La provincia de Tucumán, finalmente, adherirá a la Ley Micaela este jueves, pero con un nuevo proyecto: La comisión de la Mujer de la Legislatura aprobó este martes otro dictamen de mayoría. La única legisladora que no lo firmó fue la representante bussista. Se trata de un proyecto avalado por todo el bloque peronista y aliados, que establece la adhesión a la ley nacional, aunque fija como encargados de la aplicación y control de la norma a las cabezas de cada poder del Estado. La preocupación de las organizaciones de mujeres es que en el caso de la Legislatura los contenidos de las capacitaciones para todo el personal quedarán a cargo de su titular y vicegobernador, Osvaldo Jaldo, quien respaldó la declaración de la provincia como “pro vida”, posó en selfies con pañuelo celeste, y arengó en un mitín religioso –según se lo vio en un video que circuló en los últimos días—en contra de una ley que promueva lo que llama como “ideología de género” para descalificar la ampliación de derechos de las mujeres y los colectivos LGBT+.

Solo Chaco y Formosa prevén esa reforma, en la adhesión de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en el abordaje de las problemáticas de género y las violencia machistas para todas las personas que se desempeñan en la función pública de los tres poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial-- en todos sus niveles y jerarquías.

“Lo importante es que ningún artículo de la ley nacional se modifica o se omite. No es ni una adhesión parcial ni un proyecto provincial distinto”, aseguró a Página 12 la legisladora oficialista Sandra Tirado. Este proyecto se presentó la semana pasada, cuando se postergó por una semana el tratamiento del tema, en medio de una fuerte polémica promovida por sectores conservadores y reaccionarios, liderados por el bussismo en la Legislatura, en contra de la Ley Micaela, pero también por legisladores del peronismo.

“La autoridad de aplicación debería ser la Secretaría de la Mujer de la provincia”, cuestionó la abogada Soledad Deza de Mujeres X Mujeres. En la misma línea opinaron desde Cladem y Ni Una Menos Tucumán. “La aplicación de una ley tan importante no puede quedar librada a los voluntarismos políticos”, objetó la organización Andhes.