La saga de reestructuración de la deuda avanza en una nueva etapa, los tires y aflojes con los bonistas privados en torno a la quita que deberán afrontar. El gobierno logró cierto apoyo del FMI en cuanto a declarar la deuda como “insostenible” y requerir a los bonistas “una contribución apreciable”. 

Pero algunos fondos privados no se conmovieron al respecto e indicaron que no aceptarán quitas de capital sino tal sólo moderadas bajas en la tasa de interés y algún tiempo de gracia para empezar a cobrar. Para justificar su poca apreciable contribución, señalaron que Argentina es solvente y sólo afronta problemas transitorios de liquidez. Es decir, el problema no sería el stock adeudado sino tan sólo el cronograma de pagos, muy concentrado en los próximos años.

El stock de la deuda pública asciende a 320.000 millones de dólares, de los cuáles 125.000 millones se encuentran en poder de organismo públicos (principalmente Anses y Banco Central) por lo que no configura un riesgo relevante para el Tesoro. Dentro de los 200.00 millones restantes, 73.000 millones de dólares son los que tienen otros tenedores institucionales como el FMI y el Club de París, mientras que 126.000 están en manos de tenedores privados.

La deuda con el sector privado se diferencia, fundamentalmente, por la moneda y la legislación. En términos de legislación, está balanceada entre un 47 por ciento -54.200 millones de dólares- que se rige bajo legislación local y un 53 por ciento -64.500 millones de dólares- que se rige bajo legislación extranjera (principalmente, la de Nueva York).

Frente a dichos números, el superávit de comercio de bienes y servicios de los últimos cuatro años fue de unos 2500 millones de dólares anuales. Esa cifra debería alcanzar para cubrir no sólo el pago de intereses y amortizaciones de la deuda, sino también la remisión de utilidades de las multinacionales y la dolarización del excedente que logre saltar las restricciones cambiarias. Por otro lado, ese superávit fue el resultado de una economía que se contrajo en dicho período en casi un 1 por ciento anual, por lo que una recuperación de la actividad podría tornar rápidamente el superávit comercial en déficit. A favor, se puede señalar que una política firme de restricción de importaciones y el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales podrían aportar un excedente de divisas adicional.

Con una mirada optimista y asumiendo una economía en crecimiento vegetativo, Argentina podría pagar entre 2000 y 3000 millones de dólares entre intereses y amortizaciones de deuda en la próxima década. Esa cifra representa entre el 1,0 y 1,5 por ciento de la deuda total (sacando el sector público), entre el 1,5 y 2,4 por ciento de la deuda con acreedores privados; es decir, tasas de financiamiento implícitas que sólo consiguen los bonos del gobierno norteamericano. 

De esa manera, no quedan dudas que Argentina enfrenta un problema de insolvencia, y no sólo de liquidez. La sustentabilidad de la deuda requiere quitas de entre el 75 y el 50 por ciento de parte de los bonistas privados, según sea también el cronograma de pagos pactado con el Fondo.