La Cámara de Diputados provincial aprobó ayer por unanimidad y envió con media sanción al Senado la Ley de Góndolas, que activaría la intervención estatal contra los abusos de las cadenas de supermercados, defendería al consumidor y promovería la producción pyme santafesina. En la prolongada sesión desarrollada en el paraninfo de la UNL, con legisladores a distancia reglamentaria y tapabocas, también aprobó sin disenso una veda pesquera en el río Paraná por 180 días, en lo que deparó fuertes críticas a la "actitud indiferente" del gobierno de Omar Perotti sobre la crítica situación del recurso ictícola y la economía en derredor. Otra iniciativa de relevancia que se ventiló en la sesión de ayer fue un proyecto para aumentar 2 por ciento la alícuota de Ingresos Brutos por 24 meses para las empresas que procesan cereales y oleaginosas, el poderoso polo aceitero agroexportador. Pero esto todavía se seguirá discutiendo en comisiones. 

La Ley de Góndolas es el proyecto que los socialistas Joaquín Blanco y Paco Garibaldi habían ingresado en marzo del año pasado. Establece pautas de oferta, exhibición y publicidad de productos de diferentes rubros en góndolas de super e hipermercados, autoservicios, y tiendas de descuento. Pretende fomentar la competencia y combatir las inequidades en la formación de precios, las distorsiones que imponen las posiciones dominantes de los jugadores más grandes. Ahora se debatirá en el Senado.

El proyecto que cobró consenso total en comisiones adhiere a la ley nacional de góndolas aprobada finalmente en febrero. En palabras de uno de sus autores, Blanco, pretende "democratizar el acceso a las grandes cadenas de distribución minorista de alimentos, que el Estado intervenga y controle la formación de precios a pesar del fuerte lobby en contra. Es una ley fundamental, de orden público", avaló el diputado. 

Blanco la relacionó con el derecho del consumidor consagrado en la Constitución del 94, con la ley de Defensa de la Competencia y con enfrentar el modelo habilitado por una ley de Onganía en 1969, que concibió y permitió la supremacía de las cadenas de supermercados como principal jugador en la venta minorista de alimentos en el país. "Se la vendió como lo moderno y en realidad fue una forma de negociar con pocos y construir un capitalismo en pocas manos, favoreciendo la extranjerización de la venta minorista, cuyo 60% hoy pasa solo por 7 cadenas de supermercados", relacionó. 

El proyecto activa el rol del Estado como regulador contra las posiciones dominantes de mercado y por la transparentación de la formación de precios y el derecho del consumidor. También ataca el juego financiero de los grandes supermercados que especulan y difieren pagos a sus proveedores. Otro objetivo: que el 25% de la mercadería en venta tenga un origen primario o manufacturado en la provincia de Santa Fe, una suerte de "compre local" por ley. "El lobby dice que esta ley es impracticable, pero eso si el Estado sigue ausente como hasta ahora", defendió Blanco.

"Le damos un año de plazo para que se adapten a lo que impone la ley. Hay tiempo, decisión política y hace falta un estado inteligente que asuma esta cuestión", cerró.

Veda pesquera

La otra ley con media sanción que salió express y con unanimidad fue la suspensión por 180 días de la pesca comercial y recreativa en los 700 kms del río Paraná. El tema concitó críticas al Ejecutivo porque antes Diputados había expresado un pedido al gobierno para que impusiera la veda por decreto, pero nada de eso sucedió. Por eso, entonces, la Legislatura vuelve a la carga pero ya con una ley en ese sentido.

Oscar Martínez, autor del proyecto, encuadró la ley en la grave bajante que afecta al río, complicada por la falta de lluvias y por la retención de agua de las represas brasileñas. Y alertó sobre el impacto ambiental y económico que dejará esta situación. De allí la urgencia por preservar el recurso ictícola. En el mismo sentido se pronunció Fabián Palo Oliver. Y Carlos Del Frade apuntó a la necesidad de un marco regulatorio definitivo.

"Esta ley es por seis meses, es necesario ir por una definitiva y profunda. ¿De quién es el río. ¿De los 17 frigoríficos que explotan irracionalmente el recurso y le pagan 6 centavos de dólar por pieza a un pescador de subsistencia? ¿O del Estado santafesino que debe hacerse cargo? Necesitamos una ley provincial de pesca distinta. El 80% de los pescadores están de acuerdo con la veda, pero necesitan subsidios para sobrevivir. Los pescadores están siempre de la línea de pobreza para abajo, hay que transformar eso".