Obreros desvinculados de la contratista Electrificadora del Valle (EDVSA) marcharon a la Secretaría de Trabajo este martes. A las 16 tuvo lugar la segunda audiencia de conciliación entre el gremio UOCRA, EDVSA y la minera Mansfield SA. Los trabajadores manifestaron la intención de participar designando delegados ya que no se sienten representados por el sindicato pero esto no les fue permitido. 

Un grupo de los despedidos contrató a la abogada de Córdoba, María Duffey Laxague, quien tampoco pudo participar mediante videoconferencia. Otros nueve despedidos están siendo representados por el abogado David Campos y la abogada Macarena Arroyo, quienes presentaron una demanda individual en la Secretaría, están a la espera del llamado de otra audiencia y advierten que si no obtienen respuestas por esta vía administrativa realizarán denuncias en la justicia penal y laboral.

"No nos dejaron pasar a la audiencia. El gremio, si hubiera querido hacer bien las cosas, nos hubiera invitado. Hablé con el secretario de Trabajo, Alfredo Batule. Dijo que iba a ver el tema. Nosotros pasado mañana vamos a ir a pedir una audiencia", sostuvo el obrero Ramiro Frías. Manifestó que ni el gremio ni la secretaría les informaron acerca de lo que se trató en la audiencia. 

Los obreros ya llevan una semana de protestas frente a las oficinas de la minera Mansfield pidiendo que ésta los reabsorba. Desde allí partieron a la Secretaría de Trabajo.

Por su parte el obrero de General Güemes Guillermo Vidal contó que un grupo de 9 trabajadores contrató al abogado Campos y a la abogada Arroyo. "EDVSA nos pagó solo 5 horas de trabajo de 12. Nunca nos pagó los feriados. En cuarentena nos dejaron en Salta Capital y no teníamos transporte a General Güemes. Vamos a denunciar a la empresa por abandono de personas y mala liquidación. Al gremio fuimos a reclamar y no nos dan solución. Hoy marchamos a la Secretaría y entraron representantes de UOCRA y Mansfield, de EDVSA al parecer pasaron escondidos. No sabemos qué arreglaron", manifestó.

Salta/12 intentó consultar con el Secretario de Trabajo, pero no accedió a la entrevista. También se consultó al gerente de Relaciones Institucionales de Mansfield, Facundo Huidobro, quien tampoco respondió.

Campos dijo a Salta/12 que este martes presentó una denuncia en la Secretaría de Trabajo, contra la empresa EDVSA y Mansfield SA como responsable solidaria. El letrado explicó que la audiencia conciliatoria entre UOCRA y las empresas se hizo en el marco del "derecho colectivo" de trabajo en la que solo podía participar el gremio.

Por otro lado, en el marco de los "derechos individuales" del trabajo y en representación de 9 obreros, luego de la denuncia realizada, el abogado planteó que esperan una conciliación aparte en la que se debe tratar la situación particular de cada trabajador.

"Hablamos con las autoridades de la Secretaría. Me preocupa el tema de los encadenamientos y hay que frenar eso. La UOCRA no llamó a los trabajadores. No se vieron apoyados por el gremio y por eso están buscando ayuda de abogados particulares", expresó Campos. 

El letrado anunció que no descartan una denuncia laboral en la justicia para plantear la reincorporación. "A los trabajadores se los notificó vía Whatsapp, éste no es un medio de notificación fehaciente. Se puede considerar que nunca fueron despedidos. Algunos de nuestros clientes fueron notificados después por telegrama pero en el lapso de tiempo que regía el Decreto Nacional de Urgencia 329 que prohibía de despidos", explicó.

Por su parte, Arroyo evaluó que "es importante sentar jurisprudencia en Salta" si se hace una denuncia judicial respecto a las personas despedidas en el marco de la vigencia del DNU.

Campos planteó que evalúan iniciar una denuncia penal por retención de bienes de seguridad social ya que EDVSA realizó mal la liquidación a los obreros y además no entregó documentación. "Cuando hay un despido es un derecho del trabajador recibir la documentación original de la libreta del fondo de desempleo, recibos de sueldos y aportes jubilatorios. A algunos no se les entregó y a otros les dieron fotocopia del original. Cuando fueron a cobrar el fondo en el banco Nación no pudieron porque la entidad bancaria les rechazaba las fotocopias", sostuvo Campos.

"Pedimos la entrega inmediata de la documentación, los trabajadores seguían de alta en AFIP, no pudieron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia ni el salario universal ni ningún beneficio dispuesto por el Gobierno Nacional ante la pandemia", indicó el abogado.

Campos explicó que EDVSA debía retener el 12% de cada sueldo de los trabajadores en el primer año y enviarlo a un banco para el fondo de desempleo. Ese dinero no se habría transferido correctamente. "Hay una liquidación viciada", afirmó.

"Nuestros clientes tienen intenciones de llegar a un acuerdo con EDVSA y con Mansfield" dijo por su parte la abogada Arroyo. Manifestó que los trabajadores reclaman la reincorporación y que se hagan las liquidaciones de forma correcta. Aseveró que esperan una solución al problema laboral en la Secretaría de Trabajo para no tener que iniciar demandas judiciales y para no prolongar más el tiempo a los trabajadores "afectados en esta pandemia".

Arroyo detalló que los obreros no contaban con Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), "cuando tenían un accidente laboral, bajaban de Tolar Grande y los dejaban en alguna clínica en Salta, teniendo que ser asistidos con sus obras sociales. Eso es abandono de personas", precisó.

Además, "cuando fueron despedidos los bajaron en traffic hasta la Capital y se desentendió la empresa. No les pagó remis ni otro transporte a los trabajadores que debían regresar a sus hogares en General Güemes. Tuvieron que buscar transporte particular y abonar de su bolsillo, en tiempos de cuarentena estricta", añadió Campos. Indicó que ese hecho también es abandono de personas.

Arroyo señaló que en la Secretaría de Trabajo ya pidieron que se abonen las liquidaciones finales que corresponden. Señaló que los obreros tenían una modalidad de 21 días de trabajo y 7 de descanso."Los últimos días de descanso tampoco fueron pagados por la empresa. Las horas extras no eran pagadas como correspondía, les abonaban el 50% y no el 100%.

Campos manifestó que en Salta hay muchas mineras trabajando, que son empresas extranjeras las que ganaron la licitación y que "lamentablemente es moneda corriente que no estén respetando los convenios colectivos de trabajo y los derechos laborales".

"En una situación excepcional, los más desamparados son los trabajadores, las empresas se tienen que hacer responsables", acotó Arroyo.