A partir del mediodía, la comisaría 1ª de Pergamino será escenario de un peritaje pedido por el fiscal Néstor Mastorchio, que intenta dilucidar las responsabilidades por la peor masacre ocurrida en una comisaría: el jueves 2 de marzo, siete personas detenidas en una celda murieron por efecto del humo que despedían los colchones (no ignífugos), prendidos fuego como protesta por el encierro temprano, y que no tuvieron asistencia policial. O sea, los dejaron morir como ratas. Otros doce que se encontraban en dos celdas contiguas, lograron sobrevivir. Los resultados en los que concluya el peritaje y la investigación serán parciales: durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la política de detenciones en territorio bonaerense alcanzó su punto más álgido, y el nivel máximo de presos en comisarías, con un 172,8 por ciento de sobreocupación, lleva a la conclusión de que le tocó a Pergamino como le podría haber tocado a cualquier otra localidad. Como agregado, la respuesta estatal a la angustia lógica de los familiares fue cascos, escudos y balas de goma. No debería sorprender. En diciembre, la misma intendencia respondió con balas de goma al reclamo vecinal por las inundaciones.
El peritaje –Mastorchio se negó a considerarlo como una reconstrucción del incendio– tendrá tres momentos diferentes: el primero apunta a la comprensión espacial, la ubicación de los 19 detenidos, el tamaño de las celdas, donde se produjo el foco del incendio, donde estaban ubicadas las siete víctimas y los 12 sobrevivientes.
El segundo momento tiene que ver con los decibeles, es decir, cómo circulaban los ruidos en la seccional. El objetivo es determinar si los gritos de auxilio de los presos eran escuchados por los uniformados.
El tercero, intentará determinar de qué manera se inició el incendio.
Según las versiones surgidas tanto desde la fiscalía como desde la defensoría, dos detenidos que tenían pica entre sí (pica sobre la que estaba al tanto la Bonaerense) fueron incluidos en la misma celda. Un funcionario, sin precisar la medida, las describió como “celdas grandes”. Aunque no fueron confirmadas (el dato se tendrá con precisión hoy), las medidas de las celdas rondarían los 16 metros cuadrados. Con siete personas dentro, el tamaño pasaría a tener otro valor: dejaría una superficie de 2,30 metros cuadrados para cada uno, es decir, un cuadrado de un metro y medio por lado para gozar individualmente.
La información periodística que circuló inmediatamente después del incendio, subrayando el perfil violento de los detenidos como explicación de la peor masacre en la historia de las comisarías del país, queda relativizada con un ínfimo cálculo de la imaginación, si se tiene en cuenta lo violento que resulta en sí mismo un cuadrado de un metro y medio por lado provisto por el Estado. Por mucho más espacio, hubo fallos protectivos hacia una orangutana.
Según las versiones que circulaban hasta ayer, los dos presos que se tenían pica, al salir al patio se pelearon y se armó una batahola. Como castigo, los bonaerenses encerraron a todos en las tres celdas habilitadas, dos con seis presos y una con siete. Volver a caminar un metro y medio por lado es motivo de furia. En la celda de los siete se inició una protesta con la quema de un colchón no ignífugo, pese a que la experiencia del penal de Magdalena (35 muertos al inhalar el humo de los colchones) indicaba que debían tener colchones ignífugos.
La Comisión Provincial por la Memoria interviene en el caso en representación de las familias de tres de las víctimas, Sergio Filiberto, detenido desde el 18 de enero; Franco Pizarro, desde el 23 de enero; y Fernando Latorre, que llevaba 110 días (desde el 12 de noviembre) con su metro y medio por lado. La CPM exigió “a las autoridades provinciales asumir su responsabilidad, ordenar una investigación profunda de los hechos y clausurar, de forma inmediata, todos los calabozos de las comisarías de la Provincia”. La CPM consideró a las siete muertes como “muertes anunciadas” y anunció que “se repetirán si no se adoptan medidas urgentes”.
