Por primera vez en muchos años, el acto principal por la Masacre de Palomitas no se realizará en el mismo lugar de la matanza, en el paraje Las Pichanas, de la localidad de Palomitas, al costado de la ruta nacional 34. Acorde a los nuevos tiempos, de restricciones de circulación por la pandemia y de nuevas tecnologías, el acto principal se hará a las 17, de manera virtual.

En ese acto se exhibirá primero un video en el que se recordará a las víctimas, en algunos casos con voces de algunos familiares, luego se dará la palabra a los familiares que deseen hablar, se leerán adhesiones y, al final, un documento consensuado por los integrantes de la Mesa de Derechos Humanos de la provincia. Como suele ocurrir cada año en esta fecha, los organismos de DDHH sentarán posición sobre la situación actual del país y la provincia.

“El acto fue pensado para poder reencontrarnos con todos estos compañeros que hoy están lejos, y también con familiares” que siempre viajaban desde otros lugares para participar del acto principal, pero que este año en las actuales circunstancias no pueden hacerlo, explicó Canela Alvarez, de HIJOS Salta. 

Se trata, dijo, de “poder acercarnos un poco con los organizadores históricos y todos los que se vienen sumando a estos actos”. “Es como abrazarnos a la distancia, esta pandemia nos separó mucho”, y hay “compañeros que están muy dolidos porque el acto no se hace, porque siempre había luego un momento de compartir, de estar”, sostuvo.

Este es el link para unirse a la reunión: 

https://us04web.zoom.us/j/76409823809?pwd=ZmNBZ3RiTjVyck9UQnRrVEwrbm11UT09

El ID de reunión es: 764 0982 3809, con la contraseña: memoria

La reunión podrá seguirse también por el perfil de Facebook de HIJOS Salta.

Por la mañana, a las 11, las mismas organizaciones que integran la Mesa harán un breve acto simbólico en el mural que recuerda a las víctimas, en el Parque San Martín.

Por otro lado, como ocurre desde ya hace unos años, habrá otro acto presencial por la tarde, organizado por la Red de Defensa de los Derechos Humanos y algunos partidos políticos de izquierda. Será a partir de las 15, y marcharán desde el monolito, también en el Parque San Martín, sobre la avenida Yrigoyen, hasta la plaza "Héroes de Palomitas", ubicada en Yrigoyen y Uriburu.

Por el número de víctimas y por sus características, la Masacre de Palomitas es uno de los puntos destacados del muestrario de horror llevado a la práctica por los militares y civiles que el 24 de marzo de 1976 asaltaron el poder constitucional.

Este hecho sigue investigándose en la Justicia Federal de Salta. Las once personas asesinadas la noche del 6 de julio de 1976 por miembros del Ejército con apoyo de la Policía de Salta, estaban detenidas en la cárcel de Villa Las Rosas, de donde fueron sacadas con la excusa de que iban a ser trasladados a una cárcel de mayor seguridad.

Ya se determinó que en la provincia la orden de ejecución fue dada por el entonces coronel Carlos Alberto Mulhall, que era jefe del Ejército en Salta. El director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez, recibió la orden de entregar los presos políticos a una comitiva del Ejército.

El capitán Hugo Espeche llevó la orden escrita, con la lista de quienes iban a ser asesinados. La salida de los detenidos no se registró en los libros del penal, para sacarlos la cárcel fue puesta a oscuras.

Ya en la salida de la ciudad un grupo de policías encabezados por el jefe, el coronel Miguel Raúl Gentil, y el subjefe, el mayor Juan Carlos Grande, se sumó al operativo.

El fusilamiento se ejecutó exactamente en el paraje Las Pichanas, cerca de la estación de peaje Cabeza de Buey, sobre la ruta nacional 34.

Ahí fueron asesinados Celia Raquel Leonard de Ávila, Leonardo Benjamín Ávila, Georgina Droz, Evangelina Botta, María del Carmen “Chicha” Alonso, María Amarú Luque de Usinger, Rodolfo Usinger, Roberto Oglietti, José Víctor Povolo, Roberto Savransky y Pablo Eliseo Outes.

Tras el crimen, el Ejército emitió un comunicado en el que afirmaba que hubo un “enfrentamiento” en el que fueron “muertos Alberto Simón Savranky, Leonardo Benjamín Ávila y Raquel Celia Leonard de Ávila, lográndose fugar José Víctor Povolo, María del Carmen Alonso de Fernández, Pablo Eliseo Outes, Evangelina Botta de Linares o Nicolay, Rodolfo Pedro Usinger, Georgina Graciela Droz, Roberto Luis Oglietti y María Amarú Luque”.

Los autores secuestraron documentación y pruebas reunidas en la Comisaría de General Güemes, en cuya jurisdicción se cometió la matanza. Un inexistente médico Quintín Orué firmó los certificados de defunción.

Los cuerpos fueron dispersados. En Pampa Vieja, Jujuy, se armó otro simulacro de enfrentamiento. Los restos de María Amarú y Rodolfo fueron encontrados en el cementerio de Yala. En el paraje Ticucho, Tucumán, se fraguó otro enfrentamiento y allí dejaron los cuerpos de Pablo Outes, Povolo y Chicha Alonso.

Los restos de esta última y los de Celia Leonard y Leonardo Avila fueron entregados a cajón cerrado y el teniente Ricardo Benjamín Isidro de la Vega prohibió a los familiares toda manifestación de aflicción.

Quiénes eran

Celia Leonard tenía 34 años y era maestra, Benjamín, su marido, tenía 39 años; juntos habían dado a luz a cuatro hijos, la más chiquita, aún bebita, estaba con su madre en la cárcel y quedó en manos de otra detenida, Norma Toro. La hermana de Celia, Nora Leonard, también estaba detenida y pudo ver a muchos militares con armas largas y el momento en que esposaban a Celia y a Evangelina Botta.

Georgina Droz tenía 35 años, era santafesina, había obtenido el título de licenciada en Ciencias de la Educación, enseñaba en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), de donde fue dejada cesante en diciembre de 1974, tras la intervención al gobierno de Miguel Ragone y la primera intervención de aquellos años a la Universidad; por lo que se aprecia en las publicaciones de los diarios de la época, los represores le adjudicaban toda clase de males, y una gran influencia sobre el estudiantado.

También era santafesina Evangelina Botta, tenía 30 años y era psicóloga, militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Chicha Alonso, era salteña, arquitecta, sobrina del ex gobernador Ragone, estaba vinculada al ERP y había integrado el gabinete del intendente de la ciudad de Salta, Gerardo Bavio. Tenía un hijo y una hija, Elia Fernández, que hoy milita en HIJOS.

María Luque, tenía 26 años, era santafesina, recibida de psicóloga. En el penal se había casado con Rodolfo Usinger, ingeniero rosarino de 27, militante de Montoneros.

Roberto Oglietti, de 21 años, estudiaba Ciencias Naturales en la UNSa, se había inscripto en la carrera de Historia y era simpatizante del ERP. 

José Povolo se dedicaba al comercio, tenía 29 años. 

Roberto Savransky era un médico tucumano, militante de Montoneros y estaba detenido desde febrero de 1975, tenía 32 años y dos hijos.

Con 49 años, el mayor de todos era Pablo Outes. Tenía tres hijos. Había sido legislador provincial. Tras un exilio en Venezuela, se entregó en noviembre de 1975. En un intento por lograr que se le garantizara seguridad, se había presentado acompañado por el entonces juez federal Ricardo Lona, hoy investigado por su complicidad en estos hechos y otros delitos de lesa humanidad.