La Justicia de la provincia de Santa Fe abrió el concurso de acreedores de la empresa Vicentin, una de las principales agroexportadoras de la Argentina, por casi 100.000 millones de pesos. El juez de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, hizo lugar al pedido que había formulado la compañía el mes pasado, para enfrentar una deuda que ronda los 1.350 millones de dólares. De ese total, unos 1.000 millones son deuda con entidades bancarias, y el resto con firmas del sector agrícola. El concurso fue tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia Distrito N° 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista.
En el fallo se detalló la lista de acreedores: 1.895 por compra de granos, 586 de bienes y servicios, 37 financieros, 19 fiscales y aduaneros, 98 accionistas y tres sociedades vinculadas. En total, existen 2.638 legajos por una suma de 99.345,2 millones de pesos.
Menos de la mitad de la deuda bancaria es entidades locales. Dentro de este último grupo, el Banco Nación es el principal acreedor con 18.000 millones de pesos, seguido por el Provincia de Buenos Aires con 1.600 millones de pesos y el BICE con 5 millones de pesos. Al momento de solicitar el concurso de acreedores, Vicentin aseguró que "se propone continuar trabajando con sus proveedores y productores granarios sobre la base de las condiciones ya planteadas, como así también seguirá manteniendo las conversaciones avanzadas con el Banco Nación y demás instituciones oficiales y con el resto de las instituciones financieras".
"Todo ello con el objeto de llegar a un acuerdo general apoyado en un plan de negocios sustentable sobre esas bases y en el marco de este nuevo contexto", señaló. La empresa argumentó que la situación financiera que atraviesa es consecuencia de la volatilidad de los mercados internacionales, el endeudamiento comercial, las condiciones climáticas adversas, la importación de materias primas de Brasil y Estados Unidos y "el abandono por parte del Gobierno nacional en 2018 de las políticas arancelarias que promovían la mayor rentabilidad del sector".
El relato empresario contrasta con el duro diagnóstico que trazó el Banco Nación. El modus operandi del grupo Vicentin en la provincia de Santa Fe escandalizó esta semana a la Legislatura. El informe del director del Banco Nación Claudio Lozano sobre el “trato privilegiado” que tenía el grupo, la impunidad con la que se movía y la “protección política” del gobierno de Mauricio Macri impactó tanto en los legisladores de todos los bloques que antes de que terminara el plenario, decidieron crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.
Lozano describió el entramado societario de Vicentin, sus ganancias fabulosas y cómo el Banco Nación le otorgó el crédito por 18.000 millones de pesos, violando sus propias normas y mintiéndole al Banco Central, que ahora la empresa no quiere devolver. Una de las pruebas de ese “trato privilegiado” –dijo Lozano- es que mientras Vicentin dejaba de pagarle al Banco, tenía al mismo tiempo una cuenta en la sucursal Reconquista de la entidad que, entre agosto y diciembre de 2019, acumuló 795 millones de dólares que debían garantizar el crédito.
El ex presidente del Banco Javier González Fraga y el directorio “podrían haber ejecutado” esas garantías y recuperar esos 300 millones de dólares, pero no lo hicieron. Y mencionó otra de las pruebas: el trato directo del presidente de Vicentin Alberto Padoan con Macri, cuando los funcionarios de línea del banco “intentaban poner en caja” al grupo, González Fraga los desplazaba de las tratativas. Y así, Lozano señaló en la primera fila de responsables políticos al propio Macri, a González Fraga, a un santafesino que integraba el directorio del Banco: el ex diputado de la Ucedé Carlos Castellani, a Padoan y al otro directivo imputado en la causa penal: Gustavo Nardelli.
