Tras recibir la opinión de empresarios, jueces y abogados laboralistas, la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados buscará este miércoles un dictamen consensuado entre múltiples proyectos para regular por ley el teletrabajo. Las cámaras empresarias reclamaron que el consentimiento y la reversibilidad de la llamada “desconexión digital” (sobre el teletrabajo), debe ser acordadas por ambas partes y no unilateralmente como plantean varias iniciativas, además de proponer que la ley entre en vigencia 180 días después del cese de la emergencia sanitaria. La Asociación de Magistrados de la Justicia del Trabajo bonaerense sostuvo que “esta modalidad no puede implicar de manera alguna renuncia total o parcial de derechos contenidos en la Ley de Contrato del Trabajo”. En tanto, el abogado laboralista Héctor Recalde advirtió que estamos “en un momento de muchísima precarización” y agregó que pensaba en una regulación “para la emergencia y no para siempre”.

“Es una demanda social que se regule el teletrabajo; sabemos que esta modalidad va a quedarse en algún porcentaje mayor después de la pandemia”, sostuvo la presidenta de la comisión Vanasa Siley (FdT). Luego destacó el “trabajo profundo, con buena fe y coordinación” que pusieron todos los bloques, que según confirmó buscará este miércoles un dictamen sobre un proyecto de consenso. Si se logra, podría ser parte del temario de una posible sesión de la Cámara baja de esta misma semana.

Distintas cámaras empresarias participaron por teleconferencia con la comisión, donde la Unión Industrial Argentina (UIA) se encargó de poner los mayores reparos sobre los proyectos en debate. Su prosecretaria, Carolina Castro, reclamó que se escuche “la voz de los empresarios”, porque “son los que determinan dónde y cuánto se invierte y, por tanto, cuánto empleo se genere”. La jefa del departamento de política social de la UIA, Laura Giménez, remarcó que el consentimiento a este tipo de modalidad laboral “debe ser acordado en forma voluntaria por las partes”, que “deben garantizarse las facultades de organización y dirección del empleador que emanan de la Ley de Contrato de Trabajo” y que el pedido de reversión debe ser tanto por el empleador como por el trabajador, con “un plazo de 30 días de preaviso, igual para las dos partes”. Giménez también solicitó que “la entrada en vigencia de la ley se disponga para 180 días después del cese de las medidas de emergencia sanitaria”.

“No queda claro cuál va a ser el criterio o cómo se va a implementar la desconexión”, dijo Esteban Mancuso de la Cámara Argentina de Comercio. Un tema no menor para muchos de los proyectos ya que está directamente relacionado con la extensión de la jornada laboral. Leo Bilanski, de la Asociación de Empresarios Nacionales,  alertó sobre “las prestaciones transnacionales: no podemos abrir la puerta a un esquema de contratación de trabajadores extranjeros”. También solicitó que en el primer año de aplicación de la ley, se exceptúe de realizar “cualquier inversión” a las empresas con menos de 10 trabajadores.

Los jueces laborales también opinaron ante los diputados. “No se puede desconocer que hay ciertas particularidades en este tipo de prestación que obligan a hacer un encuadre jurídico específico”, sostuvo Marcela Vodeb, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Vodeb remarcó que la reversión de la modalidad “que pretenda hacer el empleador debe estar consentida y consensuada por el trabajador” y agregó: “Esta modalidad no puede implicar de manera alguna renuncia total o parcial de derechos contenidos en la Ley de Contrato del Trabajo”. “No se puede desconocer que hay ciertas particularidades en este tipo de prestación que obligan a hacer un encuadre jurídico específico”, agregó.

“La pandemia ha obligado a los trabajadores aggionarse” en la Argentina, dijo Graciela Craig, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, pero advirtió que “no todos están en igualdad de condiciones”. Craig también se refirió a la cuestión de género y explicó que si bien se piensa que el teletrabajo “mejora la calidad de vida de las mujeres en cuanto a la relación familiar, al facilitarles las tareas de cuidado”, también puede representar “una dificultad para el desarrollo profesional de las mujeres”. Entre ellas una “disminución en la competitividad con el resto de los trabajadores, porque no se encuentra presente” en el lugar de trabajo.

Recalde fue otro de los que expuso ante los legisladores de la comisión. “Estamos en un momento de muchísima precarización” y “me da la sensación de que tenemos que tener muchísimo cuidado con la emergencia”, advirtió el ex diputado nacional. “En algún momento dado tenemos que volver a la normalidad global, porque la pandemia va a pasar. Estoy pensando en la emergencia, más que en el ‘para siempre'”, opinó el abogado laboralista y agregó que no se puede pensar en “un trabajador libre, sin condicionamientos” por el solo hecho de estar en su domicilio, por eso “es muy importante la presencia sindical”. “Es un gran desafío tratar de llegar a una solución lo más equilibrada posible”, sugirió.