El proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina fue, como la mayoría de las cosas en todos los niveles de la cotidianeidad, afectado por el coronavirus y las medidas adoptadas para evitar su propagación desenfrenada. ¿Cuáles fueron los efectos de esa incidencia? Los hay negativos y también los hay no tanto. Según cifras actualizadas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, los juicios orales y públicos disminuyeron desde finales de 2019, cuando nadie imaginaba que una pandemia disminuiría la circulación social al mínimo, mientras que creció el número de represores detenidos en relación con el año pasado. También lo hizo la cantidad de beneficios de arresto domiciliario otorgados.
El informe, difundido ayer a través de la web de la Procuración General de la Nación y elaborado por el organismo a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos, contiene cifras actualizadas hasta mediados de mes. Los números generales está prácticamente congelados desde las estadísticas informadas en diciembre pasado. Las sentencias dictadas suman 245, con siete nuevas dictadas en el último semestre. La cifra representa el 41 por ciento del total de causas en trámite --592, cuatro más desde diciembre--, mientras que otro 45 por ciento lo añaden las causas en instrucción --263 en total--.
Los juicios en curso
En tanto, el porcentaje de juicios en trámite continúa, como diciembre, clavado en el 3 por ciento del total de expedientes existentes, aunque en cifras concretas haya decrecido esa cantidad de 20 a 17. De ellos, no obstante, solo nueve retomaron sus audiencias en el curso de la cuarentena y por la vía remota: tres en los tribunales orales de San Martín, uno en Mendoza, otro en San Juan, uno más en Tucumán, dos en Mar del Plata y uno en Rosario. Los ocho restantes continúan suspendidos desde el 20 de marzo, cuando comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del virus que, por estos días recién está alcanzando el pico de la curva de contagios. Algunos, como los que repasan los crímenes de lesa humanidad cometidos en Esma, en Vesubio, en Orletti o en la Brigada de San Justo, esperan directivas de los tribunales federales que deben definir de cuáles son las posibilidades de reiniciar las audiencias.
En tanto unas 67 investigaciones culminaron su etapa de instrucción y aguardan por una fecha de inicio de debate oral. Casi todos los que estaban programados para comenzar en 2020 fueron pospuestos : entre ellos, se destacan el tan esperado juicio por los crímenes cometidos en el Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, el de los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en 1 y 60, La Plata, y el que repasará la unificación de las causas “Diedrichs” y “Herrera”, en Córdoba, cuyo comienzo exigieron los organismos la semana pasada.
La cifra, que representa un 11 por ciento del total, está concatenada al dato anterior ya que en la mayoría de las jurisdicciones no pueden comenzar nuevos debates hasta que no culminen los que están en curso. Sin embargo, también revela que la parálisis del sistema judicial es general, no solo afecta a los pasos que requieren de encuentros presenciales como lo es un juicio oral y público, sino también a los trabajos de investigación: entre diciembre de 2019, cuando las causas elevadas a juicio eran 70, y el 16 de este mes no concluyó ninguna instrucción.
La cantidad de imputados
En el último semestre también aumentó la cantidad de personas investigadas por delitos de lesa humanidad, que en la actualidad es de 3316 contando desde que comenzó el proceso de juzgamiento por esos esos hechos. De ellas, 995 están condenadas y 162 han sido absueltas. Otras 605 han sido procesadas y 540, imputadas, mientras que a 181 se les ha dictado la falta de mérito y otras 91 han resultado sobreseídos. 71 represores han sido indagados y hay 26 prófugos. Asimismo, fallecieron 645 personas vinculadas al terrorismo de Estado.
En cuanto a la condición de los imputados, la PCCH verifica un aumento en la cantidad de detenidos en comparación con el año anterior, así como una disminución de las personas investigadas por delitos de lesa humanidad en libertad. A fines de 2019, había 884 represores detenidos, mientras que en la actualidad ya son 905. La curva de personas en libertad, en tanto, que mantuvo su tendencia ascendente hasta finales del año pasado, comenzó a descender por primera vez en un lustro en 2020: la cifra se redujo de 1590 a 1562 represores libres.
Por último, el organismo a cargo de Ramos desagrega las estadísticas que reflejan una problemática que recrudeció durante la cuarentena: los arrestos domiciliarios otorgados a genocidas . El informe de la PCCH confirmó que hubo un aumento en el otorgamiento de este beneficio en comparación con el año pasado: mientras en el 2019, 608 personas estaban arrestadas bajo esa modalidad, este año el número aumenta a 649. Según el análisis que realizan desde la Procuraduría, el incremento “se debe, en parte, al contexto de pandemia y a la entrada en vigencia del Decreto 260/20, a partir del cual muchos detenidos solicitaron la morigeración de la modalidad de prisión con arresto domiciliario”. De los más de 100 pedidos realizados, solo 22 se han resuelto de manera satisfactoria para los imputados.
