A quien le quepa el cupo...

Empezó el debate sobre los proyectos para una ley nacional de cupo laboral trans. Al igual que la ley sancionada en la provincia de Buenos Aires que lleva el nombre de su mayor impulsora, Diana Sacayán, estos proyectos proponen que un porcentaje mínimo de empleos públicos sea destinado a personas travestis y trans. En esta nota, algunxs de lxs protagonistas de esta lucha emblemática para el movimiento, como Say Sacayán, Alba Rueda, Paula Arraigada, Marcela Tobaldi, Mía Colussi y Karin Tuma, explican por qué una legislación de este estilo saldaría una gran deuda de la democracia. No sólo ayudaría a revertir una historia de violencia y abandono estructural: mejoraría las vidas concretas de sus destinatarixs y también de toda la sociedad.
El cupo trans, reclamo histórico de la comunidad, este año por fin parece posibleEl cupo trans, reclamo histórico de la comunidad, este año por fin parece posibleEl cupo trans, reclamo histórico de la comunidad, este año por fin parece posibleEl cupo trans, reclamo histórico de la comunidad, este año por fin parece posibleEl cupo trans, reclamo histórico de la comunidad, este año por fin parece posible
El cupo trans, reclamo histórico de la comunidad, este año por fin parece posible 
Imagen: Sebastián Freire

“Es imposible no sentir que se te estruja el corazón, cuando durante años anduvimos con nuestro cartelito, ajado, sucio y percudido, tratando de generar un poco de igualdad en las conciencias”, dice la referente LGTBI, asesora parlamentaria y dirigente peronista Paula Arraigada, cuando recuerda el trabajo que ha hecho el activismo de estos últimos años, por momentos casi de modo artesanal, para explicar que una ley de cupo nacional es necesaria porque las travestis se mueren todos los días por causas evitables. Tiene una función reparatoria: compensar el daño que por acción y por omisión el Estado (las fuerzas represivas, la Justicia, el personal de salud, las instituciones educativas) le ha provocado al colectivo. Es por eso que después de la sanción en 2012 de la Ley de Identidad de Género, la cuestión medular para el movimiento empezó a ser la posibilidad de ser vistas como sujetas productoras de fuerza de trabajo.

Trabajo se escribe con V

Desde hace 2 semanas la Comisión de Mujer y Diversidad de la Cámara de Diputados reabrió el debate. Este año hay 12 proyectos con estado parlamentario. Fueron presentados por la presidenta de las comisiones de Mujer, Mónica Macha (Frente de Todos), y de Legislación del Trabajo Vanesa Siley; la secretaria parlamentaria del bloque, Cristina Álvarez, la diputada Gabriela Estévez, el diputado Leonardo Grosso, la radical Brenda Austin, y la diputada Romina Pla, entre otrxs. El denominador común es la propuesta de que una porción no menor del 0,5 al 1,5 por ciento en la administración pública pueda ser ocupada por la población trans. Las diferencias entre los proyectos giran en torno a qué hacer con el sector privado: la mayoría no establece un piso obligatorio para las empresas sino incentivos impositivos a quien contrate empleadxs trans. Otra cuestión a discutir es cómo adaptar los requisitos (los títulos requeridos, por ejemplo) a la realidad de un sector que ha sido sistemáticamente expulsado de la educación formal.

Sacayán, símbolo de la lucha por el cupo

Mucho antes de que se pudiera siquiera fantasear con la sanción del Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, Diana Sacayán hablaba de la necesidad de un cupo trans para que “las compañeras tengan por fin un trabajo digno y una vida de día”. Fueron años de golpear puertas con el cartel que decía “Yo apoyo la ley de cupo trans”, con el que hacía fotografiarse a políticos, artistas y a todo el que podía. El proyecto en la legislatura provincial una y otra vez se caía pero, Diana volvía a la carga. Mientras tanto promovía programas de formación e inserción laboral junto con el Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social. “Diana tenía ese objetivo muy claro. Algunas de las iniciativas funcionaron otras no. Se financiaron emprendimientos, pero la mayoría, allá por 2011, no prosperaron. Pero en estos diez años la mirada política sobre estos temas cambió”, recuerda su hermano Say Sacayán, al frente del M.A.L. “Hoy Diana estaría feliz porque hay otra predisposición por parte de lxs funcionarixs. Y hay por ejemplo una militante trans, Alba Rueda, que es funcionaria de alto rango. Hoy esta ley parece posible”.

Una deuda de la democracia

Los debates acerca del cupo trans contribuyen a repensar también lo que significan la ciudadanía y la democracia. Desde los sectores más reaccionarios -ya se ha visto en las discusiones con respeto a la ley Diana Sacayán en la provincia de Buenos Aires- se preguntarán si ellas tienen coronita, confundiendo derechos con privilegios. “Lo curioso es que, si alguien ha tenido privilegios en este país, no hemos sido precisamente nosotras” , solía responder Lohana Berkins sobre este punto. 

Era justamente Lohana quien decía, parafraseando a Michelle Bachelet, que cuando una travesti accede al Estado, su vida se modifica, pero cuando muchas lo logran, cambia la vida de todo el mundo. También lo piensa Say Sacayán: “Se dice mucho sobre cómo se mejoría la vida del colectivo, pero mejoraríamos también al Estado en sí. Si muchas travestis se incorporaran a trabajar, el Estado podría ampliar su mirada en muchos sentidos”. Algo así como una perspectiva de género y de clase desde adentro. Una presencia en mesa de entrada que interpela. “Y daría además un ejemplo a los privados”. Ya lo dijo Alba Rueda , subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, en la segunda reunión informativa virtual: "¿Cómo serán los espacios laborales si las personas travestis y trans siguen sin ingresar en ellos? Tenemos mucho que aportar para el cambio cultural, partiendo de nuestra gran capacidad de supervivencia. Hemos sobrevivido a la calle, a la policía, lo hemos hecho para expresar quiénes somos, para, como lo ha dicho Pedro Lemebel, hablar por nuestra diferencia".

¿Discriminación positiva?

El “cupo”, desde la cosmovisión liberal, es una palabra planera. Los sectores conservadores se relamen cada vez que se llama a debatir los pros y los contras de la llamada discriminación positiva, es decir, las políticas sociales que implican un trato preferencial en el acceso a ciertos recursos y protecciones para mejorar la vida de grupos que han sufrido históricamente discriminación. En los argumentos de estos proyectos de ley la discriminación positiva es sustituida por la idea de acción afirmativa. Así lo explica Karin Tuma, de la organización cordobesa Devenir Diverse: “Cuando decimos ‘acción afirmativa’ en este contexto nos referimos a su aspecto reparatorio, es decir, a proponer políticas públicas para invertir una desigualdad histórica y lograr el acceso a derechos que no podría logarse de otro modo. Pero estamos hablando de una ley transitoria porque esperamos que en un futuro no sea necesaria”. Agrega Say Sacayán: “No es que el Estado estaría privilegiando a un sector. Es al revés. El Estado se haría cargo de los años de abandono. No dejemos de remarcar que para muchas personas sería la oportunidad de incorporarse a la ciudadanía ¡recién después de los 40 años!”

¿Cupo o inclusión?

Los debates de Comisión reflejaron una diferencia entre el proyecto de Ley de Cupo Trans, que se llama Diana Sacayán, y el de la Ley de inclusión laboral formal trans y travesti, llamado Lohana Berkins. Este último además del cupo en la esfera del empleo público apunta a una serie de medidas integrales para capacitar y promover la contratación de personas trans en el ámbito privado. “Si bien en los proyectos hay diferencias. Y si bien nosotras desde el movimiento Nadia Echazú venimos de una tradición más vinculada con el cupo, vamos a acompañar el proyecto que logre consenso. El año pasado el proyecto se cayó por las enemistades entre agrupaciones. Esas enemistades llevan más de 20 años y de dan entre activistas cis, gays y lesbianas, que son quienes están al frente de las organizaciones. Es como quedar en el medio de una pelea que no es propia. Estamos grandes para que nos tutelen. Hoy hay que tener una actitud de madurez porque, al fin y al cabo, más allá de las denominaciones y algunas variantes, todos los proyectos coinciden en lo mismo: queremos mejorar la vida de las compañeras. Es momento de levantar una bandera unificada”, dice Paula Arraigada.

La estrategia, para Say Sacayán, tiene que ser pensar un proyecto con posibilidades, con un balance entre las demandas y las chances reales de ser aprobado. “Vemos una apertura por parte de los partidos políticos a hablar de esto, así que no podemos perder la oportunidad de llegar a un dictamen y luego conseguir una ley. Debería ser rápido y concreto. La vida de gran parte de las compañeras depende de esa velocidad, todavía más en el contexto de pandemia. Hablamos de cupo y no de otra palabra porque hemos pensado mucho en el tema, Diana lo ha pensado, y el cupo es el método eficaz para mejorar la vida de las personas aquí y ahora. Por supuesto que no todo se agota con esta ley, pero es un gran punto de partida”.

Reparación: asunto de Estado

“Cuando fuimos a la Justicia a reclamar que el asesinato de Diana fuera entendido como lo que fue, un travesticidio , porque fue un crimen contra la identidad de Diana y producto de la violencia institucional que existe históricamente sobre el colectivo, estábamos hablando del abandono del Estado. Ese abandono incluye también a las compañeras que mueren por enfermedades evitables adquiridas en situación de prostitución. No sólo estamos hablando de la responsabilidad que le cabe al Estado en los casos de muertes violentas sino en los casos de aquellas que mueren porque se les ha negado el derecho al trabajo”, le dijo Say Sacayán a este suplemento.

Detrás del cupo viene otra ley muy emparentada, asegura Marcela Tobaldi de La Rosa Naranja, la de reparación histórica. “Un juez de la Ciudad lo dijo en un fallo: una travesti se presentó para contarle cómo había pasado toda su vida en el calabozo, detenida por ser quien era, que nunca le dieron trabajo, ni acceso a la salud, ni a una vivienda. Le contó que había llegado milagrosamente a vieja, pero sin ninguna posibilidad de sostenerse. Entonces, el juez Triunfeti, del fuero de la ciudad de Buenos Aires, le ordenó al Gobierno que esta mujer debía recibir todos los meses una reparación como una pensión mínima, escasa, por cierto. Es necesario que, de una vez por todas, como lo ha sabido ver este juez, el Congreso legisle a favor de nuestra población que ha vivido toda la vida, y continúa, esperando la muerte”.

Entre la ley y el hecho…

En algunos puntos del país donde las leyes de cupo trans –a nivel municipal y provincial- han sido sancionadas, no sólo la reglamentación ha tardado años en llegar, sino que una vez reglamentadas tampoco se cumplen. La provincia de Buenos Aires es un ejemplo clave : la ley Diana Sacayán, que contempla que el 1 por ciento de los puestos del Estado se destinen a esa población, fue aprobada en 2015, reglamentada recién en 2019, y, a la fecha, su cumplimiento sigue en suspenso. ¿Cómo se deben leer esas demoras? “Son leyes que implican la incorporación de sectores históricamente excluidos. Esa implementación remite a la incorporación de personas travestis y trans en la estructura del Estado, los tres poderes. Necesitamos la transformación de todas esas estructuras, que puedan tener otra apertura, repensar sus prácticas y encontrase con que la inclusión no es sólo una definición relacionada con la voluntad política. Implica que haya voluntad en todas las personas que son parte de la estructura del Estado a todo nivel. Y que cada una de esas personas se pregunte de qué modos ha ejercido la crueldad tal vez sin pensarlo, y eso lleva mucho tiempo”, analiza la legisladora Mónica Macha.

“Mientras no exista voluntad política en los lugares donde no tenemos representantes esto va a seguir así. Los cupos deben ir de la mano de un ingreso de las travestis a lugares de toma de decisión. Cuando digo que quiero ser funcionaria pública es justamente por eso: necesitamos representación no sólo en la calle sino dentro de los espacios de gobierno. No alcanza con militar una ley. Necesitamos ocupar lugares. Que no hablen por nosotras, queremos ser protagonistas”, apunta desde Chaco Mía Colussi, vicepresidenta de la Fundación Travesti Trans.

"¿Cuántos títulos se necesitan para ser telefonista?"

Otra de las discusiones que se dieron durante las reuniones informativas rondó acerca de la idoneidad para el cargo en cuestión que se les exige a lxs candidatxs. En ese sentido Paula Arraigada explica que la idea de idoneidad le otorga al contratante una buena excusa para no tomar a ninguna candidata. “No vamos aspirar a juezas cuando no llegamos a abogadas. Si es para un puesto de limpiar un baño, ¿cuánta idoneidad te pueden pedir? ¿cuántos títulos se necesitan para ser telefonista? Si casi no hay travestis mayores de 40 años que hayan terminado la escuela, no es porque no hayamos querido levantarnos temprano. Es el sistema educativo nos ha expulsado. Así que es el Estado el que debería empezar a reparar lo que el Estado nos quitó. Entonces, si una quiere ser secretaria, empezará siendo cadeta e irá incorporando los conocimientos, como hace todo el mundo”. Sigue Arraigada: “Hay una fantasía de que tal vez nos vamos a negar a seguir estudiando, pero la verdad es que cuando tenés un mínimo estándar de vida, empezás a soñarte mejor. Muchas de las que tienen mi edad tienen una voracidad enorme por aprender. Es tan hermoso lo que hoy pasa para quienes vivimos otra época que cuesta irte a acostar porque no te querés perder de nada: de pronto los medios se interesan por nuestra vida, aparecen aliados, hasta el Presidente habla de nosotras. ¿Cómo no vamos a querer estudiar si una también piensa en cómo colaborar para que nuestras vidas mejoren y este país sea más justo?”.

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