La crisis actual contrasta con otras de nuestra historia. Esta no está signada por la protesta masiva en las calles. Argentina recorre la crisis global precipitada por la pandemia de covid-19 en el marco de la grave situación social y económica heredada del gobierno anterior. Las políticas para ralentizar el contagio y evitar un descalabro completo del sistema de salud alimentaron en el corto plazo diversas tensiones económicas y sociales. A pesar de las enormes privaciones y dificultades en la vida cotidiana provocadas por el conjunto de la situación, no asistimos a grandes procesos de movilización como en otros momentos críticos de nuestro pasado. Varios elementos explican esta paradoja. 

En primer lugar, la legitimidad social de la denominada “cuarentena” como una política de gobierno que cuida y protege la vida de la población brindando respuesta al miedo colectivo que padecemos ante la pandemia. También las políticas públicas del Estado que, aunque heterogéneas y con diferentes capacidades de implementación, permiten paliar y morigerar los impactos sociales. De este modo se habilita una mayor tolerancia ante privaciones y frustraciones que de otra forma serían consideradas inaceptables. 

En segundo lugar, las condiciones de oportunidad son desfavorables para el ejercicio de los dos formatos clásicos de la acción colectiva: la movilización y la huelga. El propio modo de enfrentar la pandemia promueve el distanciamiento y el aislamiento, el repliegue al ámbito privado, dificultando la manifestación en el espacio público. Por otra parte, la crisis productiva y laboral --incluida la suspensión de actividades en áreas de la economía-- dificulta las condiciones para la huelga, sobre todo entre los trabajadores de los sectores considerados “no esenciales”. 

En este contexto asistimos a una doble reconfiguración de la acción colectiva. Por una parte, un repliegue al espacio virtual. Se potencia al igual que en otros ámbitos de nuestra vida --educación, trabajo, vida social-- una tendencia a la consolidación del espacio virtual de la realidad como lugar de interacción, con peso y dinámica propias. Por la otra, el repliegue a ese espacio de frontera entre lo privado y lo público que representan las ventanas y balcones de nuestras viviendas. Aquí se apela tanto a formatos conocidos de acción, como los cacerolazos contra presuntas “liberaciones masivas de presos”, como a otros más innovadores, como los aplausos al personal de salud. Como fue recurrente en nuestra historia reciente varios de estos episodios están teñidos por el clivaje político que ordena la disputa del país. En particular destaca, con diferentes precipitantes --algunos más exitosos que otros-- la búsqueda de articular y ampliar una oposición social al Gobierno a través de la acción colectiva. Recordemos que la protesta ha sido en diferentes momentos de nuestro pasado, con orientaciones diversas como el denominado conflicto del campo de 2008 o las movilizaciones contra la reformas previsionales de 2017, un articulador de disconformidades en contra del gobierno del momento, reemplazando o complementando débiles y fragmentadas oposiciones políticas. Sin embargo, esta lectura pertinente no puede nunca despreciar estos eventos ni soslayar las distancias entre quienes promueven y quienes participan, así como el conjunto variopinto de motivaciones que aglutinan y las dinámicas políticas que se puedan derivar a futuro.

Encontramos en las últimas semanas algunos episodios que buscan superar el repliegue de la acción colectiva. Éstos tienden a componerse preferentemente en las capas medias y altas donde anida la base social de oposición al Gobierno. La movilización supera el miedo deviniendo en caravanas de automóviles o negando la existencia del problema, como argumentan grupos extremistas que expresan una variante criolla de negacionismo pandémico. No obstante, conviene recordar --como la investigación sobre la temática de los movimientos sociales subraya-- que la acción colectiva es una herramienta primordial de los sectores populares, de aquellos con menos poder, para hacer valer sus voces y reclamos. La crisis, a semejanza de otras de nuestra historia reciente, acentúa procesos de desigualación preexistentes y genera otros. Aquellos más pauperizados y precarizados son quienes menos condiciones presentan para practicar las medidas de prevención y acceder al sistema de salud en caso de contagio. Son también quienes sufren mayormente los impactos económicos. La crisis refuerza las líneas de la desigualdad de clase, de género y étnica y agrega en este caso la etaria para con los adultos mayores. La experiencia en otros países, Chile o Estados Unidos por ejemplo, nos muestra que el miedo al contagio puede ser vencido por la bronca ante la privación o la violencia institucional. También nos advierte que, cuando la acción colectiva nace de la ira y de la falta de alternativas de reclamo y encuentra la represión como única respuesta estatal, deriva fácilmente en violencia colectiva. 

En Argentina estamos ante una situación diferente a otras latitudes, encontramos una significativa intervención del Estado y un denso entramado de organizaciones de la sociedad civil, muchas veces trabajando en cooperación, para paliar los efectos sociales regresivos. Pero en otras circunstancias esta sinergia no ocurre. Y en diversas situaciones las disposiciones estatales se muestran incapaces antes los poderes fácticos y la asimetría de fuerza que pretenden regular. Nos encontramos ante una situación social cada vez más compleja, en la cual se visibilizan y retroalimentan desigualdades persistentes. Construir una “Argentina más igualitaria” emerge como consigna del Gobierno y de las organizaciones gremiales y sociales populares que en su mayoría lo apoyan. 

¿Puede enfrentarse la desigualdad creciente, y más aún, promover un proceso de amplia redistribución reduciéndose al marco de la política institucional? ¿Puede la interacción entre el Gobierno y las organizaciones al interior de una coalición política o en otro marco institucional canalizar el conjunto de demandas? ¿Cómo enfrentar los intereses de los sectores que necesariamente se verán afectados en sus privilegios? Recrear y potenciar la acción colectiva de los sectores populares se vuelve un desafío necesario para salir de la crisis mejores en términos de igualdad. El futuro, el ritmo y la intensidad de esta agenda de cambio no será ajeno a cómo se resuelva este desafío. 

* Julián Rebón es investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.