La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entregó ayer a la titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº10, Paloma Ochoa, las aproximadamente 500 fichas de periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios, entre otros, en el marco de la denuncia por producción de inteligencia ilegal presentada en la Justicia federal, uno de los escándalos que por estas horas involucra al macrismo en la materia. La denuncia solicita la citación del expresidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520)”.

Varias de las víctimas directas de esta "producción de inteligencia ilegal" --así fue presentada la denuncia por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, contra los ex titulares de la agencia y del ex presidente Mauricio Macri-- analizan presentarse, a su vez, una querella conjunta. Piden que el Estado garantice que esa y cualquier otra información recolectada de manera ilegal sea destruida, y que además se investigue si no fue compartida, en su momento, con agencias de inteligencia de otros países.   

De esta manera, el organismo cumplió con el trámite demorado el viernes pasado por la desinfección de la sede de los tribunales. Las pruebas fueron aportadas a la causa radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Como informó este diario , se trata de fichas encontradas en una caja fuerte de la AFI, confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales. Esta dirección se dedicó a investigar afinidades políticas y vínculos de quienes se acreditaron para cubrir las cumbres de la OMC y del G-20 realizadas en Buenos Aires en 2017 y 2018, en flagrante violación de lo establecido en la ley de Inteligencia Nacional.

Entre las fichas halladas hay información de 403 periodistas, algunos de ellos, de agencias extranjeras. Para la Cumbre de la OMC, por caso, se prohibió el ingreso de una periodista británica y de un activista noruego, decisión por la que más tarde el Gobierno tuvo que pedir disculpas. Entre las pruebas que presentó Caamaño hay hasta una carta del ex canciller Jorge Faurie dirigida al entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas, con un pedido sobre un caso de un corresponsal extranjero. Por este motivo, la evaluación de los próximos querellantes abarca también la preocupación por posibles conexiones con otras agencias de espías. 

La documentación aportada al expediente incluye además informes de inteligencia sobre actividades de organizaciones que planteaban objeciones a los eventos internacionales, como el Transnational Institute, el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” y el Partido de los Trabajadores Socialistas. La denuncia considera que los agentes involucrados (sobre quienes rige la reserva de identidad prevista en la Ley Nacional de Inteligencia), y el exdirector general de la AFI, Gustavo Arribas, violaron el inciso 2 del artículo 4 de la Ley N°25.520, que prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.