La estrategia de la alianza Cambiemos de avanzar con sus llamados proyectos de “transparencia” en el Congreso –-para intentar despegar al presidente Mauricio Macri de las sospechas de corrupción– tuvo su primer tropiezo en Diputados. La comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el macrista Pablo Tonelli,  postergó para la semana próxima la discusión y el dictamen sobre la modificación de la ley de fueros al no poder encolumnar a la oposición “amigable” detrás de su proyecto. Desde el kirchnerismo, Guillermo Carmona cargó contra los decretos que firmó ayer Macri para “autorregularse” en el conflicto de intereses que generaron las decisiones del Gobierno a favor de las empresas de su familia (en los casos del Correo Argentino y Avianca) y “marginando al Congreso de la sanción de las leyes”. Desde el massismo también reclamaron la unificación de los giros a las comisiones para discutir en un plenario los distintos proyectos para modificar la ley de Etica Pública. “Todos sabemos cuáles son las argucias reglamentarias que tenemos que sortear para demostrar que todo no es una mentira”, le reprochó a Tonelli la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño.

Había diferentes proyectos para discutir y la apuesta de Cambiemos se encontraba en el primer punto de la convocatoria de Tonelli: la modificación a la ley de fueros parlamentarios. Ese proyecto pertenece a los diputados del PRO Nicolás Massot y Silvia Lospennato, y propone eliminar el artículo de la ley 25.320 que establece que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara” legislativa. Esa modificación tiene como casi único objetivo complicar la situación judicial del diputado del FpV y ex ministro de Planificación Julio de Vido.  

La discusión sobre este punto ya cruzó Diputados el año pasado cuando el juez federal Luis Rodríguez quiso allanar el domicilio y las oficinas del De Vido en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. 

Pero, ayer, la insistencia de la massista Graciela Camaño en su propio proyecto, algo más moderado, no le garantizó al oficialismo la posibilidad de aprobar el dictamen de mayoría. En el proyecto de Camaño el juez debe comunicar previamente al presidente de la Cámara de cualquier allanamiento o intercepción telefónica a un legislador, aunque el titular del cuerpo deberá guardar reserva hasta que la medida judicial se cumpla.

Tonelli decidió entonces que la reunión sea solo informativa, para que los integrantes de la comisión conozcan las iniciativas que tendrán prioridad en el debate. Sin embargo, no pudo esquivar la discusión. No hubo diputados radicales que defendieran el proyecto de sus correligionarios Mario Negri y  Karina Banfi. Ambos proponen una ley sobre “conflicto de intereses” que se extienda a los tres poderes del Estado por fuera de la ley de Etica Pública y sin cuestionar los prometidos decretos presidenciales. 

Este último punto agitó las aguas que Tonelli intentaba aplacar. El kirchnerista Carmona desafió a Tonelli a que responda “si la reforma de la ley de Etica Pública considera que le corresponde al Poder Legislativo” porque “así evitamos perder tiempo en una pantomima”. El diputado mendocino reclamó al Ejecutivo que “suspenda la firma de esos decretos y envíe proyectos al Congreso para que pueda definir el régimen que tendrá que cumplir el Presidente, los ministros, etc.”, porque de lo contrario -afirmó– “estamos ante la inminencia de un atropello institucional”. No lo sabía pero los decretos ya habían sido firmados (ver nota principal). El Bloque Justicialista se plegó a los reclamos. 

Camaño le recriminó a Tonelli que pidiera la unificación de los giros a comisiones de todos los proyectos presentados para reforma de la ley de Ética Pública y convocar una reunión plenaria de las comisiones para tratar el tema y “trabajar de verdad”. La macrista Lospennato intentó recuperar la iniciativa al recordar que su proyecto obligaba a los candidatos a presentar una declaración jurada informando si tienen causas por delitos contra la administración pública. Pero a esa altura, Cambiemos había perdido la pulseada legislativa.