A fines de febrero, el Congreso sancionó la denominada Ley de Góndolas, para regular un tramo de la cadena de valor en la distribución y exhibición de productos básicos de la canasta familiar, estableciendo topes para ocupar espacios en una góndola y promoviendo la exposición de un mínimo de marcas diferentes de cada producto como forma de fomentar una competencia igualitaria y promover la presencia de mercaderías de PyMes, cooperativas y la economía popular en los supermercados.

En temas tan sensibles y críticos como las capacidades de consumo de alimentos, la formación de precios y la desmonopolización de cadenas de producción y distribución, hemos avanzado en una posición mayoritaria que cree en la regulación de las vidrieras o góndolas exhibidoras como uno de los medios para fomentar diversidad en una economía que se encamina a cuidar más al mercado interno y pensar en garantizar el acceso a bienes y servicios para quienes menos tienen.

¿Qué ha pasado en nuestro país y el mundo respecto de las “góndolas” donde se exhiben las producciones audiovisuales?

Desde hace ya medio siglo, las salas de cine tienen pisos de visibilización de las películas nacionales a través de las llamadas “cuotas de pantalla” y “medias de continuidad”, además de las incorporaciones más recientes de salas como el cine Gaumont, los espacios INCAA y las plataformas digitales públicas Cont.ar y Cine.ar.

También la televisión abierta analógica, la TDA y la televisión de pago tienen disposiciones de obligatoriedad de exhibición de producciones locales, nacionales y de coproducción o compra de derechos de películas (Ley 26522 vigente), además de las obligaciones de retransmisión de señales o “mustcarry”, todo esto incumplido en su contralor y desdibujado por la anterior gestión de gobierno nacional.

Transitamos tiempos de profunda crisis de inversión pública y privada, con “herencias recibidas” de relaciones de poder y formas de gestionar lo público. En la producción, distribución y exhibición de películas, series de ficción, documentales, programas infantiles, eventos en vivo, etc., resulta crucial la capacidad institucional del Estado como redistribuidor del poder simbólico para paliar situaciones deconcentración y dedependencia.

Hoy, es prioridad la soberanía alimentaria: es evidente que no se puede tener ideas claras ni focos múltiples con la panza vacía y deudas sobre los hombros. De la mano de esta reparación histórica vienen muchos derechos más: a la educación, la salud, la cultura y la información, entre tantos.

Una mirada de política social, productiva y generadora de empleo respecto de los sistemas de comunicación masiva, en tiempos de digitalización y plataformas globalizadas, deberá actualizar las medidas de fomento: más pelis y series nacionales con acentos regionales, con las temáticas diversas, producidas y coproducidas con grandes y pequeños jugadores del sector.

Garantizando su visibilidad en todas las pantallas: los catálogos VOD, las redes sociales de alcance masivo y los lugares públicos de exhibición –por qué no los transportes donde viajan millones de personas o las oficinas oficiales donde se hacen trámites-, son ámbitos generadores de sentido comunitario donde deben evitarse potentes hegemonías culturales y restricciones de mercado al acceso o circulación de bienes simbólicos.

La Ley de Góndolas –no porque sea la solución última del problema- nos lleva a revisar la necesidad y pertinencia de formas de garantizarla exhibición de producciones culturales, informativas y educativas en todas las pantallas y los públicos de nuestro país.

* Diputado Nacional FDT por Córdoba @pablocarrook

** Asesor Bloque FDT y especialista UBA-UNDAV @diegodrossi