí lo son al compararse su nivel de ingresos con quienes están muy al fondo. Y con quienes se acercaron allí, dramáticamente, tras la desgracia macrista.

Que a propósito: el escándalo desatado por los cambiemitas, a raíz de la participación de Daniel Scioli para conformar quórum en el tratamiento del proyecto modificatorio de las jubilaciones de privilegio, también brinda imagen acabada de lo que es la oposición.

Puede polemizarse si fue una picardía con tintes legales irreprochables o dudosos, si se coordinó midiendo las repercusiones o se improvisó sin calcularlas, etcétera. ¿Interesa? ¿Tiene rango de debate nacional, o es una nimiedad mediáticamente aprovechada para clavarle los dientes al Gobierno? ¿El nudo del tema pasa por disquisiciones burocráticas o por la intención del proyecto?

Y sobre todo, ¿debería poder creerse que justamente la tropa macrista se escandalice por las formas institucionales, tras haberlas avasallado a diestra y siniestra y en torno de un tema sobre el que se desgañitaron hasta diciembre último, reclamando la derogación de los regímenes de privilegio sin haberla promovido jamás?

Como botón de muestra y aunque esta vez la voz cantante no la puso ella sino el cordobés Mario Negri, la reina del denuncismo, Elisa Carrió, habló de atropello a la Justicia pero después reconoció que no está de acuerdo sólo “con algunas cosas” que pretende el plan oficialista.

Mientras tanto, la madre de todas las batallas comenzará a resolverse, o no, en las próximas semanas. Ese es el período que ayer anunció el jefe de Estado.

El Presidente no lo dijo, por supuesto, pero está clara la hipótesis de que se defaulteará una sección de la deuda con los bonistas privados que no accedan (¿por qué deberían acceder? al tómalo o déjalo ya insinuado por el ministro Martín Guzmán. Y ratificado ayer por Fernández.

El Gobierno no tiene previsto a eso como la tragedia que terminará por aislar al país del mundo “serio”, al que sus portavoces mediáticos reclaman respetar cual testaferros directos (para quienes saben leer, sin mayor esfuerzo de interpretar entrelíneas).

La avanzada mediática, precisamente, también arreció esta semana.

Poder Judicial intimidado, “el campo” otra vez como pato de la boda, difusión de internas casi terribles en el gabinete, enojos del Presidente, parálisis en los ministerios, un Gobierno que no arranca, impaciencia  en el ala izquierda, graves enfrentamientos entre Máximo y Kicillof, Cristina detrás de cada movida al solo efecto de cercar a Alberto…

Nada se escapa, nada deja de inventarse, y/o nada queda sin estimular, desde la gran patrulla de los medios dominantes.

No importa que haya partes veraces o verosímiles en su ofensiva (por cierto, no las que victimizan a la crema del privilegio real).

Importa de qué lado volverá a verse -y actuarse- esta película que, históricamente, ya vimos chiquicientas veces.


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