A cinco meses del golpe de Estado contra Evo Morales

Bolivia: Cómo es vivir en la embajada asediada de México

Ni el cerco con drones, ni las interferencias a las comunicaciones del grupo de exfuncionarios impidieron que ahora se lea extramuros el trabajo del asilado Hugo Moldiz. 
Imagen: EFE

El próximo viernes se cumplen cinco meses del golpe de Estado contra Evo Morales. El presidente derrocado sigue en la Argentina, varios de sus funcionarios desparramados por diferentes lugares de América Latina, unos pocos regresaron a su tierra como el ex ministro de Economía Luis Arce Catacora y siete de ellos todavía permanecen en la embajada de México en La Paz como rehenes del gobierno ilegítimo de Jeanine Añez. La nación que les dio asilo cambió de representante diplomático en enero porque María Teresa Mercado fue declarada persona no grata y tuvo que abandonar Bolivia en 72 horas. Dos ex ministros del MAS salieron con salvoconductos en febrero después de estar sitiados casi tres meses en la legación mexicana. Pero en medio de la pandemia mundial, si hay algo que no se modificó es el asedio a la residencia capitalina de Julio Patiño 834. Incluso suelen verse militantes oficialistas en las inmediaciones en pleno avance del coronavirus. Ya son 157 los contagiados reportados en el país. Pero ellos mantienen su vigilia en las calles para presionar a los refugiados.

Pese al contexto desfavorable, no todas son malas para Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia de Evo y la comitiva de ex funcionarios que lo acompaña en la embajada. Aquel es el hombre más buscado por las autoridades de facto. Arturo el Trompo Murillo, el actual ministro de Gobierno, declaró en el New York Times que había salido a “cazarlo como un animal” a los pocos días del golpe. También es una presa codiciada para la CIA que le presta servicios de asesoramiento y logística al gobierno de Añez. Uno de sus compañeros de encierro, el exministro de Gobierno Hugo Moldiz acaba de publicar el libro Golpe de Estado en Bolivia. Consiguió escribirlo en su condición de asilado y difundirlo afuera de la residencia ubicada en el barrio La Rinconada que habitan las clases acomodadas paceñas y donde funcionan varias sedes diplomáticas.

El régimen golpista quedó en rídiculo con esta publicación que prologó el politólogo argentino Atilio Boron. Ni el cerco con drones a la embajada, ni las interferencias a las comunicaciones del grupo de ex funcionarios, ni las órdenes de detención por “sedición” y “terrorismo” que pesan sobre Quintana impidieron que ahora se lea extramuros el trabajo del abogado y periodista Moldiz.

Él mismo contó durante una entrevista que “empecé a escribir el libro con las limitaciones de acceso a bibliografía, la cual fue resuelta en parte gracias a la colaboración de mi hija Kim quien, cada vez que venía, me traía los libros solicitados. No pudo conseguir todo, pero si los suficientes”. Junto a Quintana y Moldiz permanecen en la embajada Wilma Alanoca Mamani, la única mujer asilada. Cuando ocurrió el golpe era ministra de Culturas y Turismo. Es una importante militante del MAS en El Alto y periodista. Siguen junto a ella los ex ministros Javier Zabaleta (Defensa) y Héctor Arce Zaconeta (Justicia), Nicolás Laguna (director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación) y el gobernador de Oruro, Víctor Vázquez. Sobre todos pesan cargos judiciales que no les permitieron salir de la sede diplomática.

En cambio, a principios de febrero el exministro de Minería César Navarro y el ex viceministro de Desarrollo Rural Pedro Damián Dorado recibieron salvoconductos para abandonar el país aunque la pasaron mal antes de abordar un avión hacia México. En el aeropuerto de El Alto fueron arrestados con violencia pese a que tenían los papeles en orden. El incidente diplomático fue provocado por un jefe policial y un fiscal que alegaron la existencia de una orden de detención contra ambos. Al final intervino el Ministerio de Gobierno que forzó la salida de los dos ex funcionarios y divulgó un comunicado donde expresó que la detención se debió a una “descoordinación” entre las autoridades y el poder judicial.

Edmundo Font López, el flamante embajador mexicano, presenció toda la escena. Había reemplazado unos días antes a Mercado quien fue declarada persona no grata por el régimen boliviano y expulsada del territorio por el papel clave que cumplió en el asilo a los colaboradores del presidente depuesto. Corrieron la misma suerte la encargada de Negocios de España Cristina Borreguero y el cónsul de ese país Alvaro Fernández. El gobierno mexicano reconoció la gestión de su diplomática en la crisis y la promovió a un cargo más alto. “La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anuncia que en uso de las facultades que le confiere la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a recomendación del canciller Marcelo Ebrard, otorgó el ascenso al rango de embajadora a la ministra María Teresa Mercado Pérez”, señaló el gobierno de México en un comunicado.

Los asilados llevan casi cinco meses encerrados en la residencia de tres plantas ubicada en la calle Julio Patiño 834 pero aprovechan el tiempo al máximo y denuncian lo que está pasando en su país. Moldiz presentó en su trabajo varias tesis sobre el golpe de Estado y en una de ellas habla de que “organismos internacionales, principalmente la OEA, jugaron un papel activo en la aplicación de la estrategia de la derecha y de Estados Unidos para derrocar a Morales, quien por la ingenuidad de parte de su equipo de relaciones exteriores le abrió la puerta de acceso al nefasto Luis Almagro, olvidando la triste historia de la OEA en América Latina. Obviamente, detrás de todo eso siempre estuvo la mano de Estados Unidos”.

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