La decisión del primer ministro de Energía que tuvo Mauricio Macri, Juan José Aranguren, de fijarle en noviembre de 2017 un precio del gas en dólares para los productores "muy superior a los precios del mercado", para luego trasladarlos a tarifas, significó "un daño económico de 561 millones de dólares", destacó el interventor del Enargas, Federico Bernal. Estimó un perjuicio de 393 millones de dólares para el erario público, "por la deuda que le dejó al Estado nacional con los productores", y de 168 millones de dólares para los usuarios, "por el aumento de tarifas dispuesto a partir de abril de 2018, que continuó hasta septiembre de ese año".

Bernal, en su carácter de interventor del órgano regulador, promovió una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública contra el ex ministro Juan José Aranguren, ex funcionarios del Enargas y el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos Marcos Pourteau.

El hecho denunciado es "la concertación" entre productores de gas natural y distribuidoras, convocada por el entonces ministro de Energía Aranguren, en noviembre de 2017, para establecer un precio uniforme del gas en boca de pozo en dólares, "inédito en la comercialización del recurso, para luego asegurarse su pase a tarifa".

En diálogo con Página 12, Bernal señaló que "la firma de las Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural, entre productores y distribuidores, el 29 de noviembre de 2017, se hizo a espaldas de las previsiones del marco regulatorio; para 2018 ya perdía vigencia la ley de emergencia, y en lugar de ir a un mercado de competencia en pesos, se fijó un precio en dólares muy por arriba del que hubiera resultado en el mercado libre en las condiciones en que se presentaba el año 2018".

El actual interventor del Enargas recordó que ya en 2017 "se había revertido la caída en la producción de gas, por lo cual se preveía para 2018 una sobreoferta que impulsaría el precio a la baja; pero Aranguren convocó a productoras y distribuidoras en noviembre de 2017 para pactar un precio en boca de pozo que le garantizaba las ganancias a las petroleras por dos años, y a las distribuidoras le aseguró el traslado a tarifas del valor del gas en dólares". 

"Tan ilegal fue la maniobra de fijar precios apartándose de lo que determinaba el marco regulatorio de la ley 24.076, que se llegó al absurdo de inventar un supuesto período de transición que supuestamente justificaba el desvío de lo normado", indicó Federico Bernal.

"Además, frente a las presiones del ministro Aranguren y el secretario Pourteau para que el Enargas le diera el visto bueno a los acuerdos y su traslado a tarifas, varios directores del Ente advirtieron que no podían hacerlo sin quedar sujetos a cuestionamientos administrativos y penales, por lo cual se optó por una fórmula de menor intensidad: una nota de aceptación de las políticas energéticas llevadas a cabo por el Ministerio de Energía con las empresas del sector", agregó el interventor denunciante.

A mediados de 2018, Javier Iguacel reemplazó a Aranguren con el área ya degradada a Secretaría. Como la resistencia de las organizaciones de usuarios impidieron que el Gobierno pudiera trasladar a tarifas las megadevaluaciones de aquel año, Iguacel firmó una resolución por la que disponía una compensación millonaria a las productoras de gas, que los usuarios deberían pagar en 24 cuotas. Quien lo denunció en ese momento por tal resolución fue el fiscal Guillermo Marijuan, el mismo que ahora tendrá a cargo ahora la denuncia de Federico Bernal contra Aranguren y el staff del Enargas de 2017 y 2018.