Hace unos días, el secretario de Ingresos Públicos de la provincia, Diego Dorigato, había informado que no se suspendían los vencimientos y pagos de actividades económicas de la Dirección de Rentas. “Necesitamos ese respaldo económico”, había dicho el funcionario. 

Sin embargo, tras la primera reunión del Consejo Económico y Social, fue el mismo ministro Dib Ashur, quien dio marcha atrás con la decisión y anunció que se postergarán los vencimientos hasta el primero de abril.

Es que en la primera reunión del año del Consejo de la que participaron funcionarios y representantes de instituciones sociales y económicas de la provincia, el tema central fue el impacto que el parate por la pandemia del coronavirus está generando en la economía salteña.

Al finalizar el encuentro, y tras los pedidos de los sectores productivos y comerciantes de la provincia, Dib Ashur difundió las nuevas medidas adoptadas por la Dirección General de Rentas (DGR) de Salta. Entre ellas, la prórroga hasta el primero de abril del vencimiento de los impuestos a las actividades económicas, inmobiliario, rural y de sellos.

Aclaró que esa prórroga sólo correrá para quienes tienen vencimientos originales entre el 16 y el 31 de marzo. A su vez, ratificó la feria administrativa desde el 17 y hasta el 31 de marzo.

No obstante, esas medidas no fueron suficientes para los comerciantes, pequeñas y medianas empresas que aseguran que si no abren sus puertas en estos días y ante la dificultad de comercializar, no tendrán con qué pagar en abril.

Anticipándose a la reunión, la Cámara de Comercio e Industria de Salta había emitido un comunicado en donde solicitaban la declaración de emergencia económica de la provincia. En ese marco, pedían la “exención del pago de ingresos brutos e impuestos municipales durante el período que dure la medida”.

Daniel Betzel, presidente de la Cámara que agrupa a comerciantes e industriales salteños, indicó a este medio que las medidas son insuficientes. “Coincidimos en que tenemos que estar todos juntos y cuidarnos con la mayor seguridad posible. Pero el primero de abril no vamos a tener plata para pagar. Por eso pedimos que no nos cobren por 30 o 60 días”.

Betzel confesó que están muy preocupados “con el pago de salarios” y de alquileres.

Por eso, entre los pedidos que acercaron los comerciantes al Ejecutivo provincial se encuentra el de solicitar al gobernador Gustavo Sáenz “que negocie en Nación el no pago del impuesto 931 de AFIP”, que se refiere a los aportes patronales.

Betzel aclaró que quieren estar incluidos en la medida nacional “que determinó eximir a los sectores de hotelería, restaurantes y espectáculos de ese impuesto, queremos que también sea para todos los comercios de Salta”.

También solicitaron al ministro de Economía que se estipule una línea de créditos blandos “para poder pagar alquileres”.

El representante rechazó la medida que tomó el presidente francés, Emmanuel Macrón, de suspender el pago de alquileres, “hay integrantes de la Cámara cuyo negocio justamente se sostiene vía el alquiler para el comercio”, aseguró. Y agregó que esos empresarios pegaron el grito pidiendo que “no se metan con la parte privada”.

“En definitiva, si declaran la emergencia económica van a poder destinar fondos para el sector”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

En el mismo sentido se manifestó la presidenta de la Cámara PyME de Salta, Solana López Fleming. 

Aunque reconoció que no es momento “para patalear y ponerse a exigir al Estado cuando todos tenemos que tirar para el mismo lado contra el coronavirus”, la dirigenta solicitó algunas eximiciones como la de las cargas y aportes patronales (el impuesto 931) y cuotas sindicales (Faecys e Inacap) para poder sostener los puestos laborales.

La CPyMES lanzó un comunicado de solidaridad a la sociedad:

En consonancia con Betzel, López Fleming criticó la medida de postergación del vencimiento del impuesto provincial a las actividades económicas. “El primero de abril no vamos a tener con qué pagarlo si no vendemos, esperamos que revean la medida”, dijo.

La primera reunión del año del Consejo Económico y Social estuvo encabezada por el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes, y estuvo acompañado por el vicegobernador Antonio Marocco y los ministros de Salud, Producción, Gobierno, Infraestructura, Economía y Turismo.

El ministro de Economía anunció otras medidas de Estado tendientes a mitigar las pérdidas del sector del comercio y la producción, como la de no iniciar nuevas ejecuciones fiscales, salvo en los casos de prescripción inminente, prorrogar las constancias de exención hasta el 31 de mayo y suspender las inspecciones y clausuras por la feria administrativa.

Hace unos días, el Ministerio de Economía de la Nación informó las medidas de ayuda al sector, que incluyen la eximición del pago de contribuciones patronales y la ampliación del programa de Recuperación Productiva (REPRO), pero para los sectores vinculados al entretenimiento, turismo y hotelería.

También se destinaron $100 mil millones para obras públicas, que serán destinados a obras viales, construcción de viviendas y escuelas, y para el sector del turismo.

Se relanzó el PROCREAR, el programa de créditos para la construcción que tendrá tres líneas: "construcción", "refacción de vivienda" y "mantenimiento de los hogares".

También se lanzó una línea de créditos para la producción que consistirán en asistencia financiera para el sector productivo por $350 mil millones, focalizado en las Pymes. Así como se creará la Red de Soluciones Digitales, con asistencia de cámaras de software y empresas líderes, para dar asistencia digital a las Pymes.

Se relanzará el Programa Ahora 12 con el objetivo de fomentar las compras virtuales para pymes, y un plan por 3 mil millones de pesos para que 48 parques industriales del país puedan mejorar e incrementar su infraestructura.

Anuncio de la OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) evaluó que el parate de la actividad económica tendrá fuertes consecuencias en materia laboral, y compara este momento con los efectos del desplome de 2008-2009.

El organismo internacional determinó que "la crisis económica y laboral provocada por la pandemia del COVID-19 podría aumentar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas" y planteó que son necesarias medidas coordinadas e inmediatas.

La OIT estimó que entre 8,8 y 35 millones de personas más, sin contar los que pierdan su fuente laboral, estarán en situación de pobreza laboral.