El juez federal Claudio Bonadio dio por terminada la causa judicial sobre el dólar futuro y la convirtió, así, en la primera que lleva a Cristina Fernández de Kirchner a la instancia de juicio oral, donde un tribunal deberá decidir si la absuelve o la condena. Junto con la ex presidenta, fueron implicados otros 14 funcionarios, entre ellos el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, los directores de la entidad y miembros de la Comisión Nacional de Valores. Les adjudican el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública: Bonadio, en base a la imputación del fiscal Eduardo Taiano, sostiene que habilitaron los contratos de dólar futuro a valores inferiores a los de mercado, a sabiendas de que causaría un perjuicio del erario público. Para CFK y su equipo se trató de una medida de política económica destinada a evitar una devaluación, que no puede ser sometida a discusión judicial alguna. 

Hasta Federico Pinedo, uno de los denunciantes de la operatoria, llegó a decir que nunca había pensado en implicar a la ex presidenta en el asunto. Sin embargo, el juez Bonadio le apuntó desde el comienzo y tramitó la causa a alta velocidad, aunque con más celeridad todavía desestimó (en diciembre último) la denuncia contra los compradores que se beneficiarían con la compra de dólar futuro, entre quienes figuran integrantes del gobierno de Cambiemos como ellos el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el jefe de asesores de Presidencia José Torello, el secretario de coordinación Gustavo Lopetegui, el coordinador del gabinete económico Mario Quintana y hasta el empresario amigo del Presidente, Nicolás Caputo. 

En las operaciones llamadas de dólar futuro se establece un precio para una determinada fecha de vencimiento. Si ese día la cotización es superior, el comprador tendrá una diferencia a su favor, si es más baja la diferencia es para el Estado. Estos contratos del Banco Central se usan desde hace tiempo en escenarios de incertidumbre con el dólar. Opera como política monetaria, cuando se pelea contra mercados especulativos y se busca contener una devaluación. El gobierno de Mauricio Macri devaluó, de modo que cuando llegó el momento de los vencimientos de contratos de futuros, eso generó pérdidas. El juez Bonadio acusó al gobierno anterior de haber actuado a sabiendas de que eso ocurriría. A su vez, cuando el actual titular del BCRA, Federico Sturzenegger, consultó si avanzaba con los pagos de vencimientos, Bonadio contestó que sí. Por esto ambos fueron denunciados por CFK, y son investigados por el juez Sergio Torres, a paso más lento. 

La resolución de Bonadio, cita la imputación del fiscal Taiano que decía que “entre septiembre y noviembre de 2015, el BCRA negoció en el Mercado a Término de Rosario (Rofex) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) contratos de dólar futuro a valores inferiores del precio de mercado, transgrediendo lo establecido en su Carta Orgánica” de la entidad.  Según el texto el Central fue ampliando el límite para actuar en los mercados de dólar futuro hasta 17.000 millones de dólares. “Sufrió pérdidas por un monto de 77.325.739.338,60 pesos” por los contratos “liquidados al 29 de febrero de 2016)”. Según Taiano “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado”. El fiscal acusa a CFK y Kicillof de haber impartido instrucciones a, además de Vanoli, los directores del BCRA, Miguel Pesce, Flavia Marrodán, Bárbara Emilia Donato Conti,  Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Biscay y Sebastián Aguilera. A ellos añade la “anuencia” de la Comisión de Valores, Cristian Girard, Guillermo Paván y David Jacoby. 

En el expediente no hay ninguna ni evidencia que muestre que algún funcionario del gobierno anterior se haya visto beneficiado económicamente por la venta de futuros. Tampoco se hicieron pericias pedidas por algunas las defensas para la determinación de la existencia de un perjuicio, que sostienen inexistente. Lo que el juzgado utilizó como fuente informativa fue un informe del Central con una cuenta que mide cuánto se pagó por contrato liquidado. 

Algunos de los imputados, como la propia ex presidenta y Kicillof, han insistido en ir a juicio oral porque ven allí un escenario donde podría ser factible mostrar que se trata de una causa política que judicializó una medida económica. Un tribunal oral podría cambiar el criterio que utilizó el juez de primera instancia, o no. Es improbable que, entre recursos que quedan sin resolver y los trámites propios de la etapa oral, haya un juicio antes de 2018. Mientras tanto, Bonadio continúa con su contribución a la maquinaria político-judicial-mediática con otros expedientes contra el gobierno anterior.