La carátula es  “abuso sexual agravado por la guarda”

Catamarca: comienza el juicio contra Enrique Aybar, el intendente acusado de violación

La denuncia fue hecha en 2013, cuando la víctima tenía 15 y contó que con el pretexto de una beca de estudios Aybar la llevó a la capital provincial y abusó de ella.
Hay otras cuatro denuncias por violación contra Aybar.Hay otras cuatro denuncias por violación contra Aybar.Hay otras cuatro denuncias por violación contra Aybar.Hay otras cuatro denuncias por violación contra Aybar.Hay otras cuatro denuncias por violación contra Aybar.
Hay otras cuatro denuncias por violación contra Aybar. 

El próximo martes comienza el juicio contra Enrique Aybar, intendente de la localidad catamarqueña Puerta de Corral Quemado, acusado por “abuso sexual agravado por la guarda”, cometido y denunciado en 2013, cuando la mujer tenía 15 años. “Él me decía que nadie iba a creerme y hoy todavía tengo ese miedo, esa incertidumbre sobre qué va a pasar, si realmente se va a hacer justicia”, señaló la denunciante. La audiencia, en la que declararán los testigos de ambas partes, se llevará a cabo de forma virtua . “Es urgente desenmascarar la manipulación sistemática que ejerce este hombre sobre la gente de la localidad”, advirtió Fernando Contreras, abogado de la querella.

El episodio sucedió en 2013, cuando el intendente viajó junto a la denunciante y su madre hasta la ciudad de Catamarca. “El pretexto fue conseguirle una beca para estudiar. Para eso tenían que viajar a la capital, y ahí es donde la lleva a un hotel alojamiento y se aprovecha de ella”, relató Contreras, y explicó que ya había utilizado esta estrategia con otras adolescentes. La lógica también se repite: “Hay otras cuatro denuncias y en todas lo que emerge es que él aprovecha su poder para manipular y amenazar a las personas”.

La audiencia, que iba a realizarse en septiembre del 2019, fue postergada luego de que la defensa presentara la solicitud del juicio a prueba y ofreciera más de 300 mil pesos para que la instancia no tuviera lugar. “Hace seis años que vienen retrasando el juicio, pero esta vez ya no quedan artimañas para que logren evitarlo”, señaló Contreras. Mientras el debate esperaba su nueva fecha, otra mujer que también fue abusada sexualmente por Aybar se animó a denunciar su caso, ocurrido en 1985, cuando él era director de la escuela de la localidad. Según Contreras, quien forma parte de dos de las cinco causas existentes por delitos sexuales contra el funcionario, las denuncias que se realizaron durante el 2019 “están todavía en instancia de investigación, pero son más pruebas para confirmar el modo de actuar del intendente”.

Ese mismo mes de octubre en el que se postergó el juicio, Aybar fue reelecto como intendente de la localidad Puerta de Corral Quemado, cargo que ocupa desde el 2011. “Su poder es tan amplio que va desde la Policía hasta la disponibilidad de agua para el riego”, explicó el abogado de la denunciante, y agregó que “toda la gente del lugar depende económicamente de la Municipalidad”. En la localidad viven, según el último censo nacional del 2010, alrededor de 500 personas.

“Me tuve que alejar del pueblo. Ahí la gente tiene que hacer lo que él dice porque si no él los despide”, señaló la denunciante, que luego de llevar su caso a la Justicia, tuvo que mudarse a la capital de la provincia. Por su parte, el padre de ella fue despedido de su trabajo en la administración pública, y su hermano decidió mudarse también a la ciudad. “Él se maneja como patrón de estancia”, explicó Contreras, y relató que “la denunciante ha sido amenazada y ha sido blanco de agresiones para que guardara silencio”.

Durante la audiencia declararán testigos por parte de la defensa y de la querella. “Para las declaraciones, la familia pidió el traslado a la capital, porque tienen miedo de las represalias que pueden recibir”, aclaró Contreras y afirmó que “hay pericias que indican que el acto sexual ha existido y no ha sido voluntario, y todas las pruebas están dadas para la sentencia”. La querella pedirá la inmediata detención. Según el abogado, “la condena sería de entre 4 y 6 años”.

Si bien en el pueblo la señal de Internet no suele ser buena, la Justicia provincial deberá asegurar las condiciones para que los testigos puedan declarar correctamente. “Si el servicio no funciona, el Tribunal tomará las medidas necesarias para trasladar a las personas a la capital y continuar el juicio”, explicó Contreras y aseguró: “Está todo dado para que tengamos resultados satisfactorios”.

Informe: Lorena Bermejo

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