“Quiero aclarar que anteriormente (al 25 y 26 de marzo pasados), se disponía de movilidad y recursos humanos para organizar un trabajo territorial con las comisiones de Nación que estaban trabajando y las fundaciones. Cuando se declara la emergencia sanitaria en marzo por COVID-19 las comisiones vuelven a su lugar de origen y las movilidades (camionetas y ambulancias), que había en ese momento en Santa Victoria son llevadas por el Ministerio de Salud Pública (…), quedando el área operativa con una ambulancia disponible para dar cobertura a toda el área operativa y con el recurso humano local”.
La afirmación surge de la declaración del licenciado en nutrición César Adrián Murillo quien junto al agente sanitario Nelson Américo Andrada; los supervisores de zona Mateo Talimpe y Víctor Rubén Palomo; el encargado de Atención Primaria de la Salud (APS), Gregorio Moreno, y el médico Edgar Machicao, quedaron imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público en relación a la muerte de dos hermanitos del Pueblo Wichí, el 25 y 26 de marzo pasados. Estas imputaciones se suman a la de Mercedes Susana Ávila, quien se desempeña como coordinadora de la Niñez en Santa Victoria Este, localidad cabecera del departamento Rivadavia. La Fiscalía hizo constar en el decreto de imputación que “atento a la etapa procesal en la que se encuentra la causa, todo lo expuesto es sin perjuicio de la determinación de responsabilidades que eventualmente pudieren surgir en la estructura jerárquica tanto provincial como nacional”.
La causa en las que se los acusa investiga el fallecimiento de dos hermanitos de la comunidad Vertiente Chica, en la jurisdicción del municipio Santa Victoria Este, el 25 y 26 de marzo pasado. Los cinco nuevos imputados fueron sometidos a las audiencias entre el jueves y viernes últimos. La única muerte, que surge de estas declaraciones, confirmada por desnutrición crónica es la de la niña de 5 años, quien llegó a ser atendida en el Hospital. Su hermanito, de un año y tres meses, falleció el 25 de marzo en su domicilio. La causa de muerte fue evaluada según el relato de una hermana mayor. Se estimó que esa primera muerte fue por deshidratación severa, que también podría estar vinculada a la mala alimentación.
Salta/12 pudo acceder a las declaraciones de tres de los seis imputados, que se presentaron a la audiencia de imputación este viernes. Además de Murillo, declararon Moreno y Machicao.
Convocado por la emergencia sanitaria
Murillo fue convocado por el secretario de Salud, Antonio de los Ríos, para trabajar en la zona de Santa Victoria Este, que puso a la provincia en el ojo de la tormenta por las recurrentes muertes de niños y niñas (en su mayoría del Pueblo Wichí) que se registraron desde enero de este año. En su declaración, el nutricionista afirmó que llegó al Hospital de Santa Victoria Este el 26 de febrero para posicionarse como gerente sanitario y elaboró un cronograma de trabajo que fue oficializado formalmente el 9 de marzo.
El área operativa 8, que es de Santa Victoria Este, se subdivide en 33 sectores sanitarios. Son casi tres mil familias con 13 mil habitantes, y cerca de 2.500 niños menores de seis años.
Pero, al parecer, el organigrama que se consolidó según los recursos del Hospital tuvo que ser reorganizado con la llegada de la cuarentena a causa de la pandemia de la Covid-19, pues los miembros de fundaciones y otros equipos de salud tuvieron que volver a sus lugares de origen y la movilidad que ellos usaban fue quitada del lugar. En el Hospital quedó una sola ambulancia en funcionamiento. Cuando Salta/12 recorrió Santa Victoria Este, el 16 de marzo, se constató que sólo había una ambulancia en funcionamiento, y una camioneta más (https://amp.pagina12.com.ar/254599-el-hospital-de-santa-victoria-con-menos-medicos-y-ambulancia). La mirada se había retirado de Salta. Y los móviles también.
El 25 de marzo “por rumores” se enteraron en el Hospital de la muerte del niño de un año y tres meses de Vertiente Chica. En ese momento Murillo estaba atendiendo a otra criatura de 11 meses que se encontraba en estado grave. Fue avisado por Ávila (imputada y trabajadora del Centro de Primera Infancia del lugar) de la novedad. En la zona de Vertiente Chica no hay señal y fue imposible la comunicación con los agentes en el territorio. En una cadena de contactos se confirmó finalmente la muerte del niño. Murillo contó que el Hospital estaba sin ambulancia porque el niño que había atendido, de 11 meses, tenía que ser trasladado al Hospital de Tartagal (en el departamento San Martín), el más cercano de mayor complejidad. Murillo sostuvo que ese día recurrió en cuatro ocasiones al Destacamento policial de Santa Victoria Este para conseguir movilidad. Pero el vehículo estaba afectado a un operativo. Finalmente, cuando el móvil policial llegó, tuvieron que cargar combustible para recién salir a Vertiente Chica. Se trasladaron Ávila, Andrada y Talimpe para verificar el 25 de marzo la muerte de la criatura de un año y tres meses.
Cerca de las 19 del 25 de marzo le confirmaron a Murillo la muerte de esa criatura. Al otro día Andrada y el supervisor de la zona, Palomo, elevaron un informe para ser presentado a la vez a la Dirección de Materno Infancia de la provincia.
La mañana siguiente, 26 de marzo, se esperaba a una comisión del Gobierno. Se ordenó al médico Machicao ir a la zona para hacer la evaluación. “Me entero que el doctor Machicao habría traído una niña de la misma familia de cinco años y diez meses de edad. Esto yo me entero el 26 en horas de la noche, cuando la niña sale en derivación a Tartagal en mal estado. Posteriormente tomo conocimiento que en el transcurso del traslado la niña fallece”.
Una denuncia contra los padres
En su declaración Machicao relató que ante la falta de movilidad, fue a Vertiente Chica con una comisión de funcionarios de la provincia que iban por las comunidades a repartir módulos alimentarios. Afirmó que al llegar a Vertiente Chica, habló con el cacique de la comunidad, Eliberto Frías, quien le confirmó que el padre del niño fallecido nunca había avisado del mal estado de su salud. Sostuvo que al llegar al domicilio los padres del nene se negaron a que hiciera una evaluación del resto de los hijos y sólo pudo ver por una puerta entreabierta que había una nena postrada en un colchón. Tras insistir logró hacer la evaluación médica pero los padres se negaban al traslado de la criatura. Afirmó que en un momento, cuando los padres se retiraron, una hermana mayor de la nena (que también era menor de edad), le contó que el “cacique” Pedro Lozano los había instado a negarse a llevar al Hospital a la niña.
Lozano es quien, a su vez, esa misma mañana había denunciado el mal estado de la niña con un video que la mostraba postrada y en mal estado de salud, sin que hasta ese momento hubiera llegado nadie a evaluarla.
Machicao dijo en su declaración que finalmente, bajo amenazas de ir con la Policía, se llevó a la niña y llegó a la tarde al Hospital. Su diagnóstico era de desnutrición crónica y deshidratación moderada. En el trayecto fue acompañado por la misma hermana de la nena, quien le comentó sobre la situación del niño más pequeño fallecido el día anterior. Y de allí el médico sacó la conclusión de que la muerte había sido por “una gastroenteritis aguda con deshidratación severa”. Por otro lado, el médico afirmó que la nena tenía una desnutrición crónica con deshidratación moderada, sin embargo, en el certificado de defunción se consignó que sufrió un “shock séptico”.
Tras las dos muertes, Machicao decidió hacer una denuncia penal contra los padres de los niños y contra Lozano. Sin embargo, en su decreto de imputación, la fiscalía destacó que en esa denuncia el médico hizo constar como causa de muerte la gastroenteritis aguda con deshidrataición severa, "sin que ese diagnóstico le constara debidamente", dado que ni siquiera había visto al nene fallecido.
Más de la mitad en riesgo de bajo peso
En su declaración, Murillo sostuvo que, según los datos de la primera ronda sanitaria de 2020, el sector sanitario que cubre Andrada (o sea Vertiente Chica), tiene 120 familias asignadas, donde hay 107 chicos menores de seis años. El gerente sanitario sostuvo que más de la mitad de esos niños presenta algún riesgo de bajo peso y están dispersos en tres comunidades diferentes, Pozo el Toro, Vertiente Chica y San Miguel.
En esta realidad, con las muertes de dos hermanitos en apenas dos días, además de los reclamos de movilidad (que según Murillo, realiza el gerente del Hospital santavictoreño, César Oviedo), esperaron respuestas para “volver a desarrollar una estrategia en terreno con el equipo de salud”.
Llegó abril y “con los recursos de que disponíamos se reorganiza un cronograma de salidas a terrenos con equipos de salud, y en mayo ya con más camionetas se hace un cronograma con tres equipos en terreno en forma diaria, en coordinación entre la gerencia sanitaria y la gerencia de atención a las personas”.
Sin embargo, Murillo hizo una aclaración en su defensa: “no es función de la gerencia sanitaria efectuar los controles de salud en los niños del área operativa”, pues “los controles de salud son realizados por agentes sanitarios, supervisor intermedio de APS, enfermeros de la zona y médicos del área operativa. Y los informes del agente sanitario estaban correctos”.
El informe del agente sanitario indica que los niños fallecidos se encontraban bien al 12 de marzo, cuando fue la última evaluación. En parte de su declaración, en tanto, Machicao dijo que el niño fallecido en la casa había sido “evaluado por personal de Salud de la Nación y cursaba con el mismo cuadro de síntomas, esto me fue informado por una nota que realizaron el gerente general César Oviedo y el gerente sanitario Adrián Murillo al Ministerio de Salud”. Machicao dijo que se enteró de esa nota el 27 de marzo.
