"Queremos que los internos que tienen hoy la libertad transitoria, es decir que van y vienen solos de sus casas, puedan tener la detención domiciliaria, al igual que aquellos que ya tienen la libertad condicional y la asistida, y que en muchos casos tienen sus plazos vencidos entre tres meses y un año. No estamos pidiendo alegremente que abran las puertas de la cárcel sino que respeten los derechos de gente que ya tiene ganada su libertad. ¿Qué va a pasar si se enferma alguno de ellos acá adentro?" pregunta Marcelo Priotti, un veterano tras las rejas y la voz más clara en la mesa de representación de los 1.600 internos de Coronda. 

Vale aclarar que a la libertad condicional se accede cuando se tiene cumplida las dos terceras partes de la condena, mientras la libertad asistida se aplica a los reincidentes, solo si tienen buena conducta y concepto, por lo cual se lo puede beneficiar con el descuento de seis meses del plazo de su sentencia.  El delegado de Coronda asegura que "la anterior administración provincial no aplicó todos esos plazos y sumió al Servicio Penitenciario en una profunda crisis".

Priotti encabeza una mesa de diálogo en el penal de Coronda que tiene --según sus dichos a este diario-- "80 personas privadas de su libertad que podrían acceder hoy mismo a su liberación, porque tienen sus plazos vencidos, porque los jueces no hicieron su trabajo, mientras hay otros 60 detenidos que podrían acceder a la detención domiciliaria porque ya tienen ganada la libertad transitoria". En tanto, según el delegado de Coronda, hay 30 presos considerados como población de riesgo que deberían estar en  resguardo en otro lugar. 

Mientras tanto, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Daniel Erbetta terció en la polémica pública y sostuvo que “no es bueno que las cárceles estén superpobladas y mucho menos ahora, en el medio de la covid-19″. En este sentido, consideró que “habría que analizar caso por caso y no generalizar” y explicó: “En Santa Fe, los casos vinculados a personas privadas de su libertad y la covid-19 se resuelven individualmente y es responsabilidad de cada juez y, eventualmente, del camarista que intervenga”. Asimismo, si bien consideró que “el que comete un delito tiene que pagar por lo que hizo” señaló que “el castigo es la privación de la libertad; cualquier otra cuestión que la exceda, es responsabilidad del Estado y debería corregirlo”.

“El derecho a la salud y la integridad física de una persona privada de su libertad, es un derecho constitucional; te puede gustar o no, pero es así y debe respetarse. Tendría que haber políticas sanitarias dentro del establecimiento para evitar contagios”, aseveró el ministro.

 

A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio "bajaron los delitos comunes como los delitos contra la propiedad, integridad sexual, homicidios, entre un 60 y un 70 por ciento"

 

El propio fiscal general Jorge Baclini confesó que se liberaron a 303 reclusos en Santa Fe entre el 20 de marzo –fecha de entrada en vigencia de la cuarentena– y el 20 de abril. Aseguró que ese número es "similar" al que tienen habitualmente las unidades penitenciarias por mes, ya sea por vencimientos de penas o por libertades condicionales. Según fuentes judiciales, en Rosario solo hubo diez domiciliarias por la pandemia y 14 de Ejecución (libertades condicionales por otras causas).

Baclini enfatizó que las liberaciones otorgadas a los internos de las cárceles santafesinas obedecen a "causas objetivas", como libertades condicionales o vencimientos de penas, y consideró que la situación actual por la pandemia del coronavirus "no amerita" que desde el Poder Judicial se tome la decisión de liberar presos.

"Instruí a los fiscales para que se opongan a los pedidos de libertad por covid-19. La instrucción fue hecha el 21 de marzo, el día después de la cuarentena. Me parecían imprudentes los planteos masivos. Se tienen que analizar caso por caso", explicó en diálogo con Radio 2.

El jefe de fiscales añadió que los motines o las tensiones en las unidades penitenciarias pudieron generar una suerte de "presión", pero aseveró que no influyeron en la toma de decisiones de la justicia. "Tenemos presos liberados, la misma cantidad que se maneja en el estándar. Si medimos las liberaciones: entre el 20 de febrero y el 20 de marzo hubo 284; entre el 20 de marzo y el 20 de abril hubo 303. Hay una pequeña diferencia, pero ese número se puede mover por casos de liberaciones por libertades condicionales o vencimientos de pena", expresó.

Por otro lado Baclini, subrayó que desde la puesta en marcha del aislamiento social, preventivo y obligatorio "en general, dependiendo de la zona, bajaron los delitos comunes como los delitos contra la propiedad, integridad sexual, homicidios, entre un 60 y un 70 por ciento en toda la provincia. Los homicidios bajaron sustancialmente", concluyó.