Preocupación del organismo por el decreto migratorio
Advertencia de la CIDH
La comisionada Margarette Macaulay consideró que perjudica a los migrantes. Dijo que “la Argentina fue un gran ejemplo” sobre cómo tratarlos y que “preocupa que haya retrocedido”.
En conferencia de prensa, Macaulay dijo que también preocupa que se vincule migración con criminalidad.En conferencia de prensa, Macaulay dijo que también preocupa que se vincule migración con criminalidad.En conferencia de prensa, Macaulay dijo que también preocupa que se vincule migración con criminalidad.En conferencia de prensa, Macaulay dijo que también preocupa que se vincule migración con criminalidad.En conferencia de prensa, Macaulay dijo que también preocupa que se vincule migración con criminalidad.
En conferencia de prensa, Macaulay dijo que también preocupa que se vincule migración con criminalidad. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el decreto migratorio del gobierno de Mauricio Macri. La inquietud la hizo pública en una conferencia de prensa la comisionada Margarette Macaulay, quien destacó que la nueva normativa perjudica a los migrantes e implica un “retroceso” para una país como la Argentina, que fue un gran ejemplo” de cómo tratarlos. 

El decreto que preocupa a la CIDH fue firmado por Macri a fines de enero, y permite las deportaciones de indocumentados que hayan cometido delitos. El lunes, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, tuvo que dar explicaciones al respecto ante la CIDH en Washington, junto al director de Migraciones Horacio García. Allí afirmó que el decreto no es persecutorio ni racista.

Las explicaciones de los funcionarios macristas no disiparon las inquietudes que se plantearon en esa audiencia. “La adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia incorpora disposiciones regresivas de los derechos de los migrantes. La verdadera preocupación de la Comisión es que la Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes. Y ahora nos preocupa que haya retrocedido”, señaló Macaulay.

La comisionada precisó también que a la CIDH también le “preocupan las declaraciones de altas autoridades que relacionan la migración con la criminalidad”. Según remarcó, el decreto no garantiza los derechos de los inmigrantes que se afincan en la Argentina, agravando la legislación previa, que ya estipulaba mecanismos de expulsión del territorio nacional.

Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) y el Instituto Argentino para la igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi) han pedido la anulación del decreto.

Esos organismos participaron de la audiencia del lunes en Washington, donde el Gobierno tuvo que responder además por la represión en Jujuy, y también cuestionaron la defensa de los funcionarios del decreto migratorio. “Sorprendió que el Estado no haya dado ante el organismo internacional las explicaciones que da a nivel nacional. No hablaron de delincuencia ni de respuesta al crimen organizado como justificativo de los cambios a la ley. Lo único que dijeron es que había una demora en los procesos, lo cual es pobrísimo a la hora de explicar por qué se recortan los derechos del migrante para solucionarlo”, evaluó tras la audiencia Diego Morales, director del área de Litigio del CELS. 

La CIDH decidió de oficio actuar ante el cambio de la normativa migratoria que realizó la administración macrista. En el comienzo de la audiencia, el titular del organismo internacional, Francisco Eguiguren -acompañado del vicepresidente, James Cavallaro- advirtió sobre la relación entre migración, delito, xenofobia y estigmatización que la modificación promueve.

Al respecto, Morales precisó que “el DNU establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia”, mientras que la integrante de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, Gabriela Liguori, destacó que la modificación “viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones”. Por su parte, Nengumbi Sukamam, integrante del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, alertó que el DNU “habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial”. 

Ante las críticas, Avruj insistió en que Argentina es “un país de puertas abiertas” y que “no quiere perseguir migrantes”, aunque defendió el control sobre esa población. “La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos”. Evidentemente, sus explicaciones no convencieron a los miembros de la CIDH.