El 16 de junio a las 12.45 Laura Argañaraz recibió la notificación formal de que la Municipalidad de Pichanal prescindía de sus servicios en el área de prevención del dengue en el que se desempeñaba desde hace 13 años como trabajadora eventual. Ese día, según señalaron distintos referentes de ese pueblo, hubo varios despedidos pero nadie sabe dar el número exacto. Y no hubo información oficial. 

La semana pasada terminó agitada en Pichanal, primero fueron los despidos y la protesta de algunos trabajadores por esa decisión, luego se confirmaron tres nuevos contagios con la Covid-19. En cuanto a lo primero, se espera que este lunes haya alguna novedad. Por un lado, Argañaraz espera recibir una explicación del secretario de Gobierno, Federico Salinas. Y otros referentes locales dijeron que esperan poder reunir la información sobre el total de despedidos, y analizar cómo enfrentarán esta situación. 

La protesta la protagonizó Argañaraz, acompañada por otras trabajadoras de esa misma área de prevención del dengue. La trabajadora contó a Salta/12 que se desempeñaba como agente socio ambiental, "operaria del dengue”, se calificó. Cumplía seis horas de lunes a viernes por un sueldo de $7.740 que a la hora de cobrar eran en realidad $6.000, según aseguró. Argañaraz es de la comunidad ava guaraní Misión San Francisco, algunos de cuyos integrantes anunciaron que acompañarán la lucha por su reintegro.

Hasta la semana pasada había 19 agentes socioambientales en Pichanal, 12 históricos, heredados por al gestión del intendente Sebastián Domínguez, que fue electo en la lista del gobernador Gustavo Sáenz y se identifica con el macrismo, y siete nuevos incorporados. Su trabajo está sectorizado. Argañaraz atendía cuatro barrios, Los Paraísos, Wichí, Jesús de Nazareth y El Algarrobal. “Trabajamos por manzana, tenemos que visitar veinte casas por día”, contó. Este mes estaban relevando las letrinas existentes en este pueblo del departamento Orán constituido en gran medida por habitantes humildísimos. Los trabajadores socioambientales relevan los baldíos, las casas cerradas, verifican el descacharrado, que no haya lugares con restos de agua que facilitan la propagación del mosquito transmisor del dengue. 

Argañaraz destacó que trabaja hace 13 años en la prevención de esta enfermedad. Empezó en el progama de la Coordinación Epidemiológica de la provincia, que capacitó a habitantes de todo el territorio provincial para realizar este trabajo. Entonces trabajaba directamente en el hospital de Pichanal, luego la pasaron Atención Primaria de la Salud (APS) y finalmente quedó en el ámbito de la Municipalidad.

Argañaraz no sabe de dónde proviene el dinero con el que se le paga, entiende que hay un convenio entre la Municipalildad y el Ministerio de Salud por el cual la provincia envía los fondos al municipio para que lleve adelante la prevención del dengue. Contó que cuando va a cobrar en el Banco Macro, “ahí dice Pichanal Trabaja, pero yo no soy de ese programa, yo vengo de Enfermedades Tropicales”, sostuvo. 

“De eso vivo yo”, insistió Argañaraz al tratar de explicar la importancia que tiene para ella su trabajo. Tiene cinco hijos, todos menores de edad. El más chico, todavía bebé, tiene una hernia, iba a ser operado en marzo pero no se pudo por la pandemia. Su marido hace changas. “Yo jamás falté a mi trabajo, ni tengo certificado médico ni nada, cumplí horario, incluso yo le ayudé a mi jefa, le enseñé”, aseguró la trabajadora. Su jefa directa es la licenciada en enfermería Adela Blacut, una de las firmantes de la notificación de despido

Salta/12 consultó a Blacut, pero la funcionaria dijo que no le corresponde a ella hablar, sino al secretario de Salud, Manuel Guerrero, que no atendió los requerimientos de este medio. 

“No me explican nada, no me dicen nada del por qué me despiden”, se desesperó Argañaraz. Destacó que los despidos en la Municipalidad de Pichanal se están dando a pesar del decreto nacional que prohíbe estas medidas durante la emergencia por la pandemia. "Y, sin embargo, ellos lo hacen, ellos dicen que hay recorte de personal, si hay recorte de personal que boten a la gente que realmente no va a trabajar”. 

Alejandro Aguilar, de la Misión San Francisco, ex concejal y referente del Frente de Todos en Pichanal, fue otro de los que estuvo frente al edificio municipal apoyando el reclamo de Argañaraz. Consideró que el despido tiene que ver con una discriminación "por ser indígenas, callados". "Ella no vive en un lugar bueno. No tiene nada de comodidad, como mucha gente aquí en Pichanal", sostuvo. Dijo que acompañan a la trabajadora porque entienden que no pueden echarla "así como así", sin siquiera dar explicaciones. "Hay que pelear, porque hay muchos que callan y esto pasa al olvido. Somos rezagados", razonó. 

Los despidos en Pichanal vienen sucediéndose desde la asunción del nuevo jefe comunal, en diciembre del año pasado. Entonces se denunció el despido de dos mujeres trans por su condición de género. 

Hace poco se fue la subsecretaria de Deportes, Claudia Leañez. "Fui nombrada subsecretaria, pero luego de haber cumplido ese rol por cinco meses el intendente se echó atrás negándome tal designación. Fue una reunión bastante incómoda, dolorosa y desilusionante", dijo la ex funcionaria. 

Un Concejo que está pintado 

La vicepresidenta del Concejo Deliberante de Pichanal, Gabriela Castillo (FdT), sostuvo ante la consulta de Salta/12 que ese Cuerpo está “prácticamente” paralizado porque “el intendente está incumpliendo todo lo que dice la Carta Orgánica”; no les envía caja chica para el funcionamiento, no promulgó el aumento que se otorgaron los concejales, que siguen cobrando $15.000, y no paga los salarios de los secretarios y ordenanzas desde hace seis meses, desde que asumió. Castillo dijo que comparten lo que cobran con estos trabajadores, pero no les alcanza.  

El Concejo pichanalense tiene nueve concejales, siete son del FdT y dos del oficialismo. Castillo consideró una “una vergüenza” el comportamiento de Domínguez desde la asunción misma, que se hizo también sin respetar la Carta Orgánica. Algo similar pasó en la apertura de sesiones en marzo en la que el jefe comunal dejó plantados a los ediles e hizo un acto político en el que los insultó. Ya en marzo pasado los concejales presentaron un amparo por el conflicto de poderes, pero hasta ahora no han tenido respuestas

“Los proyectos que salen del Concejo él no los promulga, únicamente promulga los que salen de los concejales del Partido de él”, sostuvo la concejala. Destacó que el intendente nombró al tesorero, Facundo Montero, sin acuerdo del Concejo, a pesar de lo que establece la Carta Orgánica. “Y saca ordenanzas y resoluciones para las que no está habilitado para eso". 

Sobre los despidos, Castillo destacó que hay una persecución desatada contra la oposición, puso como ejemplo su propia experiencia, "yo tenía primas que trabajaban de barrenderas, las despidió a todas”, y la experiencia que está viviendo el padre de la presidenta del Concejo, Joana Méndez. El hombre es empleado municipal desde hace 27 años, estaba en su casa porque por su edad integra el grupo de riesgo para el coronavirus, pero fue visto ayudando a fumigar en los barrios y se lo llamó a trabajar. Castillo dijo que cada día lo mandan a trabajar a una dependencia distinta y que le iniciaron un sumario administrativo acusándolo de abandono de trabajo. 

La concejala anunció que este lunes intentarán reunir la información sobre la nueva camada de despedidos. Dijo que tienen la intención de realizar algún tipo de manifestación para reclamar por las condiciones, pero están limitados por la cuarentena.