El sector agropecuario reaccionó de manera heterogénea ante la intervención estatal en la cerealera Vicentin, que el gobierno finalmente buscará expropiar a través de un proyecto de ley en el Congreso. La postura más beligerante la encabeza la Sociedad Rural, que sigue la línea de la oposición y que no tardó en utilizar la palabra “Venezuela” en su argumentación para mostrarse en contra. Del otro lado de la Mesa de Enlace, se encuentran la Federación Agraria y Coninagro, que se mostraron a favor de mantener los puestos de trabajo. Incluso Eduardo Buzzi, quien encabezó el conflicto con el campo en el 2008, aseguró que la medida “es oportuna y necesaria”.

El presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, dijo que la medida es importante para que “el productor pueda cobrar las deudas". En tanto, anticipó que los productores “quieren saber fehacientemente cuál es el proyecto respecto al Grupo Vicentin”. En este sentido, opinó: “No es lo mismo que quede en mano de tres empresas concentradas, porque de esta manera sería un pasamanos de una empresa concentrada a otra. Distinto es que pasen a integrarlo cooperativas”.

Buzzi, expresidente de la Federación Agraria, argumentó que “es preciso recordar” que la empresa se encuentra en quiebra por “mal manejo”. Avaló la intervención ante la posibilidad de que terminara “en manos de extranjeros”. En declaraciones radiales, afirmó: “Ante el hecho consumado de una quiebra, o se está del lado de los capitales extranjeros o del lado de un proyecto soberano", opinó.

Con una mirada similar, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, pidió que tuvieran lugar las cooperativas: “El cooperativismo tiene contenido, capilaridad y gestión para aportar. Esta podría ser una oportunidad para desconcentrar el manejo del sector”. El dirigente auguró una buena gestión al interventor designado: “Saludamos a Gabriel Delgado, sabemos de sus referencias como profesional. Quedamos a su disposición”.

La Sociedad Rural manifestó que ve “con suma preocupación". La entidad consideró que la solución a la empresa quebrada, de la que dependen miles de trabajadores y productores, debe darse "a través de la Justicia”, dado que “cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo”. Luis Miguel Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural y quien fuera ministro de Agroindustria manifestó: "Es muy peligroso, porque así empezó Venezuela, y hoy están con un 95 por ciento de pobres". Anticipó que de avanzar la ley de expropiación habrá “competencia ilegal en los mercados”, aunque no se refirió a la ilegal maniobra entre Vicentin y la banca pública.

Etchevehere también le dijo a los legisladores que si aprueban el proyecto “van a tener que dar explicaciones a los productores de sus provincias”. Por su parte, Ricardo Buryaile, antecesor de Etchevehere, también criticó la medida, pero celebró el apoyo que se le dará a los productores: "Una parte me pone contento, que es que los acreedores van a cobrar una parte de las acreencias". 

Similar es la mirada de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). A través de un comunicado, la entidad se mostró en contra porque consideró que la intervención del Poder Ejecutivo “convalida la quiebra del principio republicano de la división de poderes”. Además, CRA manifestó preocupación porque los representantes observan “una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos”.