Dos policías quedaron ayer en prisión preventiva domiciliaria tras ser imputados por vejaciones, lesiones, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad, contra un hombre que denunció un hecho de robo en Villa Gobernador Gálvez. Fue detenido junto a un vecino y golpeado en el traslado a la comisaría 26.
Rosana C. y Hugo L. fueron acusados por el fiscal Gonzalo Fernández Bussy por un hecho del 21 de mayo pasado, cuando según indicaron, alrededor de la 1 de la madrugada estaban de recorrida como empleados del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez y detuvieron a un hombre por un presunto incumplimiento de la cuarentena, según constataron en el acta. Durante el traslado a la comisaría 26, le propinaron "golpes de puño en el cuerpo y el rostro", que se repitieron durante el trayecto de vuelta del hospital al que debieron llevarlo por las heridas causadas.
La víctima hizo la denuncia al día siguiente en la Unidad Especial de Asuntos Internos. Según relató, estaba en su casa con su esposa, su hermana y su sobrina de 5 años, cuando alrededor de las 23.30 escuchó ruidos en el patio. Vio que dos hombres estaban corriendo y pegó un grito a un vecino. Según se indicó, faltaron elementos del patio. Tras ello, apareció el móvil policial. El creyó que alguien habría llamado al personal. La denuncia indica que bajaron dos agentes, un hombre y una mujer, quien le dijo "de forma agresiva que se ponga contra el móvil".
El hombre les dijo que los había llamado por dos personas que habían estado en el patio de su vivienda y les decía que no perdieran el tiempo y si lo podían subir a la camioneta para ir a buscar a esos tipos. "La oficial le respondió que él no le podía decir cómo hacer su trabajo", reza la denuncia, por lo que lo subieron al móvil en calidad de aprehendido y esposado. También se llevaron a su vecino, quien intentó explicarles la situación a los policías.
En el trayecto fue golpeado en el rostro, en reiteradas oportunidades, mientras estaba esposado. Además de las lesiones y vejaciones, se los imputó por intentar justificar la aprehensión, colocando datos falsos en el acta de procedimiento. Tras la acusación fiscal, con pedido de 90 días de prisión preventiva, la jueza Melania Carrara ordenó la prisión por 30 días y en modalidad de domiciliaria.
