El Fondo Monetario Internacional ha sido históricamente el auditor de los acreedores de los países endeudados. Su tarea tradicional es exigir ajustes en la economía para generar los excedentes necesarios para garantizar el pago de la deuda.
El trabajo de estrujar las cuentas públicas y de presionar a los gobiernos para cuidar los intereses de los acreedores no lo está ejerciendo en estos momentos.
En las actuales circunstancias de una economía global en jaque, el FMI ha cambiado el lugar que ocupaba en esa disputa: está apoyando la posición del deudor y ahora la presión la aplica sobre los acreedores, aunque con modales más suaves de los que tenía con los países endeudados.
Es una alteración del rol del Fondo que resulta interesante analizar, por encima de consignas previsibles de izquierda y de derecha, y conociendo que está generando también tensiones al interior del organismo.
Nunca antes el FMI respaldó las posiciones de la Argentina con tanta firmeza como ahora, y más cuando está en juego miles de millones de dólares por un acuerdo con poderosos acreedores de Wall Street.
Es probable que, luego de superar la instancia de negociación con los grandes fondos de inversión, el gobierno de Alberto Fernández se encuentre con el viejo FMI.
La luna de miel que está viviendo el staff del Fondo con el equipo económico puede concluir cuando esos mismos técnicos pasen a exigir ajuste fiscal y monetario para redefinir un nuevo programa financiero por la deuda de 44 mil millones de dólares.
Mientras tanto y hasta que llegue ese momento, el equipo económico liderado por Martín Guzmán disfruta de un impensado aliado en la puja con los acreedores privados.
Disputa
La negociación de la deuda en virtual default es bastante diferente al previsto antes de que las partes comenzaran a preparar el escenario de disputa.
Como indicaba la historia de las refinanciaciones de deuda, los acreedores esperaban que primero el país cerrara un programa de ajuste con el FMI para sentarse en la mesa a conversar.
Ese acuerdo marcaría un sendero fiscal para definir los excedentes disponibles para pagar los intereses de la deuda. O sea, el deudor debía pasar por las manos de la tecnoburocracia de Washington para, luego de ser ablandado con exigencias sobre el plan económico, comenzar la negociación con los acreedores.
El Fondo actuaba de ese modo como la primera pinza de apriete al deudor para que los acreedores pueden utilizar la segunda para cerrar un acuerdo favorable a sus finanzas.
Por varios factores locales y externos que confluyeron en estos meses, esa dinámica tuvo una súbita alteración. Ha sido tan imprevista que los fondos de inversión y sus voceros todavía no pueden aceptar ese cambio y quedan una y otra vez descolocados ante cada pronunciamiento del FMI, desde opiniones de Kristalina Georgieva, la número uno de la institución, pasando por informes técnicos del staff hasta por simples declaraciones del encargado de prensa.
Una prueba de la desorientación de los acreedores fue la bravuconada del mexicano Gerardo Rodríguez, el financista de BlackRock , cuando le dijo al ministro Guzmán que ellos tienen espalda para esperar a negociar con otro gobierno. No le fue bien a Rodríguez con esa amenaza. BlackRock lo retiró del trato con Argentina.
A Guzmán también lo apuraron diciendo que ellos –los fondos acreedores- podrían cambiar el staff del Fondo todas las veces que quisieran. La orientación que está teniendo la negociación no muestra esa capacidad de remover técnicos del organismo que elaboran documentos que respaldan la oferta argentina .
2001/2005
El antecedente cercano para identificar la modificación del comportamiento del FMI se encuentra en la anterior crisis de deuda.
El default 2001 se declaró un año después de que el Fondo otorgara al gobierno de Fernando de la Rúa un apoyo importante para sostener la convertibilidad.
Cuatro meses antes de la cesación de pagos, cuando la devaluación y la debacle financiera eran debatidas como una probabilidad cercana en los mercados local e internacional, el FMI amplió el stand by en 8000 millones de dólares, efectivizó inmediatamente un desembolso y cuando tenía que hacer otro, a principios de diciembre de 2001, lo frenó.
La debacle argentina fue puesta como un caso emblemático para los críticos de la gestión del FMI en la administración de crisis económicas que derivan en financieras.
Los cuestionamientos motorizados por el nuevo gobierno republicano de Estados Unidos endurecieron al directorio y a su staff. El Fondo apoyó el rechazo de los acreedores a la primera propuesta de canje de deuda, denominada Plan Dubai.
El FMI presionó de diversas formas al gobierno de Néstor Kirchner y le reclamó en más de una oportunidad que diera señales concretas de actuar de "buena fe".
Los ministros de Finanzas de los países potencia reunidos en el G-7 también manifestaron en un comunicado conjunto, en junio de 2004, que Argentina debía acelerar los tiempos y dar muestras de estar actuando de "buena fe".
El giro de las posiciones en el actual proceso de negociación es notable: el FMI alienta la oferta argentina, exige que los acreedores bajen sus pretensiones y los países europeos miembros del G-7 acompañan al gobierno de Fernández. El silencio de Estados Unidos en esta puja es una pieza a favor de Argentina.
La muletilla "buena fe" fue parte de la estrategia inicial de los acreedores, pero rápidamente tuvieron que descartarla por la eficaz política de sumar aliados y la voluntad de pago –previa quita- demostrada por el ministro Guzmán.
Trauma
El gobierno de Mauricio Macri arrojó al FMI a registrar uno de sus más resonantes fracasos. El plan económico y el consiguiente programa financiero naufragaron en forma estrepitosa.
El Fondo entregó el crédito más abultado de su historia a un solo país y a ritmo acelerado. En apenas doce meses desembolsó 44 mil millones de dólares.
Concentró gran parte de su cartera crediticia de ese modo en un solo deudor debilitando el perfil de su estructura financiera.
Si había que dar todos los pasos para construir un desastre económico, la conducción de Christine Lagarde los concretó con soberbia asombrosa.
Lagarde consiguió el ascenso a ser titular del Banco Central Europeo y ocupó su lugar la búlgara Kristalina Georgieva.
Los lectores de este diario fueron informados en estas páginas desde hace varios meses, a mediados de enero pasado, de los cambios que implicaba la nueva conducción del FMI. La ironía "Georgieva peronista" muchos no la entendieron, pero quienes sí lo hicieron hoy no deberían estar sorprendidos con el apoyo que recibe la oferta argentina y la confluencia de intereses para cerrar un acuerdo de deuda con los acreedores.
Después de la sucesión de fiascos de los '90, la crisis de 2008 le permitió al FMI recuperar un papel relevante en el sistema financiero internacional. Una eventual debacle argentina volvería a arrojar al organismo a un espacio público de cuestionamientos generalizados acerca de la calidad de sus intervenciones en los países.
Georgieva y el staff técnico necesitan con urgencia superar el trauma del gobierno de Macri para dar vuelta la página de ese estruendoso fracaso.
En la práctica, el FMI reconoce implícitamente la corresponsabilidad por el fiasco macrista y avanza entonces en apoyar la reestructuración de deuda del gobierno de Fernández que vino a ordenar el desquicio financiero heredado.
Covid-19
La conducción de Georgieva es una anomalía respecto a las anteriores, que han estado subordinadas a la línea política del número dos de la institución, que siempre es estadounidense.
Asumió imponiendo una impronta personal, no sólo como figura pública como los anteriores número uno del organismo desde Michel Camdessus, Horst Köhler, Rodrigo Rato, Dominique Strauss-Kahn y Christine Lagarde, sino que también al renovar con rapidez la dirección de la institución.
El primer subdirector gerente, delegado de los Estados Unidos en la gestión diaria del Fondo, David Lipton, fue desplazado. Lipton fue uno de los principales impulsores del salvataje financiero extraordinario al gobierno de Macri. Su reemplazante es Geoffrey Okamoto que viene directo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El FMI enfrenta una situación de stress financiero como nunca antes lo vivió. Esto se debe a que la crisis Covid-19 es inédita por su magnitud. Una debacle similar fue la del '30 del siglo pasado, pero en esos años el FMI no existía. Es una situación que lo pone entonces bajo tensión financiera por la cantidad de pedidos de auxilio que está recibiendo.
Por eso es tan importante el precedente que dejará el acuerdo argentino con los acreedores porque existe una extensa lista de países con problemas de deuda externa. Varios ya tocaron la puerta del Fondo para pedir un préstamo de urgencia. Sólo este viernes la junta ejecutiva aprobó dos créditos, uno de la línea rápida Covid-19 a Liberia por 50 millones para atender la pandemia y otro dentro del programa stand by para Egipto por 5200 millones de dólares.
Entre los países de Latinoamérica que en estas semanas recibieron líneas de asistencia financiera se encuentran Paraguay (274 millones de dólares), Ecuador (643 millones), Perú (11.000 millones), Bolivia (327 millones) y Chile (23.930 millones de dólares).
¿Quién paga la cuenta?
La crisis financiera global provocada por el coronavirus colaboró para que la oferta de reestructuración de deuda argentina alejara momentáneamente a los organismos multilaterales de los intereses de los grandes fondos de inversión.
Como se explicó arriba, muchos países demandan auxilios urgentes que definen un cuadro muy exigente sobre las finanzas del FMI. Aparece entonces la tensión acerca de cómo se distribuirá el costo de esta crisis, o sea quienes ponen los recursos para los salvatajes y quienes asumen pérdidas por defaults o reestructuraciones de deudas soberanas.
El dinero del FMI es aportado por sus países miembros pero algunos tienen una participación mayor en el capital de la institución. Estados Unidos es el principal accionista con casi el 17 por ciento del total y, por lo tanto, es el país que más fondos debería sumar.
Para que el alivio financiero a los países sea mayor y, por lo tanto, el FMI (el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y los ministerios de Finanzas de países europeos) tenga que aportar menos recursos, los acreedores privados deberían aceptar una quita (capital e intereses) de la deuda.
Esta tensión está produciendo provisorios –no definitivos- variaciones en el ordenamiento del poder financiero internacional. El Fondo seguirá como auditor gerente de los acreedores privados, pero ahora no está preparado para amortiguar el monto de sus quebrantos.
Estos acreedores además no son los tradicionales bancos comerciales (Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank) o de inversión (Goldman Sachs, Merrill Lynch), sino que son fondos administradores de carteras de inversión (BlackRock, Templeton, Fidelity) que no tienen una historia de vínculos con el FMI.
Por su parte, Estados Unidos se resiste a la emisión adicional de DEG (la moneda del FMI) que significaría un giro de recursos para cada uno de los miembros de la institución (a la Argentina le correspondería el equivalente a unos 3500 millones de dólares), lo que aliviaría el cuadro financiero global. No quiere ampliar el capital de DEG porque entregaría fondos a países (Venezuela, Irán) con los cuales está en conflicto.
La administración Trump considera además que sería una medida pro globalización, como la que impulsó Barack Obama en 2009. Quienes conocen los pasillos del FMI dicen con sarcasmo que Estados Unidos aprobaría la emisión DEG si se lo convence de que es una iniciativa que perjudicaría a China.
Sustentabilidad
En el Fondo insisten y quieren enfatizar con que no apoyan a ninguna de las dos partes de la negociación (ni a los acreedores ni a la Argentina). Están inquietos con que haya una evaluación de preferencia sobre la posición argentina.
Se preocupan en dejar en claro que el objetivo que tienen es de "sustentabilidad de la deuda". Señalan que, en base a ese criterio, el staff técnico elaboró un primer informe definiendo la deuda argentina como insustentable, luego presentaron otro precisando el margen de alivio (quita de capital y de intereses) necesario para hacerla sustentable y el más reciente señalando que es muy estrecho el espacio para reconocer un valor (presente neto) superior a 50 centavos por dólar de la actual deuda.
Esta es la posición oficial del FMI.
El criterio de sustentabilidad de la deuda en la práctica favorece a la Argentina porque está en línea con la oferta elaborada por Guzmán. Ese enfoque compartido con el FMI le ha entregado al ministro un arma de negociación y de protección muy potente.
El golpe a los acreedores ha sido tan fuerte que no pudieron construir una campaña discursiva convincente para imponerse en el debate público. Esa carencia queda reflejada en la legión de voceros mediáticos que minimiza los pronunciamientos del FMI, cuando antes eran la biblia de sus comentarios, y sólo les queda la débil táctica de menospreciar la tarea de Guzmán.
El enfoque de sustentabilidad del FMI también es importante, fundamentalmente, porque ha modificado la secuencia de las exigencias.
La línea tradicional era reclamar un plan económico que garantice un sendero de consolidación fiscal (superávit) para luego determinar la estructura de los pasivos públicos. Ese pedido hubiera implicado definir previamente un ajuste fiscal en una economía en recesión para ofrecer un horizonte de pago a los acreedores. En cambio, fijar como prioritario el nivel de sustentabilidad de la deuda implica reestructurarla primero y después discutir el rumbo fiscal.
El cambio de prioridades (primero la quita de la deuda y después la cuestión fiscal con el programa del FMI) beneficia la posición argentina ante los acreedores privados.
Esta estrategia del FMI también está vinculada a que un mayor alivio sobre la deuda con acreedores privados mejorara el horizonte de cobrar el crédito entregado a la Argentina de Macri.
El Fondo ratifica de ese modo su lugar de acreedor privilegiado y prepara mejores condiciones para la renegociación de la deuda de 44 mil millones de dólares.
Merkel, Kristalina y el Papa
La estrategia financiera se combinó con una de política internacional para llegar al actual entorno de negociación con los acreedores, con un acuerdo que está muy cerca de concretarse en base a las condiciones definidas por el ministro Guzmán.
El triángulo integrado por la canciller alemana Ángela Merkel, el Papa Francisco y Kristalina Georgieva fue una base muy potente para neutralizar la arrogancia de los financistas.
La gira europea de Alberto Fernández fue el inicio de una paciente construcción de una red de respaldo para la oferta argentina. Los encuentros fueron con el Papa, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, el presidente de ese país, Sergio Mattarella, el de España, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI, el jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, y Merkel.
La conexión de ésta última con Fernández fue muy buena, comentan miembros de la Casa Rosada, evaluando que la característica de ser ambos profesores universitarios, con diálogo abierto y franco, facilitó la construcción de una relación positiva. El ministro Guzmán también entabló un buen vínculo con el ministro de Finanzas alemán y vicecanciller, el socialdemócrata Olaf Scholz.
Tener de aliada a Alemania, la potencia europea y con peso propio en el FMI, es un activo importante, más aún cuando Merkel tiene una fluida relación con Kristalina, y ésta con el Papa Francisco.
Son conocidos a lo largo de su papado los cuestionamientos públicos de Francisco al mundo financiero global por inmoral e injusto. El 5 de febrero pasado en el Vaticano se realizó el seminario "Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación", organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Georgieva encabezó el panel "Transformación de las reglas de la Arquitectura Financiera Internacional". Guzmán participó de ese encuentro.
Para el Papa Francisco, la negociación de la deuda impagable que dejó Macri se inscribe en la tensión que denuncia acerca del abuso del capitalismo financiero globalizado sobre el Estado-Nación.
Mientras los grandes fondos de inversión acreedores destinaron recursos a periodistas y grandes medios locales para desplegar su estrategia de presión, el gobierno de Fernández construyó con discreción una alianza política que ha resultado muy valiosa y más efectiva en esta disputa.
