La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reveló que durante el macrismo se realizaban actividades de espionaje ilegal contra aproximadamente 500 periodistas, dirigentes sociales y políticos, empresarios e investigadores del Conicet. Frente a ello, el Directorio del organismo rector de la ciencia y la tecnología en Argentina, rápido de reflejos, difundió un comunicado a través del cual se solidarizaba con quienes “habían sido objeto de estas investigaciones irregulares", exigió "el esclarecimiento de esas prácticas y de cualquier otro tipo de registro que involucre a científicos por parte de organismos de inteligencia" y ratificó "su compromiso con los valores del Estado de Derecho, las leyes de la Democracia”.
“Cuando supe que los investigadores del Conicet habían sido espiados quedé muy impresionada porque me hizo recordar a épocas horribles. Vamos a continuar con las acciones legales porque creemos que la olla recién se está destapando y que podría haber más gente del Consejo implicada. Hay que tener en cuenta que muchos de los científicos y científicas fueron clasificados por la AFI por sus propios temas de investigación. Incluso, hay otros académicos implicados que no son de Conicet pero fueron espiados por firmar tal o cual solicitada, quizás contraria a los intereses del gobierno anterior. Hubo persecución ideológica y política”, afirma Ana Franchi, presidenta del Conicet. Y continúa con su razonamiento a partir de una paradoja: “El propio Estado que, a través de sus instancias de evaluación al interior del Conicet, había aceptado y financiaba las investigaciones que esos científicos presentaron, luego los espiaba. Es una contradicción galopante”.
Por su parte, Mario Pecheny, vicepresidente de Asuntos Científicos del Conicet y representante del área de Ciencias Sociales y Humanidades, señaló: “La gente fue ‘fichada’ por el trabajo que realizaban. Lo que, aparentemente, preocupaba a la AFI en 2017 era lo que hacían con sus investigaciones. Por ello, es una responsabilidad del Conicet proteger la libertad académica y de expresión, cuestiones básicas que deben ser garantizadas en cualquier Estado de derecho”. En este sentido, recuerda: “Quienes somos más grandes tenemos grabado en la memoria y en el cuerpo que estar fichado podría traer graves consecuencias. No es ningún chiste. En lo sucesivo vamos a tratar de averiguar si hay otros miembros de la comunidad científica que tengan algún tipo de ficha en algún organismo de inteligencia”.
Luciana Ghiotto (doctora en Ciencias Sociales e Investigadora del Conicet), Alberto Robles (director de investigaciones del Instituto Mundo del Trabajo "Julio Godio" de la Universidad Tres de Febrero) y Beatriz Busaniche (comunicadora social y presidenta de la Fundación Vía Libre) fueron algunos de los académicos –no todos del Consejo– que fueron espiados cuando, en 2017, se inscribieron a la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio que transcurría en Buenos Aires. Pese a que solían participar de eventos del estilo –vinculados a economía, política internacional y organismos internacionales– fueron rechazados y fue curioso, sencillamente, porque lo venían haciendo durante décadas. Y claro, el veto no venía por parte de la OMC sino que provenía de otro lado. Hoy se revela que en las fichas elaboradas por aquella AFI aparecen desde fotos personales hasta datos de cuentas bancarias, direcciones, teléfonos y filiación política. En relación a ello, narra Pecheny: “Son prácticas de amedrentamiento y control contrarias a la democracia. Es una situación inadmisible suceda en el gobierno que suceda. Algunas de las instituciones afectadas se están volviendo querellantes porque ahora queremos saber más, llegar al final. No me interesa qué tipo de información recababan e intervenían: cualquier ficha es incorrecta si no hay orden de un juez basada en alguna razón muy específica”.
Maniobras que recuerdan a la dictadura
Según advirtió Cristina Caamaño, interventora de la Agencia desde el 20 de diciembre de 2019, a decenas de académicos les fue vedado el ingreso por la misma razón. Uno de los casos que más resonó por estos días y que se suma a los anteriores fue el de Francisco Cantamutto, investigador del Conicet en el Departamento de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Por aquella época, con asesoramiento del CELS, había presentado un recurso de habeas data. La negativa al ingreso de ese encuentro internacional olía raro y sus sospechas tres años más tarde pudieron confirmarse esta semana. En Conicet, existe lo que se denomina libertad de investigación. Los científicos, al presentar sus planes de trabajo a la Carrera (Carrera del Investigador Científico, CIC) lo hacen con total autonomía. Sus temas son evaluados por comités calificados en una innumerable cantidad de veces. De hecho, será difícil hallar en toda la administración pública a empleados tan evaluados como los investigadores. El mismo Estado que aceptaba estas designaciones y sus trabajos, luego los espiaba. Maniobras que a las autoridades del Consejo les remiten a los gobiernos de facto.
“Este tipo de manejos me recuerdan mucho a la dictadura. Cuando era becaria nos hacían presentar nuestros papeles con las investigaciones que realizábamos y, luego, un formulario con datos personales que iban directamente a parar a la SIDE. Con la reapertura democrática nos devolvieron los últimos que habíamos presentado. Sería una falta de respeto decir que esto que ocurrió con los espías del gobierno macrista es equivalente al último gobierno de facto, sin embargo, son actitudes que claramente perjudican a la democracia”, comenta Franchi. Después, plantea una nueva paradoja: “Que lo haga el macrismo que se proponía ‘refundar la nación’ resulta aún más patético. Venían a terminar con el populismo por sus prácticas antidemocráticas. No refundaron nada, más bien, refundieron la nación”.
El pensamiento crítico de los científicos y las científicas molesta a los gobiernos de turno y ello no es ninguna novedad. Sobre todo, aquellos que concentran sus esfuerzos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. No por mera casualidad, en épocas críticas (2016-2017) fueron los más golpeados por el macrismo y por los medios hegemónicos que denostaron sus objetos de estudio. Campañas mediáticas orquestadas desde las redes sociales subrayaban la inutilidad de algunos de los trabajos que los investigadores desarrollaban. El golpe fue tan duro aquella vez para algunos científicos que, ante la afrenta, no faltó quien se fuera a vivir al exterior. Una estocada en apariencia irreversible.
“Los de Sociales eran los que más preocupaban porque eran los podían ofrecer una mirada crítica sobre lo que el macrismo estaba haciendo. De hecho, lo vienen haciendo en todos los gobiernos y eso está muy bien. Por otro lado, en 2017, los insultaban, los burlaban por redes, les decían que formaban parte de ‘ñoquicet’. Se ve que no eran tan pavas las cosas que estudiaban, porque después los espiaban”, destaca Franchi. “No se entiende cómo para el macrismo aquellas ciencias que tildaban de ‘inútiles’ podían causar algún daño. Existe una tradición que concibe a las ciencias sociales, las humanidades y la filosofía como peligrosas. Bolsonaro atacó a los estudios de género amparado en la idea de que dicha rama de la investigación social encarnaba cierta peligrosidad. Por poco podemos darle cierta razón ya que si realmente conocemos las condiciones de nuestra existencia, vamos a intentar cambiarlas”, apunta Pecheny. Al fin y al cabo, el macrismo sí se preocupaba por la ciencia y la tecnología, aunque lo hacía mediante espías y no con presupuesto.
