"Es importante buscar estrategias que nos permitan seguir con los juicios de lesa humanidad. Los testigos están muy grandes, los familiares están muy grandes y los mismos acusados están muy grandes. No queremos una impunidad biológica", dijo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en el marco de una pandemia que tiene paralizada a gran parte del Poder Judicial, incluidos los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Luego de participar en el primer Conversatorio sobre Pandemia y juicios de lesa humanidad, y del Consejo Federal de Derechos Humanos, Pietragalla dialogó con PáginaI12 sobre los pedidos de prisiones domiciliarias por parte de represores y las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante la cuarentena. 

-- Una de las consecuencias de la feria judicial que llevó aparejada la cuarentena fue la suspensión de más de 20 juicios orales por delitos de lesa humanidad. ¿Qué postura tiene la Secretaría de Derechos Humanos respecto a este parate?

-- La idea es abrir una mesa de diálogo que analice estrategias en el marco de esta pandemia. Una de las políticas que íbamos a desarrollar como Secretaría consistía en trabajar fuertemente para recuperar el ritmo de los juicios de lesa humanidad, después de que se hubieran frenado durante cuatro años. Por eso para nosotros es importante buscar estas estrategias que nos permitan seguir con los juicios que están abiertos, los que están cerca de una sentencia y los que están también por empezar. Porque los testigos están muy grandes, los familiares están muy grandes y los mismos acusados están muy grandes. No queremos que haya una impunidad biológica. Esta era nuestra agenda y tenemos que trabajar fuertemente. Todavía hay mucha gente que espera esta reparación.

-- ¿La idea objetivo es desarrollar los juicios de manera remota?

-- Sí, pero respetando las posiciones de los testigos que quieren esperar hasta que puedan declarar en el lugar. Por eso hay que armar estrategias, hay muchos componentes, tal vez se puede avanzar con las declaraciones de las personas que sí quieran hacerlo de manera virtual y después ver cómo avanzar en aquellas causas en las que participan personas que quieran que se desarrolle un juicio oral. Pero de todas maneras, tanto los organismos de derechos humanos como la Secretaría de Derechos Humanos estamos en sintonía para poder avanzar en estos juicios. 

-- En las últimas semanas, varios represores condenados por crímenes durante la dictadura fueron beneficiados con prisión domiciliaria debido a la pandemia. ¿Cree que personas que cometieron delitos de lesa humanidad deberían poder volver a sus casas?

-- La Secretaría es querellante en estos casos y, como querellante, fue consultada por muchas domiciliarias. Nosotros entendemos, porque esas fueron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del relator de Naciones Unidas, que los delitos graves y aquellos asociados a delitos de lesa humanidad pueden muy excepcionalmente disfrutar del beneficio de arresto domiciliario. Yo pienso que nadie puede negar que si hay una persona que realmente está grave --pero con un problema grave de salud de verdad, no de esos que se inventan enfermedades y después aparecen violando la domiciliaria--, si esta persona está en una situación crítica, por más que sea un genocida, está bien que tenga domiciliaria. Es hasta una cuestión humanitaria: en eso también somos distintos a ellos.

-- Existe una gran preocupación por el crecimiento de los contagios de covid-19 en los barrios populares, especialmente luego de que dos referentes del Barrio Mugica murieran por coronavirus. ¿Qué análisis hace la Secretaría sobre la crisis social y humanitaria en las villas?

-- Es un hecho lamentable, más con lo que pasó con esta dirigente social (Ramona Medina) que venía denunciando que la villa estaba sin agua. Fue una muerte anunciada. Tenemos que poner todos los recursos para dar una atención primordial a los sectores más vulnerables porque esto es algo que se podría haber evitado. No solo la muerte se podría haber evitado, sino también los contagios en aquellos barrios. Tenemos un gran desafío como democracia para atender estos barrios, pero el tema es que resulta muy difícil después de vivir proyectos neoliberales como los que vivimos. Proyectos neoliberales que hicieron maquillaje nada más, pintándolos desde afuera para que la clase media que pasa con el auto por delante del barrio lo vea, pero que, mientras tanto, adentro hay situaciones muy críticas. Nos endeudamos como nunca, se fugó el capital de toda la deuda que se tomó en los últimos cuatro años y en estos barrios no se invirtió nada. Esto solo lo puede producir un modelo neoliberal y nefasto como fueron los últimos años de gobierno de Macri.

-- Pero las villas existen desde antes de que Mauricio Macri fuera presidente.

-- Se avanzaba en un proyecto que no se llegó a cumplir. Esto sucede siempre que aparece un proyecto político neoliberal que te trunca el proyecto que podías llegar a tener armado. Estamos hablando igual de una villa que tiene muchísimos años y que tiene sus complejidades, pero el tema es también que durante el momento de mayor crecimiento del país tampoco se pudo llevar adelante una adecuación y modernización del barrio. Es la ciudad mas rica de la República Argentina, debería ser una ciudad modelo con los ingresos per cápita que tiene. De todas maneras pienso que, ante esta situación, lo peor que podemos hacer es empezar a tirarnos chicanas. No estoy de acuerdo ahora en empezar a pasar factura política cuando estamos en una situación de emergencia real.

-- ¿Se reunieron con referentes villeros para conversar sobre esta emergencia social o sobre las denuncias de casos de violencia institucional durante la cuarentena?

-- Con la Garganta Poderosa venimos trabajando hace un tiempo y recepcionando las denuncias de las violaciones que las fuerzas de seguridad cometen en el territorio. Estamos trabajando con muchas organizaciones políticas, tenemos un teléfono de violencia institucional que está trabajando activamente. Porque uno de los ejes de la Secretaría de Derechos Humanos es luchar contra la violencia institucional. Y ojo, porque la violencia institucional es algo que construimos entre todos, porque las fuerzas de seguridad son también perjudicadas por las políticas que habilitan la violencia institucional. Hoy vemos a los ex funcionarios de Cambiemos, como Patricia Bullrich, caminando por los medios, mientras tanto quienes están siendo acusados y condenados son los miembros de las fuerzas que se sintieron habilitados para llevar adelante esas arbitrariedades. Es cuando vos habilitás políticamente que haya violencia institucional que "arrojas miembros de las fuerzas de seguridad por la ventana", a diferencia de lo que decía Bullrich. Hay que formar a las fuerzas de seguridad para que tengan mucha más sensibilidad social cuando trabajan para que se respete la cuarentena. Es un cambio cultural que hay que impulsar, pero que no es contra las fuerzas, sino que hay que incluirlas. 

Informe: María Cafferata.