"Les bajo la línea en términos más suaves, pero se convirtió en la prioridad número uno cuidar a los viejos. Los llamados van a tener que hacerlos desde sus teléfonos, los financian con los sueldos que están cobrando y no están haciendo nada, ¿okey? La alternativa es reducción de sueldo o tomar una decisión más drástica. No lo tomen como una amenaza, simplemente como una obligación civil que tenemos como empleados públicos. Todos tienen que llamar, el que no llama, se va", indica, categórico, un funcionario del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. El audio, viralizado hace unos días en las redes, condensa lo que varios trabajadores y trabajadoras estatales vienen denunciando, en voz baja y estricto anonimato, desde que empezó la cuarentena: las actividades de voluntariado que el gobierno porteño impulsa para enfrentar la pandemia no son tan voluntarias. Por el contrario, son ellos y ellas, estatales con contratos precarios, quienes se ven obligados a cumplir estas tareas "voluntarias" por miedo a quedarse sin trabajo.
"Mi primer 'no' fue cuando nos convocaron a hacer las visitas a los hoteles. El segundo fue cuando nos preguntaron si podíamos participar de los vacunatorios. Siempre nos resaltaban que era voluntario y yo decía que no porque tenía en mi casa un familiar en estado de riesgo. Ya la tercera vez, cuando nos pidieron que empezáramos con los llamados, dieron por entendido que iba a participar", cuenta Marina, una joven trabajadora del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Marina no se llama Marina pero, al igual que todas las trabajadoras que dialogaron con Página/12, pide que que se reserve su identidad por miedo a las represalias. "Como contratada siento la presión. A principio de año bajaron un montón de contratos y otros tantos quedaron en duda. El mío no, pero el de otros compañeros sí. Es un fantasma que ronda, todos tenemos ese miedo", explica Marina.
"La gente está nerviosa, con miedo a perder el trabajo si se niega a participar. Acá somos todos monotributistas y, si bien en nuestra área no llegaron audios del estilo de Hacienda, sí recibimos presiones aunque más maquilladas", explica Verónica, trabajadora en otra área del Ministerio de Cultura. "Yo me terminé anotando para cubrir a quienes trabajan en mi área que cobran sólo 20 mil pesos y son a quienes más están presionando. Tienen demasiado miedo para hablar", comenta, indignada.
Las tareas que los y las trabajadoras estatales están obligadas a cumplir se inscriben en los programas de voluntariado que el gobierno porteño impulsó cuando comenzó el aislamiento social obligatorio: atender los hoteles en los que se hospedan los argentinos repatriados - ya sea para recibir a los contingentes, ocupar el mostrador o llevar las comidas -, ayudar a coordinar los centros de vacunación, repartir viandas en escuelas y, el más común, trabajar en un call center que brinda información a las y los adultos mayores. En un principio, según explicaron las denunciantes a Página/12, la participación era genuinamente voluntaria. Pero, a medida que el tiempo pasaba y muchos se negaban a participar por el miedo a la exposición al virus, la presión comenzó a aumentar. Así fue cómo comenzaron los aprietes.
"Llegaban millones de mensajes diciendo que teníamos que participar, diciendo que 'tal y tal' estaban 'en capacidad ociosa' y por lo tanto deberían anotarse. Toda la comunicación la manejaban por WhatsApp, nunca una hoja membretada o un protocolo", explica Verónica. "Nos llegaban las ordenes a través de audios reenviados del gerente de área en los que decía que necesitaban voluntarios. Yo me negué porque mi compañero es de riesgo y ahí me empezaron a dar vueltas, a insistirme con que necesitaban gente y a jugar, de manera indirecta, con el hecho de que era contratada. Les dije que me enviaran el pedido por mail y nunca lo hicieron", narra, por otro lado, Laura, trabajadora del Ministerio de Educación que ahora se dedica a hacer llamados telefónicos a adultos mayores.
Reasignación de tareas
El 17 de marzo, Horacio Rodríguez Larreta emitió un decreto que habilitaba a modificar el lugar de trabajo y las tareas que realizan los y las trabajadores del Estado "para hacer frente a la atención de la situación epidemiológica". En este sentido, aquellos que no estuvieran cumpliendo tareas esenciales deberían ponerse a disposición de sus directores o coordinadores de área para cumplir con tareas que resultasen útiles para enfrentar la crisis sanitaria. Estas medidas, aclara, no podrían implicar "un menoscabo salarial sobre los conceptos normales" percibidos por el personal, ni tampoco podrían representar un riesgo a la salud de los trabajadores.
"Nosotros manejamos un montón de gente y no obligamos a nadie que no haga nada que no quiera. Por supuesto que les pedimos que si pueden darnos la mano lo hagan porque todos estamos poniendo el pecho en esta situación", comenta una fuente del Ministerio de Gobierno de la Ciudad. Cuestionado por los audios filtrados del director general de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el funcionario explica: "Se que esas conversaciones existen. Nosotros no lo hacemos, pero hay personas que son más papistas que el Papa y les gusta prometer que van a caer con 80 personas para colaborar. Pero después los que van son esas 80 personas, él no aparece".
"Acá hay dos universos. Por un lado, es cierto que el gobierno de la Ciudad planteó la posibilidad de reasignar tareas para ir cubriendo otras tareas esenciales. Esto uno lo puede entender porque es lógico: como trabajadores del Estado tenemos una función muy importante que cumplir en este contexto. Pero el problema es que, con la idea de voluntariado, se fue abriendo el lugar a los aprietes. Van dirigidos hacia el eslabón más débil, que son los 18 mil contratados que hay en la Ciudad de Buenos Aires", explica Agustina Panissa, secretaria Adjunta de ATE Capital. Desde que comenzó la cuarentena, el Consejo Directivo de ATE recibió varias denuncias de trabajadores y trabajadoras de algunos ministerios y secretarías, como el Ministerio de Educación, el de Cultura, el de Hacienda y la Secretaría de Derechos Humanos. "Muchos no se animan a denunciar. Son trabajadores que tienen contratos que no son otra cosa que una forma de la precarización laboral y saben que, si se niegan a participar o si hacen alguna denuncia, lo más probable es que se queden sin laburo", indica Panissa.
Además de las presiones y los aprietes, otro de los problemas son las condiciones en las que se realizan estos "voluntariados". Las trabajadoras consultadas por Página/12 denunciaron que, en más de un caso, algún "trabajador voluntario" se ofreció a asistir en alguno de los hoteles que la Ciudad que hospedan a los argentinos recién llegados del exterior y se encontró con que no había ni alcohol en gel ni barbijos. "Nos llegaban denuncias de que había deficiencias en insumos en algunas áreas esenciales. Los contratados no están cubiertos por la ART, si van a los hoteles y se contagian de coronavirus, ¿quién los atiende?", se pregunta María Sol Copley, delegada de ATE.
Al igual que la gran mayoría de los y las estatales que está cumpliendo con tareas de "voluntariado", Laura, Verónica y Marina forman parte del call center que se dedica a comunicarse con los adultos mayores para suministrarles información sobre la condiciones de la cuarentena (como el permiso de circulación para mayores de 70 años) y realizar encuestas. Para realizar esta tarea, los y las trabajadoras deben usar sus propios teléfonos y, por lo tanto, deben cargar con el costo de las llamadas. Esto no sólo es un problema por el obvio gasto que representa para sus bolsillos, sino también por la desconfianza que genera entre los adultos mayores.
"Recabamos información personal e informamos sobre la línea 147. ¿Pero cómo constatan ellos que somos del gobierno de la Ciudad? ", se pregunta Verónica. "El primer día nos decían que pidamos DNI, barrio, edad, si vive con alguien. Es muy difícil preguntarle eso a un adulto mayor al que suelen querer estafar", coincide Marina y agrega: "Nosotros tenemos que hacer 30 llamados por día y por lo general no te atienden o te cortan. Si no llegas a los 30 nos envían mensajes advirtiéndonos sobre nuestra productividad".
Problemas estructurales
"El primer problema que tuve fue el año pasado, durante la campaña electoral . La pasé muy mal, yo era contratada y para nosotros estaba asegurado el voluntariado obligatorio de ir a hacer campaña: timbreo, puestos en las esquinas, call center, etcétera. Me descomponía, me daba náuseas", confiesa Laura. El año pasado, varios trabajadores del Estado denunciaron que habían estado sufriendo presiones y "extorsiones" para hacer campaña por Horacio Rodríguez Larreta, quien se estaba candidateando para la jefatura de Gobierno. En ese entonces, dos trabajadoras del autódromo porteño crearon un sitio web llamado "Tu campaña no es mi trabajo", donde recopilaban las testimonios de aquellos que denunciaban estar siendo presionados por sus superiores para hacer campaña por Larreta. Ambas terminaron despedidas .
"El mayor temor de los contratados y contratadas es que, si se niegan, pueden decidir no renovarles los contratos. El año pasado nosotros ya habíamos tenido varios casos de denuncias de aprietes o de asignación compulsiva a tareas de campaña electoral. Y ya entonces la gente no se animaba a hablar", arranca Agustina Panissa y concluye: "La crisis sanitaria lo que hace es poner evidencia lo que ya estaba pasando en el Estado. Vemos con más claridad la crisis del sistema de salud o el faltante de alimentos en muchos barrios. Lo mismo sucede ahora: volvemos a encontrarnos con un entramado de utilización de trabajadores del Estado para fines políticos o fines que no son propios de la tarea que tiene que cumplir los trabajadores. La gran planta de contratados de Larreta continúa funcionando como una fuente inagotable de militantes rentados y aprietes".
Informe: María Cafferata
